La búsqueda de lxs nuestrxs, su identificación y entrega digna no pueden depender de la voluntad de un gobierno

La búsqueda de lxs nuestrxs, su identificación y entrega digna no pueden depender de la voluntad de un gobierno

● En Colombia, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) registra un universo de 137.000 personas desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado entre 1933 y 2016 .
● La desaparición no es un crimen del pasado. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado que, desde la implementación del Acuerdo de Paz hasta julio de 2026, 2.659 personas han sido desaparecidas en relación con los conflictos armados en Colombia, donde al menos una persona desaparece cada dos días, en promedio, en el contexto del conflicto armado y la violencia sociopolítica .
● Estas cifras evidencian, además, una realidad atravesada por el subregistro.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos advertimos que la desaparición forzada sigue siendo una realidad para Colombia que arrebata vidas, quebranta comunidades y prolonga el dolor, la incertidumbre y espera de miles de familias.

La desaparición forzada es un crimen de Estado, una grave violación de los derechos humanos y puede constituir un crimen de lesa humanidad. En Colombia, su persistencia ha estado vinculada a la participación de agentes del Estado, actores paramilitares, la violencia sociopolítica, la persecución, el control territorial y otras formas de violencia que han buscado borrar seres humanos, sus historias y memorias. Además, desde la Constitución Política de 1991 se reconoce jurídicamente que nadie puede ser sometido a desaparición forzada, aún así, más de tres décadas después, miles de personas continúan buscando respuestas.

Por eso, exigimos al Estado asumir su responsabilidad en la prevención, búsqueda, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas; garantizar recursos suficientes; fortalecer las instituciones responsables y avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La búsqueda debe ser humanitaria, participativa, territorial y centrada en las familias. No puede reducirse a una cifra o respuesta simbólica. De manera que, para encontrar, identificar y garantizar el reencuentro de quienes nos faltan, la verdad debe ser la base de cada acción.

Sin instituciones comprometidas, no hay búsqueda efectiva

Ante la magnitud de este crimen de lesa humanidad, recordamos que el Estado tiene el deber de desplegar todos sus recursos para responder a las familias y personas buscadoras. La efectividad en el hallazgo, la identificación y la dignificación de las víctimas exige una estructura institucional sólida, articulada y con voluntad.

Por eso exigimos:

● Fortalecimiento presupuestal, técnico y territorial de la UBPD y de la Unidad para las Víctimas.
● Capacidades forenses, jurídicas, investigativas y psicosociales suficientes.
● Articulación efectiva entre la UBPD, el GRUBE de la Fiscalía General de la Nación y demás entidades responsables.
● Garantías para desarrollar la búsqueda de manera sostenida y segura en los territorios, en especial donde persisten condiciones de violencia y riesgo para quienes buscan.

El terremoto también puso en riesgo la búsqueda

Lo ocurrido el 10 de agosto de 2026 volvió a recordarnos que buscar también significa preservar los lugares donde pueden encontrarse quienes nos faltan.

La UBPD identificó afectaciones en cementerios y sitios de interés forense, particularmente en Roldanillo, Valle del Cauca, y otros municipios del país, donde fue necesario desplegar acciones para salvaguardar cuerpos, contenedores y otros elementos asociados a posibles personas no identificadas.

Para las familias buscadoras, perder los cuerpos o su información significa un daño irreparable para la identificación y el reencuentro.

Por eso exigimos:

● Protección inmediata de los cementerios y sitios de interés forense afectados.
● Salvaguarda e identificación rigurosa de los cuerpos que permanecen como no identificados.
Porque encontrar, identificar y entregar dignamente a lxs nuestrxs no puede depender de presupuestos insuficientes ni de decisiones coyunturales. Buscar a las personas desaparecidas es una obligación permanente del Estado.

La búsqueda ha sido sostenida por las mujeres

Durante décadas, han sido principalmente las mujeres —madres, hermanas, hijas, esposas, amigas y familiares— quienes han sostenido la búsqueda de sus seres queridos y la exigencia de verdad y justicia.

Ellas han recorrido cementerios, reconstruido historias, buscado archivos, recogido testimonios y conservado viva la memoria de quienes fueron desaparecidxs. Han convertido el dolor de la ausencia en organización y resistencia. Pero buscar también las ha puesto en riesgo. Las mujeres buscadoras enfrentan amenazas, estigmatización, persecución, revictimización y riesgos territoriales. De hecho, muchas se han visto obligadas a buscar a sus seres queridos desde el exilio.

La Ley 2364 de 2024, conocida como la Ley de Mujeres Buscadoras, reconoce sus derechos y establece medidas para proteger y fortalecer su labor. Exigimos su pronta reglamentación, implementación y su financiación efectiva, así como garantías reales de protección individual y colectiva, con enfoques territorial, diferencial y, sobre todo, de género.

La búsqueda debe ser ampliada

El Acuerdo de Paz de 2016 creó herramientas fundamentales para avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas, entre ellas la UBPD, por lo que exigimos su implementación integral y el fortalecimiento de las instituciones creadas para la construcción de paz. Sin embargo, su firma no significó el fin de la desaparición: esta realidad persiste y plantea nuevos desafíos para las familias y personas buscadoras. Por ello, implementar el Acuerdo también implica fortalecer y ampliar las capacidades institucionales, desarrollar respuestas acordes con las nuevas dinámicas de violencia y garantizar acompañamiento efectivo a quienes continúan buscando.

Cundinamarca: un caso en época electoral para dar seguimiento

Los recientes procesos electorales también dejaron preguntas que el Estado debe responder.

En el marco de las elecciones de 2026, la Fiscalía reportó la ubicación de personas que figuraban como desaparecidas y que fueron registradas ejerciendo su derecho al voto en distintos territorios del país, entre ellos Cundinamarca.

Estos hechos exigen una revisión rigurosa de los registros, las denuncias y los cruces de información institucional. Una persona reportada como desaparecida no puede aparecer en un registro electoral sin que se esclarezca qué ocurrió y cuál es hoy su situación.
La búsqueda exige sistemas de información confiables, articulados y actualizados.

Santander: no podemos permitir que los lugares usados para la desaparición sean borrados

El mirador del aeropuerto Palonegro constituye un lugar que debe ser reconocido, investigado y protegido como sitio de interés para la búsqueda debido a que, entre 1980 y 1990, fue usado por grupos armados como zona de disposición de cuerpos por su geografía escarpada y su aislamiento.

Exigimos que este y otros sitios sean protegidos, documentados e intervenidos con criterios técnicos y humanitarios, garantizando la participación de las familias y organizaciones que durante años han sostenido la búsqueda.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación por las decisiones administrativas que puedan afectar la capacidad territorial de la UBPD en Santander y Norte de Santander. En un contexto de restricciones presupuestales, los recursos deben priorizar las labores sustantivas de búsqueda: salidas territoriales, prospecciones, recuperación, identificación, acompañamiento a las familias y fortalecimiento de las capacidades forenses.

Cada recurso destinado a la búsqueda debe traducirse en un proceso investigativo más efectivo y más respuestas para las familias.

La desaparición pretende romper los vínculos entre las personas, sus familias y sus comunidades. Pretende borrar nombres, historias y responsabilidades. Por eso seguimos y seguiremos nombrando a quienes faltan.

Porque detrás de cada cifra hay una vida que merece ser contada, una familia que merece respuestas y una sociedad que tiene derecho a conocer su historia.

Queremos saber dónde están y qué ocurrió con ellxs. Porque la ausencia no prescribe y la memoria no se archiva. A lxs nuestrxs les seguimos buscando hasta encontrarles. Porque nombrar a quienes faltan y exigir su búsqueda es también defender la memoria, la dignidad y la vida.

#TeSeguimosBuscando

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