El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, CCAJAR frente a la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de sancionar con destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por 15 años al Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro Urrego, manifiesta que:
1. La facultad discrecional de sanción disciplinaria del Procurador sobre autoridades políticas electas popularmente, que se pretende amparada en la Constitución y la ley, es contraria a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a elegir libremente a gobernantes y legisladores.
2. La sanción disciplinaria es arbitraria, por cuanto pretextando un hecho de gobierno calificado como irregular, se afectan los derechos políticos del alcalde, así como de la ciudadanía que lo eligió.
3. La decisión del Procurador afecta los fines esenciales de la democracia, porque se impone sobre la voluntad popular y limita las opciones políticas en la gestión de gobierno por las cuales votó mayoritariamente la ciudadanía de Bogotá.
4. El Procurador, en otras ocasiones, ha sobrepuesto sus convicciones religiosas y su ideología política a sus deberes de defensa de los derechos humanos y del interés público. Este hecho podría calificarse como persecución y hostigamiento por razones políticas, y en tal caso, ser objeto de investigación y sanción penal.
5. El Procurador ha actuado con parcialidad, en esta y otras decisiones, lo que constituye un trato discriminatorio que violenta derechos individuales y colectivos.
6. La decisión no contribuye a la construcción de la paz por la desestabilización democrática que genera y por la represalia histórica contra un dirigente que optó por la reincorporación a la vida civil y quien se ha destacado por el ejercicio alternativo del poder contra las mafias, la corrupción y a favor de las causas populares.
Como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la afectación a derechos políticos sólo puede restringirse o limitarse por una autoridad judicial, con las garantías del debido proceso, condición que no cumple la acción disciplinaria del Procurador, esta situación ha motivado una denuncia que se encuentra bajo conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por responsabilidad estatal en violación del debido proceso y derechos políticos del Alcalde mayor y sus electores.
El CAJAR llama por tanto:
1. Al Procurador General a presentar su renuncia por el ejercicio arbitrario del poder que ha caracterizado su administración, al haber politizado e ideologizado su gestión.
2. A la Corte Suprema de Justicia, a investigar y sancionar disciplinariamente las irregularidades en que ha incurrido el Procurador General de la Nación.
3. Al Fiscal General de la Nación, a iniciar investigación penal sobre los hechos que podrían constituir abuso de autoridad, prevaricato, hostigamiento por razones políticas y otros posibles hechos constitutivos de delitos que se desprendan de la gestión arbitraria del Procurador.
4. A los órganos internacionales de protección de derechos humanos a mantenerse vigilantes ante la vulneración de los derechos políticos del Alcalde Mayor de Bogotá y de la ciudadanía que lo eligió.
5. A la sociedad colombiana, a continuar movilizándose en defensa de la democracia, de sus derechos políticos, de la paz y en contra de toda forma de arbitrariedad que restrinja sus derechos fundamentales.
Bogotá DC, 10 de diciembre de 2013
