El escándalo generado por el gobierno nacional a partir de la reciente declaración de la señora Mariela Contreras, reconocida como víctima por la Fiscalía colombiana y representada ante la justicia nacional e internacional por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por hechos ocurridos masacre de Mapiripán, ha sido desproporcionado y mal intencionado, ya que el presunto fraude en el que incurrió la señora Contreras no significa que esta atroz masacre en que los paramilitares, con tolerancia y colaboración del Ejército, torturaron, asesinaron, desaparecieron y desplazaron a la miembros de la comunidad de Mapiripán, no haya ocurrido y tampoco que se pueda eximir al Estado colombiano de su responsabilidad por el crimen.
Igualmente, como lo expone claramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el comunicado de prensa emitido el 1 de noviembre de 2011, “En este caso, más allá de las declaraciones de los testigos, la reconstrucción de los hechos se basó principalmente en el acervo probatorio de la Fiscalía Nacional de Colombia y en la información y documentación oficial que el Gobierno colombiano aportó a los procesos internos y al proceso en el sistema interamericano de derechos humanos”, por lo que no se entiende por qué ahora, el Gobierno alude engaño y fraude por parte de la organización representante de las víctimas, si fue la misma Fiscalía quién documentó ante la Comisión y la Corte Interamericana el caso de Mapiripán.
Esta polémica ha sido utilizada para deslegitimar la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia y se pretende poner en duda la responsabilidad del Estado en las masacres por las que ya se le ha condenado y por las que está a punto de juzgarse como el caso de la Masacre de Santo Domingo, Arauca.
Abogados defensores de militares implicados en el bombardeo de Santa Domingo en el que murieron 17 personas, entre ellas 6 niños y niñas, han salido a desinformar a la opinión pública tergiversando los hechos desconociendo las sentencias de primera y segunda instancia que condenan a los miembros de la FAC. (ver sentencia del 15 de junio de 2011, del Tribunal Superior de Bogotá). De la misma forma representantes del Estado como el señor Procurador General de la Nación, aprovechando la declaración de la señora Mariela Contreras anuncia que presentará acción de revisión contra el fallo que condenó al general Uscatégui, justo en momentos en que el máximo tribunal de la justicia ordinaria condenaba en forma definitiva al Coronel Uscatégui a 37 años de prisión por hallarlo responsable de la masacre de Mapiripán.
Ante los hechos señalados, Humanidad Vigente hace un llamado a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos para que incidan ante el Gobierno colombiano y rechacen este tipo de estrategias desleales y que atentan contra el fundamental derecho ejercido por las organizaciones y defensores de derechos humanos.
Igualmente, hacemos un llamado a los medios de comunicación y a la opinión pública en general para que divulguen de manera integral la información sobre la labor de los defensores de derechos humanos en el caso Mapiripán, que consulten la sentencia en donde está clara y detalladamente la responsabilidad del Estado colombiano, debido a su actuar permisivo en la masacre y negligente en la investigación penal interna en la que se reconoció como víctimas a personas que no lo eran.
Finalmente, Humanidad Vigente se une a la exaltación hecha por la Comisión, organismo que reiteró su reconocimiento a las organizaciones de derechos humanos colombianas, “que a lo largo de estas últimas décadas han desarrollado su trabajo en defensa de derechos humanos en situaciones de serio riesgo, lo cual ha costado la vida a defensores y defensoras y que ha llevado a la Comisión Interamericana a solicitar reiteradamente al Estado colombiano a respetar y proteger su accionar”.
