La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana – COCCAM es un proceso organizativo conformado por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que vieron en la firma del Acuerdo de Paz la posibilidad de superar las condiciones de marginalidad y violencia política producto de aplicación de diferentes políticas económicas y agropecuarias, así como terminar después de más de medio siglo el conflicto armado en Colombia.

El desarrollo de los puntos uno, tres y cuatro de estos acuerdos brindan la posibilidad de generar las condiciones básicas necesarias para que las comunidades rurales puedan acceder a derechos, condiciones y servicios que han impedido desplegar el potencial del campo colombiano, entre ellas la Reforma Rural Integral; garantías de seguridad y lucha contra el paramilitarismo; y el desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución – PNIS que contempla medidas de seguridad alimentaria y económica a las comunidades que manifestaron la voluntad de sustituir sus cultivos.

La COCCAM surge el 27 de enero de 2017 con el propósito de constituirse en un actor determinante en la solución integral a la problemática de los cultivos de coca, marihuana y amapola en el país, buscando la construcción de paz y la implementación de los acuerdos. A la fecha, la COCCAM no sólo ha participado de manera activa en los escenarios de discusión y concertación locales, regionales y nacionales definidos en el decreto de creación y reglamentarios del PNIS; sino que además ha impulsado la conformación de comités cocaleros veredales, municipales, departamentales y una coordinación nacional conformada por más de cincuenta (50) líderes de doce (12) departamentos y cinco (5) organizaciones nacionales.

Desde antes de la expedición del decreto de creación de PNIS -Decreto 869/2017- sostuvimos una comunicación constantes y fluida con las diferentes instituciones del Gobierno nacional a cargo de la implementación del programa, logramos la concertación de medidas en materia de derechos humanos y la suspensión de acciones de erradicación en los territorios en los que se venía adelantando las jornadas de socialización, firmas de acuerdos colectivos de sustitución e inscripción de las familias cultivadoras al programa. Aunque el cumplimiento de los mismos siempre fue parcial, dichos acuerdos fueron reforzados y legitimados en la jornadas de concertación que se tuvieron en el mes de octubre de 2017 en el marco del paro nacional agrario adelantado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA 1 , en la que el gobierno en cabeza del Alto Consejero para el Postconflicto y el Ministro del Interior -Rafael Pardo y Guillermo Rivera respectivamente- se comprometían entre otras cosas, a establecer medidas de protección y seguridad a nuestros líderes desde un enfoque territorial, es decir, la vinculación y articulación de las autoridades locales y de los organismos de seguridad con los líderes de sustitución en los territorios.

Por su parte, el Gobierno nacional adoptó parcialmente algunas de las normas del Acuerdo en materia de seguridad, como la creación de la “Ruta de Protección Colectiva” – Decreto 2078/2017-, “La labor de gobernadores y alcaldes como agentes del presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas que se encuentren en situación de riesgo” – Decreto. 2252/201/- la “Reforma al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo” – Decreto 2124/2017- y el “Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios” – Decreto 660/2018-. Sin embargo, estos decretos no se han traducido en el mejoramiento de los mecanismos de prevención y protección a los líderes sociales, en particular a quienes participan en la sustitución de cultivos. No contienen medidas pensadas con los enfoques diferenciales territorial, étnico ni de género. Crean nuevas instancias que, contrario a simplificar los procedimientos para otorgar las medidas de protección, generan mayores trámites burocráticos. No agilizan los estudios de riesgo y adopción de medidas de protección, ni han ajustado la oferta institucional a las necesidades de los contextos rurales, tampoco resuelven ninguno de los problemas de corrupción e infiltración paramilitar dentro de la UNP.

Así mismo, organismos internacionales expidieron alertas e informes ante la agudización y la necesidad de tomar acciones en territorios que contuvieran el incremento generalizado de violaciones de derechos humanos a líderes sociales. Sin embargo, ni las autoridades nacionales ni las locales se han comprometido con la implementación de medidas efectivas que contengan el genocidio del que estamos siendo víctimas.

A la fecha, lamentamos denunciar que 47 miembros de COCCAM han sido asesinados, que todos los miembros de la instancia nacional están amenazados de manera individual y colectiva, y que 5 de los 12 integrantes de la comisión política nacional se encuentran en condición de desplazamiento forzado. Esto constituye un crimen de lesa humanidad, en el que existe responsabilidad del Estado por no proveer medidas adecuadas de seguridad y protección para los participantes del programa y por no realizar las acciones investigativas y judiciales suficientes para identificar los patrones de sistematicidad y los autores de estos hechos.

Este informe se fundamenta en información de fuentes primarias, provenientes de las comisiones de derechos humanos y las denuncias públicas elaboradas por los comités veredales, municipales, y departamentales de la COCCAM; en este sentido las circunstancias y particularidades de cada uno de los asesinatos evidencian una relación causal entre los asesinatos y el liderazgo que ejercen los miembros de COCCAM en el marco de la implementación de PNIS, ya que la mayoría de los casos reflejan un proceso de identificación, planeación y preparación previos.

Sumado a esta tragedia, las acciones de erradicación violenta en los territorios no han cesado, incluso en aquellos en los que ya se realizaron asambleas de socialización, acuerdos colectivos de sustitución y se ha avanzado en la sustitución de cultivos. Actualmente el gobierno de Iván Duque y el Ministro de Defensa han manifestado que no ampliarán y tampoco reforzarán el PNIS; que por el contrario, su política antidroga se concentrará en la aspersión aérea de glifosato, las erradicaciones violentas e incremento de fuerza pública en los territorios, medidas que no apuntan a la seguridad de las comunidades y que por el contrario han demostrado su ineficiencia a lo largo de la historia, pues responden a las mismas aplicadas desde el Plan Colombia, las cuales no han resuelto las condiciones de pobreza que llevaron a las comunidades a recurrir a este tipo de cultivos.

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