Los primeros 100 días del gobierno de Iván Duque han sido la constatación de los desalentadores presagios sobre el futuro de los Acuerdos de Paz. Poco a poco va tomando forma su política de hacerlos trizas y con ellos a las políticas y programas contribuirían a la paz y la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia.

En el periodo del 30 de julio al 30 de octubre, que coincide con los primeros 100 días de este gobierno, recibimos denuncias de 146 hechos violentos, con una tendencia estable desde el trimestre anterior en el que donde la cifra fue de 145 hechos. De estos, 68 corresponden a homicidios con 80 víctimas, 7 a atentados con 10 víctimas, 24 amenazas con 87 víctimas individuales y colectivas, 14 hostigamientos, 8 abusos de la fuerza pública, 2 hechos de presencia paramilitar, 2 infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 1 secuestro, 1 desplazamiento forzado, 1 caso de acoso sexual y 1 de violencia sexual.

Anexo de los hechos del periodo

Por departamentos, Cauca sigue siendo el más afectado con 38 de los hechos del periodo, (21 de ellos homicidios seguidos de 8 amenazas), Antioquia con 25 hechos victimizantes (13 homicidios y 6 amenazas), Valle del Cauca con 13 hechos (4 homicidios y 4 amenazas) Meta con 9 hechos (4 homicidios y 2 amenazas). En Caquetá 8, Putumayo y Nariño 7 y Cesar 6, al igual que Bogotá.

¿Qué pasa en el suroccidente?

Una mirada regional arroja que la mayoría de la violencia se concentra en la zona suroccidental del país, Cauca, Valle Cauca, Nariño y Putumayo con casi la mitad de las denuncias recibidas del periodo, 65 de las 146. La problemática derivada de la rearme, sustitución forzada de cultivos de uso ilícito, disidencias y la emergencia de nuevos grupos armados se refleja en toda la región, desde el sur del Valle en los municipios de Pradera y Florida donde se presentaron 4 de los 11 hechos registrados en todo el departamento, pero también en El Dovio, al norte del Valle, donde un líder de procesos de sustitución de cultivos fue asesinado y en Roldanillo donde una liíderesa social fue víctima de un atentado.

Al Norte del Cauca, por otra parte, se presentaron 11 de 38 hechos del departamento, 5 de ellos en el municipio de Caloto (3 homicidios), Corinto (3 homicidios) y otros 2 hechos en Santander de Quilichao y Miranda, respectivamente. Pero también en López de Micay, al occidente del departamento, donde ocurrió la masacre de 6 personas este 29 de octubre, y en Argelia, donde se cometieron 2 homicidios, uno contra un excombatiente y otro contra una líder social. Al sur, en el municipio de Bolívar, recibimos la denuncia por el asesinato de 3 líderes adscritos al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

En Nariño, por otra parte, los hechos del periodo se concentran en el municipio de Tumaco, 4 de los 7 hechos del departamento, 2 homicidios y la militarización del territorio del resguardo Inda Sabaleta del pueblo Awá. También el resguardo Ñambí Piedra del pueblo Awá, ubicado en el municipio de Barbacoas, fue víctima de amenazas en el periodo.

En Putumayo, por otra parte la mayoría de los hechos se concentran en los municipios de San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguízamo donde fueron asesinados dos líderes del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y un excombatiente fue víctima de atentado.

Esta violencia en la zona se deriva en gran parte del incumplimiento en los Acuerdos de Paz, en particular del Punto 4 sobre cultivos de uso ilícito, presentes en esta región. Las víctimas son campesinos e indígenas, líderes dentro de sus comunidades que se han acogido a los planes de sustitución concertada convirtiéndose en blanco de bandas criminales de corte paramilitar que mantienen vínculos con agentes de la fuerza pública, herederos de los grupos paramilitares y de las llamadas “disidencias” de las Farc en disputa por el control de rutas del narcotráfico.

Un ejemplo claro de esta violencia que cobra la vida de líderes de sustitución es la Coordinadora Campesina de cultivadores de Coca, Amapaola y Marihuana, Coccam, que decidió encarar estas redes a través de la organización de quienes, lejos de beneficiarse de esta cadena, siguen encontrando en los cultivos de uso ilícito una forma de oxigenar su economía, mientras la ganadería, los monocultivos, la industria azucarera y el cultivo de pino acaparan el territorio mediante el latifundio. Este rearme y reorganización de actores armados en la zona también se expresa en los cascos urbanos donde se mantienen las redes del microtráfico y pandillas con vínculos con integrantes de la Policía, como quedó evidenciado en la masacre de Alto Mira y Frontera cuyo aniversario en la impunidad se conmemoró recientemente, y que involucró a varios integrantes de la institución.

Antioquia: entre la tragedia provocada y el paramilitarismo

En Antioquia los hechos violentos se concentraron principalmente en Apartadó, donde la comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue denunciando amenazas, hostigamientos y presencia paramilitar en las distintas veredas del corregimiento donde tiene asiento la Comunidad, así como el asesinato de uno de sus miembros, Francisco Luis Posada Úsuga.

También recibimos denuncias de la zona aún afectada y sin vías claras de solución por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango donde a la crisis humanitaria derivada de la represa, se sigue sumando la situación de violencia por la presencia de actores armados en el Norte y Bajo Cauca. De la región del Norte recibimos denuncias de 5 hechos, todos homicidios, en los municipios de Valdivia, Briceño y Yarumal.

Recientemente, una misión de verificación constató el desplazamiento forzado cometido por la empresa Hidroituango con su decisión de llenar de manera premeditada la represa ocasionando la inundación de varios municipios aguas arriba y abajo de la represa, destruyendo las economías y proyectos de vida de campesinos y barequeros, dejando a su paso pueblos fantasma como es hoy el corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia, el primero arrasado por la tragedia provocada.

Después de cumplida la misión, integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa a 15 organizaciones campesinas de la zona, fueron víctimas de amenazas contra su vida provenientes de personas que les advirtieron que “no se metan” con la represa.

En el Bajo Cauca donde la Corporación Cahucopana sigue denunciando la presencia paramilitar y la violencia contra líderes del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, se presentaron otras 5 violaciones a los derechos humanos: 2 asesinatos en Tarazá, una amenaza y un caso de presencia paramilitar en Nechí, y un hostigamiento en El Bagre.

Líderes sociales: ¿Pacto de protección o pacto de silencio?

Pese a que el gobierno nacional anunció al inicio de su mandato un pacto de protección a líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, ellas y ellos siguen siendo las principales víctimas de estos hechos. 77 de las 146 agresiones del periodo corresponden solo a este grupo poblacional, con 168 víctimas de distintas agresiones. Esto contrasta con el silencio oficial que prevalece al respecto, y la falta de medidas eficaces que se derivan también del hecho de que el plan de protección del gobierno no contó con la participación de las organizaciones de derechos humanos ni de los mismos defensores. También continuaron en el periodo los ataques verbales desde altos funcionarios del gobierno que elevan el nivel de riesgo de las y los defensores como el del nuevo ministro de defensa quien acusó a defensores de estar infiltrados por la mafia como forma de financiación de la protesta social.

Según las denuncias que recibimos, 41 personas que lideran procesos sociales han sido asesinadas en los últimos tres meses, 7 más fueron víctimas de atentados en 5 hechos registrados, 20 amenazas con 84 víctimas entre individuales y colectivas; 9 casos de hostigamiento, 3 de abuso de la fuerza pública con 13 víctimas 12 de ellas de detención ilegal y 1 de atentado, el secuestro de un líder y el desplazamiento forzado de otro. Un hecho estremecedor y desgarrador del periodo fue la violación sexual contra la lideresa Gladys Tirado, en los mismos hechos que cobraron la vida de su compañero sentimental, también líder social.

Una nueva y perversa modalidad que identificamos es el ataque contra familiares de líderes o lideresas sociales. En el periodo registramos 8 denuncias al respecto, 6 de ellas de asesinatos, 2 hijas de una líder en Roldanillo, Valle víctimas del mismo atentado cometido contra la lideresa y 1 abuso de la fuerza y 1 de violencia sexual ya reseñado. Padres, esposos hermanos, compañeros sentimentales, hijas e hijos están siendo víctimas de esta forma atroz de atacar el liderazgo social y comunitario.

El suroccidente es también la región más peligrosa para ejercer la defensa de los derechos humanos o el liderazgo social, allí se presentaron 33 de los 80 ataques contra defensores (25 en el Cauca y 7 en el Valle) mientras que en Antioquia fueron 11 las agresiones y 8 en el Meta. Pero también es notoria la tendencia a perseguir líderes en todos los territorios. En el periodo se registraron ataques en su contra en 18 de los 30 departamentos del país.

Por otra parte, sigue la violencia contra excombatientes de las Farc-EP. En el periodo fueron asesinados 5, y 3 más fueron secuestrados por un grupo armado ilegal que ingresó a una de las zonas de consolidación en El Bagre, Antioquia. 2 excombatientes fueron asesinados en Cauca, y en Putumayo, Caquetá y Santander fue asesinado 1, respectivamente.

Comunidades indígenas, población civil y periodistas también son blancos de ataques

Las comunidades indígenas siguen siendo blanco de violaciones al DIH, amenazas y abusos de la fuerza pública, como en el Cauca donde se denunciaron dos hechos de abuso del Esmad contra ACIN y CRIC en su proceso de liberación de la madre tierra. En el Cesar donde de nuevo fue incinerado una de los sitios sagrados del pueblo Kankuamo y también recibimos denuncia de una vulneración al DIH en territorio del pueblo Wiwa. De igual forma hubo infracciones al DIH en Chocó contra la comunidad Wounaan en Riosucio y en Juradó contra el resguardo Santa Marta de Curiche. Al igual que en Nariño (en Barbacoas y Tumaco) donde se presentaron desplazamientos e infracciones al DIH, así como contra 8 comunidades del Cabildo Kwesx Yu Kiwe del pueblo Nasa en el municipio de Florida, Valle.

En el periodo también registramos 5 hechos de violencia contra periodistas, 2 de ellos homicidios uno del periodista de la emisora Salvajina Estéreo y uno de la revista digital Contacto en Valle del Cauca. Tres amenazas contra periodistas de Noticias al Día, Caracol TV-Bluradio y Colprensa en Mocoa, Putumayo, y un asalto a la vivienda y robo de información contra la comunicadora de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, en la ciudad de Bogotá.

La población civil fue víctima de 11 hechos con 27 víctimas en el periodo, 7 homicidios con 14 víctimas, incluyendo la masacre de López de Micay en Cauca y el asesinato de tres indígenas del Pueblo Inga en el Putumayo.

¿Quiénes son los responsables?

En 87 de los 123 hechos el autor es desconocido, 51 de estos casos son asesinatos 4 atentados, 5 amenazas y 5 hostigamientos, así como el secuestro de un líder en Norte de Santander. En otros 23 hechos el autor que se denuncia son grupos paramilitares con sus distintas denominaciones como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC”, Bacrim “Los Pelusos”, Bacrim “Los Caparrapos” y las llamadas “Águilas Negras” cuya acción se centra en las amenazas. Todas las del periodo son de su autoría. 7 hechos con 9 víctimas tienen como responsable a las llamadas disidencias de Farc, 7 víctimas de asesinato, 1 de atentado y una de amenazas. En 2 de los hechos se atribuye la responsabilidad al ELN.

Por otra parte, 12 de los hechos denunciados durante el periodo involucran la responsabilidad de la fuerza pública, 7 de ellos de la Policía, 2 del Esmad, uno del Ejército y 1 del Inpec. 7 de estos corresponden a abusos de la fuerza pública expresados en asesinatos, atentados, detenciones ilegales, asaltos en viviendas, uso desproporcionado de la fuerza, infracción al DIH y denegación de derechos básicos de población carcelaria. Pero también la Fiscalía General de la Nación es denunciada por abuso de autoridad por haber detenido nuevamente a los jóvenes que habían recobrado la libertad después de ser acusados de ser los autores del atentado contra el Centro Comercial Andino en una investigación plagada de irregularidades y violaciones al debido proceso.

La situación de líderes y lideresas sociales también se ve agravada por la política económica que insisten en desconocer los mecanismos de participación popular, como ocurrió con las consultas populares para oponerse a los megaproyectos y declaradas inconstitucionales en contra de fallos anteriores de la misma corporación.

Otro ejemplos del retroceso en materia de derechos humanos es la agudización de la erradicación forzada de los cultivos, ahora con tecnología de drones, la criminalización de la protesta social y el respaldo a los abusos de poder de la Fuerza Pública, así como un diseño presupuestal que prioriza el gasto militar. De acuerdo con el reporte entregado por el Partido Alianza Verde, el proyecto de presupuesto para 2019, reduce el 59 % a las agencias encargadas del desarrollo rural y territorial y, en cambio, incrementa el del sector Defensa en 53 %.

Por otra parte, diez de los ministros del este gabinete representan a gremios económicos por lo que estamos abocados a tener un plan de negocios para los sectores económicos que se representan en el gobierno, más que un Plan Nacional de Desarrollo que debería, en consonancia con el momento que vivimos, contar con un capítulo fuerte sobre paz y derechos humanos que nos permitiera superar de una vez por todas la violencia.

¿Y qué pasa con la paz?

La implementación de los Acuerdos de Paz pasó de ser lenta a estancarse por completo. Prevalece el discurso de que no hay recursos para la paz, que oculta la realidad de la falta de asignaciones presupuestales para los programas y proyectos que se derivan del Acuerdo. Esto de forma paralela a la una agenda legislativa muy regresiva, consistente en 45 reformas constitucionales, un escenario casi de constituyente, algunas relacionadas con los acuerdos de paz, y 100 proyectos de ley también muy regresivos para los derechos humanos.

En relación con el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, SIVJRNR, creado por el punto 5 del Acuerdo Final sus adversarios hacen hasta lo imposible por debilitar sus mecanismos y avances, con algunos reveces reveses en ese intento. Tal es el caso del proyecto de ley que se hundió y que pretendía restringir el acceso a archivos de inteligencia por parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, lo que constituía un sinsentido en relación con el cumplimiento de sutu mandato.

Otro proyecto de ley que sí avanza es el que busca reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, adicionándole 14 magistrados e introduciendo nuevos requisitos para el juzgamiento de militares, y que contó con voto favorable en el primero de los ocho debates que necesita para su aprobación. Este proyecto es un intento de blindar el artículo 75 de la ley de procedimiento de la JEP aprobada a finales del año pasado que en la actualidad está demandado por ser inconstitucional.

Aunque congresistas pro paz que votaron a favor de la reforma la consideran un avance en relación con la propuesta inicial de la cuarta sala, hemos insistido en que dicho cambio es meramente formal y que la reforma en su conjunto ataca la legitimidad de la JEP al aprobar los argumentos falaces sobre su falta de imparcialidad o idoneidad para conocer de los casos que involucran a la fuerza pública.

Su aprobación no significaría sino un retroceso, otro más, para los derechos de las víctimas de crímenes que involucran a agentes estatales, que siguen enfrentando los mayores obstáculos para la exigibilidad de sus derechos, tanto en la justicia ordinaria como en la JEP.

Juntando las trizas en defensa de la vida

La paz es una política de Estado y el gobierno debe cumplir lo pactado como fórmula eficaz para detener la violencia contra líderes sociales y comunidades. Es necesario también seguir buscando la salida política negociada a la confrontación con el ELN, manteniendo y formalizando la mesa de negociación. Urge de igual forma que avance el desmonte de los grupos paramilitares y que haya una ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la protesta, hoy reglamentada bajo normas del Código de Policía declaradas inconstitucionales.

Es notorio el papel que ha jugado la movilización social para frenar algunos nombramientos del gabinete de Duque e iniciativas como la de igualar los periodos electorales de Presidencia, Alcaldías y Gobernaciones o reformar la tutela. También las gigantescas movilizaciones estudiantiles en exigencia de detener la quiebra de las universidades públicas, y el creciente descontento con medidas impopulares como la Ley de financiamiento que busca gravar toda la canasta familiar, lo que ha llevado al “Centro Democrático”, partido de gobierno, a maniobras de manipulación de la opinión pública como presentarse como opositor de sus propias políticas.

Todo esto nos reafirma que es por la vía de la organización y la movilización que se puede seguir presionando para que se cumplan los acuerdos de paz y se detengan los retrocesos en materia de derechos humanos. También que es necesario seguir documentando y monitoreando la realidad de lo que pasa en las regiones en materia de derechos humanos, ejercicio de la protesta social y los intereses y estructuras detrás de la violencia que azota a los territorios.

En este sentido, invitamos apoyar y participar masivamente en el XII Foro Nacional de DH que se realiza del 15 y 17 de noviembre en la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá, con participación de todas las regiones. Movilizarnos por los derechos humanos, la paz y por un Plan Nacional de Desarrollo democrático es hoy la tarea más importante en defensa de la vida en Colombia.