La juez 72 de garantías dictó medida de aseguramiento contra los 13 activistas sociales detenidos el pasado 8 de julio. 20 días pasaron desde que fueron puestos bajo ordenes de la policía en la ciudad de Bogotá, en principio acusados por ser aparentemente responsables de las explosiones contra la entidad Porvenir; Luego por supuestas relaciones con la red urbana del Ejército de Liberación Nacional –ELN-; Al final, acusados de participar en disturbios en la Universidad Nacional.

Bajo esa última acusación la juez 72 de garantías dictó medida de aseguramiento para todos los detenidos, por considerarlos “un peligro para la sociedad”. Esta decisión fue inmediatamente apelada por los abogados defensores, que consideran que hay argumentos poco sólidos para explicar su fallo y hay varias irregularidades en el proceso.

La juez consideró que el material probatorio presentado por la fiscal Ana Patricia Larrota, era lo suficientemente contundente como para dictar la medida de aseguramiento contra los 13 jóvenes. En su veredicto argumentó que: “Ellos son coautores de los delitos que aquí se les investiga. Sí existen las pruebas para vincularlos. Aquí los delitos imputados no son de poca monta debido a que pone en peligro a la sociedad”. Además, aludió precisamente a la juventud y a los trabajos como defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y periodista que ejercen los detenidos para usarlo como elemento agravante, diciendo que su figura es representativa para la sociedad y que por tanto se tornan como un mal ejemplo para la misma.

Ante el proceder de la jueza, se escucharon los reclamos y las críticas de diversas organizaciones de derechos humanos y abogados denunciando que la decisión: “Viola el derecho a la defensa, ya que no refiere en ningún momento a los argumentos presentados por la defensa, que buscaban apelar dicha medida, además de obviar la explicación de forma clara y concisa, del por qué los considera como un peligro para la sociedad”.

Así mismo, varios juristas denunciaron que la juez actúa contra la ley 1760 de 2015, la cual refiere a “Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”, y con la que no podrían ser encarceladas estas 13 personas, pues en la ley los delitos que les imputaron no son considerados como de mayor nivel.

Una de las críticas más fuertes, la hizo el senador Alberto Castilla a través de su cuenta en twitter, en ella plantea que la juez no valoró de forma individual a los detenidos, sino que los ubicó como grupo, lo que viola el derecho a la defensa de cada uno de los detenidos.

El Congreso de los Pueblos, movimiento social y político al cual pertenecen 11 de los detenidos, anunciaron una rueda de prensa para este miércoles con el fin de denunciar las irregularidades de lo que han llamado un falso positivo judicial. Además se plantean acudir a organismos internacionales para que intervengan.

Otra de las reclamaciones que se ha manifestado desde el Congreso de los Pueblos y los familiares de los detenidos, es que el presidente Juan Manuel Santos y el general de la Policía Rodolfo Palomino, se retracten por haber presentado a los detenidos como los responsables de las bombas de Porvenir, cuando ni siquiera la fiscal del caso en el momento de la imputación de cargos mencionó el asunto, ni presentó prueba alguna sobre estos hechos.