Lo anterior demuestra que el actuar de sectores de la Fuerza Pública (como por ejemplo, el Escuadrón de la Muerte, ESMAD) no contribuye a aclimatar la tan anhelada Paz que promulga defender el Gobierno, sino que se encuentran en máxima descomposición y en franca contravía del orden jurídico nacional e internacional.

Por las graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, violaciones al Derecho Internacional Humanitario, y los vejámenes cometidos contra la población civil, especialmente contra los campesinos y pueblos indígenas y afrodescendientes movilizados y demás integrantes de diferentes comunidades que han decidido sumarse al Paro Nacional Agrario y Popular, entre las que se encuentran hechos como: la contaminación de los alimentos de los manifestantes del Meta, cuando el ESMAD orinó públicamente sobre estos, los ataques de francotiradores para asesinar manifestantes (como ocurrió en el Catatumbo, Tolima, Putumayo y otros), la infiltración de agentes armados vestidos de civil en las movilizaciones, con el objeto de disparar a la misma Policía para responsabilizar a los manifestantes, el lanzamiento de granadas aturdidoras que producen mutilaciones, y otra serie de armas que utilizan para reprimir a los manifestantes, por todas estas circunstancias, consideramos a la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, como victimarios directos y es por esto que hemos decidido no asistir a la reunión del próximo martes, hasta tanto la Dirección de la Policía, no devuelva los bienes robados, deje en libertad a los manifestantes detenidos, resarza integralmente los daños ocasionados a los ciudadanos, en su vida, honra y bienes y sobretodo, castigue a los Agentes que han ido en contravía de los derechos humanos y la ley por acción u omisión.

En ese sentido, las organizaciones nacionales y regionales que hacemos parte de la MIA, formularemos las respectivas denuncias penales ante Autoridades judiciales y disciplinarias competentes para que se adelanten las investigaciones jurídicas correspondientes, y al mismo tiempo, haremos el llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos para exigir la garantía y respeto a los derechos de los campesinos y pueblos indígenas y afrodescendientes movilizados.

Aprovechamos este pronunciamiento, para exigir verdad, justicia, reparación integral y castigo a los responsables de la muerte de Juan Carlos León Acosta, vilmente ultimado por el ESMAD en un uso desproporcionado de la fuerza en la ciudad de Fusagasugá.

Responsabilizamos al presidente Juan Manuel Santos, a su gabinete, y a las fuerzas armadas, de este execrable crimen y de todas las violaciones de derechos humanos generadas y que se presenten a futuro en el transcurso del paro nacional agrario y popular, como resultado de la brutalidad policial, la extralimitación en las funciones de la Fuerza Pública, o la omisión en su deber de proteger a la población.

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