Hasta la fecha, no se realizan investigaciones diligentes o adecuadas de las amenazas en contra de personas defensoras; en años previos, el fiscal a cargo de investigar la emisión de panfletos carecía de recursos humanos y técnicos para ejecutar su trabajo de forma eficiente.

Washington, D.C. Septiembre 26 de 2019.- Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Estado colombiano una respuesta oportuna y efectiva frente al incremento de las amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos y frente al grave impacto que éstas tienen sobre su trabajo y el tejido de sus comunidades. La exigencia se dio hoy durante una audiencia pública celebrada durante el 173° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Reviva la audiencia aquí

“Investigar las amenazas y otros ataques asociados es fundamental para mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, prevenir hechos adicionales de violencia y desmantelar estructuras criminales”, indicó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Hasta la fecha, el Estado colombiano no cuenta con un abordaje apropiado para el fenómeno y existe una ausencia de resultados concretos” dijo Krsticevic.

Según el Programa Somos Defensores, entre el 2010 y el primer semestre de 2019 se registraron al menos 3.434 amenazas contra personas defensoras de DDHH. Si bien hubo un descenso significativo en 2016, año de la firma del Acuerdo Final de Paz, entre el 2018 y el 2019 se presentó un incremento del 53 por ciento en las amenazas. Por otra parte, desde agosto de 2018, año que asume la presidencia Iván Duque, hasta junio del 2019 se registraron al menos 632 amenazas.

“Las amenazas se pueden entender como una modalidad extendida de agresión. Los métodos utilizados para llevar a cabo las amenazas son variados: desde llamadas telefónicas, avisos fúnebres, ramos de flores, notas en papel dejadas debajo de las puertas, mensajes de voz y de texto, amenazas directas, mensajes a través de terceros, entre otros”, precisó Diana Sánchez de la Asociación Minga y el Programa Somos Defensores.

Desde 2006, las personas afectadas identificaron los “panfletos” como una modalidad de amenazas. Estos textos escritos contienen lenguaje agresivo y son dirigidos en contra de personas, colectivos u organizaciones mediante correos electrónicos, redes sociales, Whatsapp o enviados a casas y oficinas. En los últimos años, los más reconocidos autores de estos panfletos serían las Águilas Negras, grupo cuya procedencia se mantiene como desconocida pero quienes persisten en las agresiones al trabajo de líderes y lideresas sociales.
“En el contexto colombiano, las amenazas y otros ataques se han dirigido contra personas y colectivos que defienden el proceso de paz, luchan por la restitución de tierras y la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Muchas de estas personas defienden el territorio frente a industrias extractivas y reclaman por los derechos de las víctimas,” indicó Carolina Solano de la Comisión Colombiana de Juristas durante la Audiencia.

A pesar de su recurrencia y efectos, enfrentar las amenazas no se plantea como un eje fundamental en las políticas públicas u otras iniciativas desarrolladas por el Estado que deben impulsar garantías de protección a líderes y lideresas sociales. El plan estratégico de la Fiscalía 2016-2020, por ejemplo, plantea la estrategia de “resolver las amenazas, homicidios y otras violaciones contra actores fundamentales para la transición a una paz estable y duradera”. Pero, hasta la fecha, no se realizan investigaciones diligentes o adecuadas de las amenazas en contra de personas defensoras; en años previos, el fiscal a cargo de investigar la emisión de panfletos carecía de recursos humanos y técnicos para ejecutar su trabajo de forma eficiente; tampoco existe una base de datos pública que permita conocer el número de expedientes activos en casos de amenaza y otras agresiones, entre otros puntos.

Al respecto, Jomary Ortegón del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar dijo que “la impunidad en caso de amenazas a personas defensoras es generalizada. La Fiscalía debe avanzar en investigaciones conexas, que tomen en cuenta el contexto y que la actividad investigativa no descanse en la persona amenazada”.

El Plan de Acción Oportuna, PAO, -Plan del Gobierno del Presidente Duque para la protección de líderes y lideresas-, también deja de lado una comprensión integral del fenómeno de las amenazas y en la directiva 002 del 2017 de la Procuraduría, que busca investigar agresiones en contra de personas defensoras, no hay mayor información pública de cómo se implementará el proyecto. De otra parte, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ha sido convocada solo dos veces desde que Iván Duque asumió la presidencia y su integración con el PAO, para hacer seguimiento a la situación de los líderes, cambia su mandato, por lo que las organizaciones de la sociedad civil exigieron mayor claridad frente al funcionamiento de ambas instancias para la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos. Las organizaciones también solicitaron al Estado publicar la información relativa a las amenazas en contra de las personas defensoras y los avances en las investigaciones a amenazas recibidas .

Ante este panorama Marco Romero, Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES, llamó la atención sobre los anuncios de reducción de presupuesto de protección: “Frente al problema tan grave de agresiones, amenazas a líderes sociales ¿Por qué el Gobierno considera válido disminuir el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección en $92mil millones?”.

Por otra parte, Danilo Rueda, defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, señaló que la denuncia por parte de las y los defensores sobre las amenazas que reciben no puede ser la condición para avanzar en las investigaciones, teniendo en cuenta que muchas de estas personas están en zonas apartadas y con graves dificultades de orden público en regiones como El Naya o Buenaventura.

El Estado colombiano no ofreció respuestas satisfactorias a la problemática expuesta por las organizaciones y a las alarmantes cifras que demuestran la gravedad de la situación, y, por el contrario, criticó que se dijera que las personas defensoras son víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el territorio nacional.

“La labor de defender los derechos humanos en Colombia es de alto riesgo. Muchas defensoras y defensores realizan su trabajo en zonas apartadas en medio de la pobreza y la violencia. Es necesario reforzar su protección”, puntualizó Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Colombia, quien participó de la audiencia. “La vida de una persona defensora no debe reducirse a un dato numérico; siempre que haya aunque sea un solo defensor asesinado, habremos fallado”.

La delegación estatal tampoco respondió al interrogante central del comisionado Francisco Eguiguren sobre quiénes son y quienes están detrás de las llamadas “Águilas Negras” principales autores de amenazas contra personas defensoras en Colombia y señaló que existe un grupo especial en la Fiscalía dedicado a esta investigación. Una respuesta inaudita después de más de 10 años de amenazas contra personas defensoras sin un solo resultado en las investigaciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia sigue siendo de la más alta prioridad para este organismo.