Lo triste del caso es que la discusión en torno a este proyecto de ley no ha girado en torno a criterios técnicos, académicos y arqueológicos para el estudio y aprovechamiento del patrimonio cultural subacuático. Por el contrario, desde el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), este patrimonio cultural ha sido tratado como un vagón más de la locomotora minera, que parece querer arrasar con nuestra historia como nación y la historia de muchos otros que quedaron sepultados en esas embarcaciones.
La controversia sobre el proyecto de ley
Mediante el proyecto de ley 185/12, el Gobierno colombiano a través de l Ministerio de Cultura, abre la posibilidad para que multinacionales caza-tesoros contraten con el Estado para rescatar los contenidos de embarcaciones hundidas en aguas territoriales entre los siglos XVI y XIX. Desde su radicación en octubre de 2011, académicos y expertos han sentado su voz de protesta (ver documento).
La discusión se ha centrado en dos puntos fundamentales: en primer lugar, la exclusión de la categoría de patrimonio cultural de bienes arqueológicos que hacen parte de estos hundimientos, como monedas, lingotes y piedras preciosas, según el proyecto porque tuvieron valor de cambio y fiscal, y además podrían encontrarse “repetidos”. En otras palabras, en adelante, el Estado colombiano redefine completamente la noción de patrimonio arqueológico contra las disposiciones nacionales y tratados internacionales a los que ha adherido el país en diferentes épocas.
El segundo punto de debate es que el proyecto contempla pagar al rescatista con aquellos elementos del patrimonio arqueológico que la ley excluye de dicha categoría (de nuevo, monedas, lingotes, piedras preciosas, cargas industriales, etc.)
Podría pensarse que, de aprobarse la ley, sus alcances en relación con los puntos más controversiales (criterio de repetición, pago del 50% con patrimonio cultural al rescatista, etc.) serán, en últimas, precisados por la Corte Constitucional, ante la segura demanda de la norma. No obstante, este mecanismo puede resultar inútil teniendo en cuenta que a partir de la promulgación de la ley, el Gobierno puede firmar estos contratos con empresas caza tesoros que operan en el país desde hace años. Y dichos contratos no podrán ser fácilmente deshechos bajo consideraciones de seguridad jurídica a la inversión de capitales.
El argumento principal de la Ministra de Cultura Mariana Garcés y de los actuales directivos del ICANH para seguir adelante con la iniciativa, es que ésta pretende legislar integralmente sobre el patrimonio sumergido. Sin embargo, el proyecto de ley parece más bien atender a unos cuantos inversionistas que se atribuyen el denuncio de algunos naufragios conocidos por su potencial contenido de “tesoros”.
La Operación “Mystery Galleon”
Existe al menos un caso en el que empresarios disfrazados de investigadores y expertos en arqueología subacuática han hecho lobby a muy alto nivel, tanto en el gobierno nacional como en el congreso. Y lo hacen bajo la más estricta confidencialidad. En las diferentes audiencias públicas y reuniones para hablar sobre el proyecto de ley, nunca se ha mencionado, por ejemplo, la Operación “Mystery Galleon”, a cargo del señor Burt D. Webber, representante de la empresa caza tesoros Seaquest International, LLC, con sede en Santo Domingo, República Dominicana.
La Operación “Mystery Galleon”, de la cual tiene conocimiento el gobierno desde comienzos de 2011, se plantea como una “aplicación para un contrato exclusivo de exploración y salvamento”, con el “objetivo de recuperar y regresar materiales al patrimonio cultural del Estado colombiano: en el cual recibimos en compensación una porción designada del patrimonio material no cultural” (ver documento). A cambio de su operación de rescate, el empresario recibirá “una porción (50% según el proyecto de ley 185/12) del patrimonio material no cultural”.
A pesar de que funcionarios del ICANH advirtieron sobre la inconveniencia científica, técnica y legal de dicha operación, el gobierno prometió la promulgación de una ley que de vía libre a iniciativas de este tipo. La encargada del tema es Sandra Bessudo Lion, en su momento Alta Consejera Presidencial para temas como la biodiversidad, el agua, la gestión ambiental y el cambio climático.
Pareciera que el concepto técnico del ICANH no es tenido en cuenta, mientras que el de los caza tesoros sí; considerando que sus demandas primordiales están contenidas en el texto que está a punto de aprobarse en el Senado de la República: régimen de exclusiones para ciertos elementos que hacen parte del patrimonio nacional, como las monedas y lingotes, y pago al rescatista con el 50% de lo extraído. Según reveló La Silla Vacía, el reciente relevo de los directivos del ICANH tendría también que ver con los intereses del gobierno en la aprobación de la ley.
Mientras académicos colombianos y expertos internacionales han denunciado las nefastas consecuencias de este proyecto de ley, que abre un boquete enorme al régimen de protección del patrimonio cultural y arqueológico colombiano, el señor Webber y sus socios han creado una empresa sobre la expectativa de la Operación “Mystery Galleon”. Galleon Ventures LLC es una empresa de salvamento y rescate de tesoros con sede en Santa Mónica, California, cuyo financiador principal es el exciclista y empresario, Sean P. Tucker. Como lo describe su perfil, el señor Tucker es un exitoso empresario que ha tenido como clientes a reconocidas empresas multinacionales.
El único proyecto activo de la empresa Galleon Ventures es en Suramérica y fue bautizado como Operación “Mystery Galleon”. El objetivo de este proyecto es la localización, salvamento y conservación de artefactos y tesoros recuperados de un galeón español hundido en el siglo XVII en un país América del Sur. La descripción del proyecto, es idéntica a la descripción de la empresa Galleon Ventures que aparece en la prestigiosa revista de negocios Bloomberg Businessweek. Y el misterioso galeón al que se hace referencia no es otro que el Galeón San Roque, hundido un día cualquiera de noviembre de 1605 en inmediaciones del islote Serranilla, archipiélago de San Andrés y Providencia, con una carga de más de 80 toneladas de oro y 500 de plata (Ver historia en El Espectador).
Dependemos de la sensatez del gobierno y del congreso nacional para frenar este proyecto de ley que, como ha titulado la prensa internacional, pondría al país en la lista de naciones que se alían con caza tesoros.
Nota de la Editora: después de publicada esta historia, La Silla Vacía conoció un documento oficial del Ministerio de Cultura, fechado el 7 de octubre de 2011, en el que con base en el concepto negativo del Icahn, rechaza las pretensiones del Sr. Webber. Esto aclara entonces la situación planteada por José Luis Socarrás en este artículo, quien al momento de escribirlo no conocía de la existencia de esta carta.
