Foto: Martin Bertrand / Hans Lucas Vía AFP
El 30 de noviembre de 2023, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) comunicó un informe, en el cual finalmente hizo públicos los motivos que llevaron al Fiscal, en octubre de 2021, a concluir el examen preliminar sobre Colombia con la decisión de no proceder a una investigación. Ello ocurre más de un año después de una decisión de la CPI, que ordenó al Fiscal a que explicara su decisión, luego de una solicitud de la FIDH y el CAJAR. Ambas organizaciones lamentan la insuficiencia de información en el informe de la Fiscalía y la instan a continuar un monitoreo crítico de procesos sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Colombia.
París y Bogotá, 5 de diciembre de 2023. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (“FIDH”) y el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (“CAJAR”), su organización miembro en Colombia, lamentan que el informe publicado el pasado 30 de noviembre por la Fiscalía de la CPI omita mencionar que el mismo no es voluntario, sino consecuencia de la decisión del 22 de julio de 2022 de la Sala de Cuestiones Preliminares I, en respuesta a solicitud de la FIDH y CAJAR. En su decisión, la CPI estableció que la Fiscalía no informó suficientemente a las víctimas y a sus representantes sobre las razones del cierre del examen preliminar de la situación en Colombia y urgió al Fiscal de la CPI proporcionar información adicional. Lamentamos esta omisión, ya que consideramos que la Fiscalía de la CPI debe reconocer abiertamente cuando sus actuaciones no siguen buenas prácticas y continuar su diálogo e interacción con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en ese sentido.
Nuestras organizaciones consideran que las razones expuestas en el informe respecto al cierre son insuficientes y urgen a que la Fiscalía mantenga un monitoreo crítico de la actividad judicial en Colombia.
Entre los “motivos” que llevaron al Fiscal al cierre, detallados en el informe, se resaltan los avances en materia judicial en Colombia respecto a crímenes relacionados a la “promoción y expansión de los grupos paramilitares”, traslado forzoso, crímenes sexuales y el caso de los “falsos positivos”, incluyendo macrocasos ante la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP). Esta valoración, desconoce los altos índices de impunidad persistentes en casos de violencia sexual y desplazamiento forzado, conductas cometidas sistemáticamente en el marco del conflicto armado.
De otro lado, desconoce que la competencia de la JEP es limitada y circunscrita a hechos cometidos en relación o con ocasión del conflicto armado, lo cual excluye otras conductas que estaban siendo valoradas en el marco del examen preliminar. Igualmente, omite valorar en detalle los vacíos denunciados por las víctimas y sus organizaciones, respecto de los alcances del proceso de desmovilización paramilitar y la aplicación del marco legal de la ley 975 de 2005.
A su vez, el Informe del Fiscal destacó que “estaba claro” que “autoridades judiciales se estaban ocupando de alegaciones relativas a quienes parecían ser penalmente responsables a los más altos niveles de mando”. Finalmente, el informe expuso que los avances ante la jurisdicción colombiana demuestran que las actuaciones del Gobierno no pueden considerarse como “viciadas por incapacidad o ausencia de disposición para llevarlas a cabo con autenticidad”, por lo que existiría complementariedad en el caso colombiano.
Si bien la FIDH y CAJAR reconocen los avances importantes en Colombia – y continúan su apoyo e interacción con los procesos de justicia transicional, en particular ante la JEP – existen importantes vacíos. En particular, como se resalta en la solicitud a la CPI de abril de 2022, varios de los militares, presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales en el caso “falsos positivos”, no han sido llamados a comparecer ante la JEP y, de hecho, han continuado ocupando cargos y ascendiendo dentro de la estructura del Ejército Nacional de Colombia.
A su vez, respecto a terceros civiles y agentes del Estado no combatientes, existe una falta de voluntad suficiente para llevar a estos actores ante la justicia. Si bien el informe de la Fiscalía destacó que las autoridades se están ocupando de crímenes que “parecen” enjuiciar a los más altos mandos, no dio más detalle de cómo llegó a esta conclusión. A esto se agrega la falta de competencia de la JEP para el conocimiento de casos que involucren a Jefes de Estado y la falta de voluntad de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes – que sí tendría competencia – para impulsar las investigaciones contra estos dignatarios.
Adicionalmente, distintos grupos de víctimas han mostrado su molestia por el cierre de canales para su participación ante la JEP en cuestiones como la definición de las sanciones que se les impondrán a los máximos responsables. Esto, a pesar que la jurisprudencia constitucional considera esta participación un derecho.
El informe de la Fiscalía también se centra en el Acuerdo de Cooperación firmado con la JEP como un instrumento que permitirá fortalecer la rendición de cuentas en Colombia. Si bien este acuerdo puede constituir una práctica positiva en materia de cooperación y complementariedad, el informe se limita a describir algunas actividades académicas realizadas con la JEP como fruto de este acuerdo. FIDH y CAJAR consideran que en el marco de este acuerdo el énfasis debe centrarse en un monitoreo crítico respecto a las actuaciones nacionales, incluyendo de la JEP, dada la magnitud de la impunidad en Colombia, así como los múltiples desafíos e insuficiencias que continúan existiendo en la jurisdicción ordinaria.