Ante la persistencia de hechos de intimidación, amenazas, asesinatos, y violaciones a los derechos contra ciudadanos/as venezolanos/as, líderes, lideresas sociales, excombatientes y Pueblos Indígenas en el departamento de Putumayo en el marco del estado de emergencia decretado por el covid-19.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República de Colombia
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO
Vicepresidenta de la República de Colombia
ALICIA ARANGO OLMOS
Ministra del Interior
CLAUDIA BLUM DE BARBERI
Ministra de Relaciones Exteriores
MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
Ministra de Justicia
FERNANDO RUIZ GÓMEZ
Ministro de Salud
RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN
Ministro de Ambiente
EMILIO ARCHILA PEÑALOSA
Alto Consejero para la estabilización
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
Alta Consejera para los Asuntos Internacionales y Derechos Humanos
MIGUEL ANTONIO CEBALLOS ARÉVALO
Alto Comisionado para la Paz
FRANCISCO BARBOSA DELGADO
Fiscal General de la Nación
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor Nacional del Pueblo
De nuestra consideración:
Las organizaciones firmantes rechazamos el incremento de la violencia en Colombia en medio de la pandemia global por el covid-19. Una vez más, llamamos a cesar todo tipo de violencia y apelamos al Estado a garantizar la vida e integridad de los habitantes del departamento de Putumayo, quienes se encuentran en medio de un contexto de disputas por el control social y territorial del departamento, frente a lo cual el Estado tiene la obligación reforzada en términos de especial protección para personas migrantes, defensores y defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas.
Reiteramos las denuncias hechas desde el año pasado por las diferentes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, a las cuales debemos agregar los graves hechos de las últimas semanas:
1. El 19 de marzo de 2020 en la vereda Nueva Granada, municipio de Puerto Asís, fue asesinado MARCOS LEOPOLDO RIVADENEIRA ZABALA, representante legal de la asociación ASOPUERTOASÍS, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías. El señor Rivadeneira era reconocido por su liderazgo en los procesos de sustitución voluntaria de cultivos, la defensa del territorio, la vida digna y los Acuerdos de Paz, sin que hasta el momento se conozcan investigaciones eficaces al respecto.
2. En la semana del 22 de marzo, siete días después de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica motivada por el covid-19, circuló por redes sociales un video que documentaba la atroz práctica de desmembramiento de cuatro cuerpos masculinos. Esta escena se difundió tras el asesinato cometido en el sector conocido como El Cedral, ubicado a veinte minutos del centro urbano del municipio de Puerto Asís. Según lo manifestado por algunos habitantes del departamento, las víctimas eran de nacionalidad venezolana y algunas de ellas habían sido señaladas como autores de hurtos en la región, por parte de grupos armados ilegales con presencia en la zona.
3. Desde el 23 de marzo y hasta la fecha en diversas carreteras del municipio de Puerto Asís se están presentando retenes y control armado por parte de estructuras del grupo autodenominado “La Mafia”. Grupos conformados entre cuatro y seis hombres de este grupo armado realizan retenes ilegales, e imponen control con rondas en motocicletas de alto cilindraje a pesar de la declaratoria de confinamiento y de acciones de control de la Fuerza Pública a raíz de la pandemia mundial por el covid-19. Las acciones de intimidación, control y asesinatos por parte de estas estructuras armadas se realizan en una zona con fuerte presencia militar de la Brigada XXVII de Selva en Colombia, la Policía Nacional y la Fuerza Naval del Sur.
Adicionalmente, varias comunidades de la rivera del Putumayo denunciaron la presencia constante de actores armados irregulares pertenecientes a esta estructura, quienes de manera verbal han advertido a dirigentes y moradores que por disposición de los comandantes de dicha estructura “se la va a dar plomo a cualquier persona que resulte sospechosa de contagio con covid-19”, indicando que están en la obligación de informar al grupo de cualquier sospecha y de negarse se tomarán medidas contra las comunidades.
4. El 26 de marzo la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informó del riesgo de ataques contra la lideresa de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica JANI SILVA, ataques que se pueden desarrollar en cualquiera de los continuos movimientos que por su labor realiza la lideresa.
5. El 29 de marzo, según información difundida por medios de comunicación nacional y organizaciones de derechos humanos, fueron asesinadas tres personas en la vereda Brisas de Hong Kong, municipio de Puerto Asis. Las víctimas fueron identificadas como JOSÉ GREGORIO ÁLVAREZ BRITO, de 25 años, ÁNGEL GABRIEL FIGUERO CALDERÓN de 38 años, ambos de nacionalidad venezolana y EDITH NOHELIA CAICEDO de nacionalidad colombiana. Los hechos ocurrieron a tan solo tres minutos del casco urbano donde se ha ido posicionando la estructura armada “La Mafia”. La Red de Derechos Humanos de Putumayo, Piamonte, Cauca y Nariño manifestó que antes de estos hechos había informado a las autoridades locales sobre la circulación de panfletos amenazantes contra la población migrante, sin que hasta el momento se conozcan investigaciones eficaces al respecto.
Las amenazas, los asesinatos y los descuartizamientos se enmarcan dentro las acciones de control de la zona por parte de actores armados ilegales que buscan difundir un mensaje de xenofobia y discriminación contra población venezolana que habita de manera itinerante en la porosa frontera entre Colombia y Ecuador o que busca establecerse en algún lugar, encontrándose en condición de extrema vulnerabilidad en medio de la emergencia del covid-19, situación que se agrave por la estigmatización, el señalamiento y la impunidad.
6. El 31 de marzo fue exhumado el cuerpo de Juan Carlos Castillo, habitante del ETCR Heiler Mosquera. Juan Carlos habría sido asesinado y enterrado el pasado 27 de marzo, en límites del resguardo Nasa Kwisna Cxhab y la vereda Alto Lorenzo, en el corregimiento La Carmelita, del municipio de Puerto Asís.
7. El 5 de abril la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz dio cuenta de once asesinatos en el departamento de Putumayo en medio de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio; siete de estos casos han ocurrido en el municipio de Puerto Asís .
Desde el mes de septiembre de 2019, mediante la alerta temprana 040, la Defensoría del Pueblo señaló el elevado riesgo al que está expuesta la población civil del municipio de Puerto Asís y de algunos territorios colectivos de comunidades étnicas y resguardos indígenas, debido a la presencia y disputa por el control territorial de facciones ilegales de FARC–EP que no suscribieron el Acuerdo Final de Paz y la estructura armada ilegal autodenominada “La Mafia”, quienes han incrementado sus acciones de confrontación armada durante los últimos días .
Según información confirmada por varios líderes y lideresas de la región, los actores armados estarían amenazando con asesinar a quienes resulten con síntomas del covid-19, como medida de control de la pandemia en el departamento del Putumayo.
Es inconcebible el control que estas estructuras armadas realizan e imponen a las comunidades en medio de las acciones y presencia constante tanto de la Brigada XXVII de Selva y la Fuerza Naval del Sur del Ejército y múltiples unidades de la Policía Nacional.
Los asesinatos y las amenazas contra líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y excombatientes evidencian la crítica situación social por la que atraviesan las comunidades en el Putumayo, especialmente en el municipio de Puerto Asís, sin que el Estado colombiano garantice acciones de protección de manera integral.
Teniendo en cuenta los hechos sucedidos en el mes de marzo de 2020 contra la vida e integridad personal de líderes sociales, excombatientes y ciudadanos venezolanos, en medio de un contexto de disputas por el control social y territorial del departamento de Putumayo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB), Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Washington Office on Latin America (WOLA) respaldamos las solicitudes de las organizaciones sociales y comunidades del Putumayo dirigidas a las autoridades municipales, departamentales y a las entidades del orden nacional, mediante las cuales se requiere de manera urgente:
(i) Acoger el Acuerdo Humanitario global por covid-19 , propuesto por comunidades y organizaciones sociales de Putumayo y nivel nacional, el cual cuenta con el respaldo de distintos sectores sociales, académicos, ONG y organismos internacionales
(ii) La investigación, juzgamiento y sanción de los hechos que se presentan en un contexto de control territorial por parte de actores armados ilegales que difunden mensajes y acciones xenófobas y discriminatorias, mediante las amenazas y asesinatos contra ciudadanos venezolanos;
(iii) La investigación, juzgamiento y sanción de las amenazas y asesinatos contra las personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y excombatientes en el departamento de Putumayo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final de Paz;
(iv) El fortalecimiento y cumplimiento de los protocolos de prevención, protección y garantías de no repetición a los habitantes del departamento, así como a los ciudadanos venezolanos en condiciones de vulnerabilidad para que se garanticen sus derechos a la vida e integridad personal y no discriminación;
(v) La suspensión de las actividades de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito realizadas por el Ejército y la Policía Nacional aprovechándose de las limitaciones de movilidad y restricciones impuestas por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia, hasta que existan procesos de concertación directa con las comunidades y garantías de sustitución para las familias que derivan de allí su sustento;
(vi) La atención humanitaria urgente derivada de la emergencia sanitaria por el covid-19 a la población vulnerable, que debe necesariamente incluir alimentos y medidas de bio-seguridad para las comunidades étnicas del departamento, así como la prevención de retornos a los territorios de las personas indígenas que habitan en contextos urbanos a través de garantías de permanencia en sus lugares de ocupación;
(vii) Exigir el fortalecimiento de los sistemas de salud intercultural para los pueblos indígenas, con inversión urgente y específica en transporte de equipos, insumos y material de capacitación para la prevención de la propagación del covid-19 en los territorios.
Atentamente,
GUSTAVO GALLÓN GIRALDO
Director
Comisión Colombiana de Juristas
REINALDO VILLALBA VARGAS
Presidente
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
DANILO RUEDA
Representante Legal
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
MARCO ROMERO SILVA
Director
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
JAIME A. LEÓN
Director
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
LINA MARÍA ESPINOSA
Coordinadora Área Legal
Amazon Frontlines
FRANCISCO QUINTANA
Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
GIMENA SÁNCHEZ – GARZOLI
Directora para los Andes
Washington Office on Latin America
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