El pasado 6 de diciembre de 2019, la Fiscal Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga resolvió dos recursos de apelación interpuestos contra resoluciones proferidas por el Fiscal 34 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bucaramanga en el marco de la masacre del 16 de mayo de 1998 ocurrida en Barrancabermeja por miembros de las Autodefensas Unidas de Santander y César –AUSAC- en alianza con autoridades de la fuerza pública. Foto: Vanguardia

La Fiscal Quinta Delegada dejó claro en su providencia que José Eduardo González hizo parte activa dentro del concierto criminal que tuvo como excusa “exterminar la actividad guerrillera en Barrancabermeja”, en tanto, facilitó los acercamientos entre los autores materiales de la masacre y las autoridades de la fuerza pública que, según sus deberes constitucionales y legales, debían de brindar protección y garantías a la población civil de Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998.

Esta decisión resuelve un recurso del 31 de mayo de 2016 en la que se profirió resolución de acusación en contra del ex capitán del Ejército, José Eduardo González -quien para la época de la masacre se desempeñaba como subdirector de seguridad de Ecopetrol- por el delito de homicidio agravado y desaparición forzada. En este caso, la Delegada ante el Tribunal, decidió confirmar la resolución apelada.

Por otra parte, la Fiscal confirmó la resolución proferida en enero de 2018 y se abstuvo de imponer medida de aseguramiento con detención preventiva a José Eddie Álvarez Barreto, pues consideró que no había pruebas suficientes para imponer medida de aseguramiento en su contra.

En su decisión sobre González, la Fiscal Delegada consideró que la defensa quiso desdibujar los relatos de los paramilitares que señalaban la intermediación que hizo el excapitán desde su posición como subdirector de seguridad de la refinería de Ecopetrol con las autoridades de policía, DAS y Ejército para que estas últimas no intervinieran en la incursión paramilitar perpetrada el 16 de mayo de 1998. Ante esto, la Delegada afirmó que los testimonios en cuestión eran verosímiles en relación con el resto de las pruebas y con el hecho de que el paso del tiempo pudo afectar algunos detalles en la memoria de los testigos.

De igual forma, la acusación revalidó lo expuesto en primera instancia en el sentido de que se le acusó en calidad de coautor de los delitos cometidos, porque existió un acuerdo entre los autores materiales y el acusado para que las autoridades no intervinieran ante la masacre.

Cabe recordar que ese 16 de mayo de 1998, paramilitares de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC, en asocio criminal con integrantes del Ejército, la Policía Nacional y el DAS, incursionaron en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia, ubicados en la zona suroriental del municipio de Barrancabermeja, Santander, a bordo de varios vehículos en los cuales procedieron a subir por la fuerza e intimidando con sus armas, a las personas que eran señaladas por los informantes que los acompañaban, de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Quienes no acataban la orden de eran asesinados en el mismo lugar. Una de las víctimas en presencia de su familia.

Aún hoy se desconoce el número exacto de las personas desaparecidas, pero en los expedientes se registran 25, y otras 7 asesinadas. Hasta la fecha han sido hallados 10 cuerpos de las víctimas y 8 han sido identificados y entregados a sus familiares.

En marzo de 2016 fue declarada la responsabilidad administrativa del Estado – Ejército Nacional, la Policía Nacional y el entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS – por la grave omisión de su deber constitucional de participar activa y eficazmente en la defensa de los derechos humanos de la población, al permitir la ocurrencia de la masacre y no desplegar acción alguna para salvaguardar la vida de los habitantes del puerto petrolero que fueron asesinados durante estos hechos. La demanda no reconoce la responsabilidad por acción, derivada de la participación de agentes estatales plenamente probada a lo largo del proceso.

Actualmente se encuentran también en etapa de juicio por su participación en la masacre Oswaldo Prada Escobar, Oficial de inteligencia del batallón Nueva Granada; Antonio Daza Camargo, Comandante de la Base Pozo Siete; y John H. Guzmán Santos, Comandante de la Base Termoeléctrica, así como el Coronel de la Policía Joaquín Correa López, Comandante operativo de la policía en el Magdalena Medio.

El pasado 11 de octubre en Barrancabermeja, Santander, organizaciones de víctimas y derechos humanos presentamos el informe Telarañas de impunidad: Las voces de resiliencia frente a la violencia estatal-paramilitar en el Magdalena Medio (1998-2000), que señala el papel de agentes de la fuerza pública -Ejército, Policía y el extinto DAS- en la expansión del paramilitarismo en la región del Magdalena Medio a partir de la documentación exhaustiva de los casos tanto de esta masacre como de otras dos cometidas en el mismo contexto: el 28 de febrero de 1999 y el 4 de octubre de 2000, así como del contexto de macrocriminalidad en la región desde finales de la década de los 80.

A pesar de que esta decisión contra el excapitán González se toma más de tres años después de que se presentaron los recursos, saludamos con esperanza de justicia la decisión adoptada y reafirmamos nuestro compromiso y exigencia tanto a la justicia ordinaria como a la justicia transicional para que se conozca toda la verdad y se vincule e identifique efectivamente a la totalidad de miembros de la fuerza pública y organismos de inteligencia del Estado que concertaron con los paramilitares la comisión de esta masacre, para que hechos como este jamás se repitan.