Lo que no se imaginaba el senador, en un país acostumbrado a la inefectividad de la justicia, es que el alto tribunal cumpliría su mandato. (Álvaro Uribe es el funcionario aforado con más denuncias ante la Comisión de Acusaciones: 276 según datos públicos).
La justicia es para los de ruana. Un dicho popular que tiene plena cabida cuando se trata de analizar el diseño del sistema de investigación de los altos mandatarios en nuestro país. El fuero presidencial establecido en nuestra Constitución, por ejemplo, permite que los presidentes, en caso de ser acusados de algún delito en el ejercicio de su cargo, no sean investigados por la Fiscalía como el resto de mortales. En su lugar, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es quien se encarga de determinar si existe mérito alguno, y solo en ese caso podría formular una acusación formal ante el Senado.
Decimos “podría” porque en sus cuatro décadas de funcionamiento, la Comisión –‘de absoluciones’, como preferimos llamarla– no ha tenido un solo fallo de fondo contra expresidentes ni contra exfiscales, según una investigación de la Corporación Excelencia por la Justicia. El caso de exmagistrados es el único que salva el historial de ineficacia con el reciente llamamiento a juicio por indignidad para ejercer el cargo en contra del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Este esquema de inmunidad, o más bien de impunidad, también se reitera en el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El expresidente Álvaro Uribe Vélez es el funcionario aforado con más denuncias ante la Comisión de Acusaciones, 276 según datos públicos, y sus investigaciones no registran mayor avance. Por eso la decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia de citarlo a indagatoria por soborno y manipulación de testigos, presuntamente cometidos durante su ejercicio como congresista, llama la atención de forma especial. La razón: pese a que estas conductas no están cobijadas por el fuero presidencial, sí lo están por el fuero parlamentario.
Los orígenes de esta actuación se remontan a la denuncia que interpuso el expresidente contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos pero, como dicen popularmente, le salió el tiro por la culata. La Corte Suprema no solo estableció la falta de mérito para investigar a Cepeda, sino que en un fallo de principios de este año ordenó investigar a Uribe. Lo que no se imaginaba el senador, en un país acostumbrado a la inacción de la justicia, es que la Corte Suprema de Justicia cumpliría su mandato.
Su hábil jugada, o al menos así la concibió, fue buscar nuevos testigos para fortalecer su defensa, lo que desencadenó una segunda investigación de la Corte por la cual ha sido llamado a rendir indagatoria junto con el senador Álvaro Hernán Prada. Ahora, su renuncia por “sentirse impedido para ser senador mientras se defiende” no debería ser un impedimento para que la Corte Suprema continúe con la investigación. Por el contrario, es el momento para que se transmita el mensaje de que cualquier ciudadano, por muy poderoso o popular que sea, debe rendir cuentas si ha cometido un delito, más aún si esas conductas tuvieron como fin obstaculizar la acción de la justicia.
De acuerdo con la regla, si los delitos tuvieron que ver con la función parlamentaria, la Corte debe mantener su competencia y en nuestro concepto esta regla se cumple: en su función de senador y valiéndose de su círculo y el poder que le genera tal posición, el expresidente Uribe presentó una falsa denuncia contra uno de sus contradictores políticos en el Congreso, seguramente con la intención de minar su credibilidad moral y sustraerle del juego político.
Para nadie es un secreto que la Corte cuenta con elementos probatorios suficientes sobre la manipulación de testigos y esto es lo que hace creer que esta vez, por fin, se va a poder avanzar en una investigación contra un supuesto “intocable”. Buena parte del país ha reaccionado en respaldo al tribunal supremo, que a nuestro parecer cuenta con una oportunidad única para recobrar la confianza de la sociedad en el sistema de justicia colombiano.
Por su parte, el expresidente y senador ha reconocido la competencia de la Corte. Ahora solo falta esperar que no sea solo de palabra ni únicamente ante los medios, las redes sociales y sus seguidores. No es buen síntoma que aún se desconozca con claridad el estado actual de su renuncia, ya que hace pensar que se trata de una nueva maniobra para trasladar su caso de los tribunales a los micrófonos.
Esperamos que la Corte pueda avanzar hasta esclarecer no solo las conductas que se investigan sino los casos relacionados, como las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle o el origen y la conformación de estructuras paramilitares en Antioquia. Verdades que hacen parte de la historia del conflicto armado y la violencia sociopolítica que hemos vivido y que requiere toda sociedad para transitar de la violencia hacia la paz y del autoritarismo hacia la democracia real.
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