Por su parte el vigoroso movimiento social colombiano expresa sus anhelos de paz en movilizaciones y en los pocos escenarios de participación abiertos para la sociedad civil. Encabezado por el movimiento campesino, indígena, estudiantil, sindical y popular, se apresta a “ganar en las calles no lo que se acuerde en La Habana”, avisando del agudizamiento del conflicto social como respuesta a la pobreza, a la exclusión, al trabajo basura, en un país que crece a tasas superiores al 4,5% pero sigue siendo uno de los más desiguales del mundo.

 

El gobierno colombiano con el permiso de los Estados Unidos volvió a reconocer que hay un grave conflicto armado interno y que la salida es la negociación política con las guerrillas.

El conflicto de medio siglo originado en el uso de la violencia por las élites del país para acaparar tierras, dinero y poder político, profundizó la inequidad y la exclusión históricas, y ha servido para despoblar territorios en beneficio de los agro negocios y de los enormes proyectos de inversión minera y energética de las multinacionales yanquis y europeas.

Parece que por fin se cerrará este ciclo de violencia atroz agudizado por el Plan Colombia. La guerra ya cumplió su cometido. Continuarla afectaría más la imagen exterior de la peculiar democracia colombiana. Sin embargo hay sectores poderosos que se oponen con fiereza a la solución política.

Los viejos latifundistas ociosos que viven de las rentas del suelo y los nuevos narco-terratenientes que rechazan la tímida política de restitución de las tierras usurpadas a seis millones de campesinos e indígenas convertidos en desplazados internos. También se opone a los diálogos la extrema derecha del expresidente Alvaro Uribe y sectores del ejército nacional, que exigen impunidad para sus crímenes de lesa humanidad y sabotean a diario el proceso de paz atacando a las FARC-EP, fuerza que ordenó hace dos meses a sus tropas el cese unilateral e indefinido del fuego, y que avisan que romperán la tregua si continúan los ataques.

El Presidente Juan Manuel Santos recibió un mandato por la paz en las elecciones del 2014, pero no abre aún negociaciones con el ELN y el EPL, ni ordena a la fuerza pública el cese del fuego y de las hostilidades, lo que sumado al accionar de los grupos paramilitares pone en peligro a la población civil y al mismo proceso, justo cuando se afirma que nunca se había llegado tan lejos en unas conversaciones con la insurgencia.

Por su parte el vigoroso movimiento social colombiano expresa sus anhelos de paz en movilizaciones y en los pocos escenarios de participación abiertos para la sociedad civil. Encabezado por el movimiento campesino, indígena, estudiantil, sindical y popular, se apresta a “ganar en las calles no lo que se acuerde en La Habana”, avisando del agudizamiento del conflicto social como respuesta a la pobreza, a la exclusión, al trabajo basura, en un país que crece a tasas superiores al 4,5% pero sigue siendo uno de los más desiguales del mundo.

Decenas de miles de muertos, desaparecidos, presos políticos, mujeres y niñas violadas, millones de personas desplazadas, refugiadas –algunas en la solidaria Asturias- y la impunidad estructural, dejan mal parado al incipiente estado de derecho, y convierten a la bella Colombia en uno de los países con peor panorama en derechos humanos.

Cansada de esa situación Colombia quiere la paz, pero tiene claro que sin equidad, sin justicia social cualquier paz en esas tierras rebeldes resulta endeble.

El escenario de paz y de reducción de los enormes gastos en defensa y el consiguiente incremento de la inversión social, permiten abrigar esperanzas de un futuro mejor para un pueblo organizado que se merece “una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Javier Orozco Peñaranda, Colectivo de Colombianos refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina”