París, Ginebra, Bogotá, 5 de octubre de 2017 – El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (FIDH-OMCT) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) publican hoy un informe que llama la atención sobre un fenómeno poco analizado: el rol específico de los actores económicos en la vulnerabilidad de las personas y grupos defensores del territorio y el ambiente y en particular la captura empresarial del Estado, que cuesta la seguridad, tranquilidad e incluso la vida a estas personas defensoras.
En un contexto de post-conflicto en el que numerosas entidades han alertado sobre el incremento de los ataques contra las personas y grupos defensores del territorio y el ambiente trabajando en contextos de empresas extractivas, el informe “Defender el territorio y el ambiente en contextos de actividad de empresas extractivas”, a través de tres casos emblemáticos, describe la relación entre el Estado, las empresas y los ataques que sufren las personas y grupos defensores del territorio y del ambiente.
La acumulación de procesos judiciales, la estigmatización, y las amenazas en contra de las abogadas de la Corporación Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez” (CCALCP) y su relación cronológica y circunstancial con momentos clave de su trabajo de denuncia del impacto negativo de las actividades de empresas en los derechos del pueblo indígena Barí y diversas comunidades campesinas de la región del Catatumbo cuestionan el rol de las empresas en esos ataques. Para reducir la presión que enfrentan los defensores en los territorios es necesario investigar de manera particular el rol de los actores empresariales en las zonas de presencia de actores armados, para comprender la manera en que los intereses y acciones de la diversidad de actores pueden articularse, para así poder adoptar medidas preventivas o que combatan esta situación.
De la misma manera la criminalización indebida del líder sindical y ambiental Héctor Sánchez Gómez y el académico activista Miller Dussán, muestra la instrumentalización por parte de empresas como Pacific E&P y Egemsa, del derecho penal, mediante la radicación de denuncias desproporcionadas, la incidencia indebida sobre magistrados, jueces locales y fiscales, entre otros, para frenar o desarticular los procesos colectivos en momentos en que adelantan acciones para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos.
La paradójica asimetría entre los rápidos avances de procesos judiciales en contra de las personas defensoras e inversamente las dilatadas investigaciones de las acciones interpuestas por estas, sus organizaciones o comunidades contra el Estado y las empresas, sugieren una connivencia o inacción de actores estatales, incluyendo judiciales en contra de las personas defensores.
El informe también denuncia la captura empresarial del Estado ejemplificada por la persecución y vigilancia contra Héctor Sánchez por la empresa de seguridad de Pacific E&P y los miembros de la Fuerza Pública, en algunos casos pertenecientes a los batallones minero-energéticos financiados por esta misma empresa a través de convenios de cooperación entre las empresas y la fuerza pública. Estos parecen percibir a las personas defensoras de derechos humanos como enemigos que deben ser reprimidos. El informe da además varios ejemplos del creciente fenómeno de la puerta giratoria, que consiste en la circulación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado, e identifica esta situación como un factor que contribuyen a la vulnerabilidad de las personas defensoras.
Frente a esas constataciones el Observatorio y el CAJAR aportan una mirada constructiva a la problemática, llamando al Estado a identificar los factores de vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente y el territorio, en particular mediante la caracterización del rol que juegan los actores económicos especialmente en contextos de conflicto socio-ambiental. La multi-causalidad de la violencia en las regiones no debe ser un argumento que permita diluir la responsabilidad del Estado y de los actores empresariales frente a la situación de las personas defensoras. Estas recomendaciones, buscan permitir avances en la prevención del escalamiento de los ataques para comenzar a consolidar un sistema democrático que reconozca la labor legítima de los defensores y las defensoras de derechos humanos.
Este informe envía un llamado urgente para que los diferentes actores garanticen la protección de quienes defienden el territorio y el ambiente. Nuestras organizaciones llaman al Estado Colombiano a reforzar los mecanismos de protección, que deben actuar con mayor eficacia para prevenir las diferentes agresiones que sufren estas personas, y evitar que se traduzcan en asesinatos. También llaman a los actores empresariales a que reconozcan y se abstengan de obstaculizar el trabajo legítimo y esencial que realizan para asegurar el respeto de los derechos humanos vinculados con el territorio y el ambiente en Colombia.
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*El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.