Por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo su jurisdicción cuando se desempeño como segundo comandante en la Brigada X Blindada con jurisdicción en Cesar y La Guajira, entre octubre de 2004 y enero de 2006.

El día de ayer abogados de las organizaciones de derechos humanos Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar junto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos’, FCSPP, presentamos una comunicación a la Comisión II del Senado de la República solicitando no aprobar el trámite de ascenso del Brigadier General Nicasio de Jesús Martínez, actual Comandante General del Ejército, al grado de General, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo su jurisdicción cuando se desempeño como segundo comandante en la Brigada X Blindada con jurisdicción en Cesar y La Guajira, entre octubre de 2004 y enero de 2006.

“Durante ese periodo documentamos 31 casos con más de 70 víctimas”, señaló el abogado. “Este sólo hecho es bastante grave para no aprobar el ascenso del general porque, o bien el pudo haber tenido responsabilidad en estos hechos por tolerancia con sus subalternos,o bien no desempeñó correctamente sus funciones”.

Sebastián Escobar, defensor de víctimas de ejecuciones extrajudiciales ante la justicia ordinara y ante la JEP recordó que un grupo de senadores estadounidenses envió recientemente una carta al presidente Iván Duque en el mismo sentido, donde expresan preocupación por el nombramiento de militares en altos cargos en el Ejército señalados por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Ver carta de Congresistas estadounidenses

En la carta, los congresistas Patrick Leahy, Ben Cardin y Chris Van Hollen hacen referencia al caso del General Nicasio Martínez y al de otros ocho oficiales nombrados por Duque y que aparecen reseñados en un reciente informe de Human Rights Watch

Ver el informe

“Desde hace tiempo hemos insistido como abogados de víctimas y defensores de derechos humanos en la responsabilidad del Estado en no permitir que personas con estos antecedentes ocupen estos cargos. Permitirlo atenta contra el Acuerdo de Paz y las garantías de no repetición. “Infortunadamente, la Comisión II dio vía libre a este ascenso, pero en la Plenaria del Senado vamos a insistir en nuestra proposición” señaló el abogado del Cajar.

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