Como recuerda la opinión pública nacional, el 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado colombiano por su responsabilidad internacional en la Masacre de Mapiriripán, efectuada con la colaboración de integrantes del Ejército colombiano por las Autodefensas Unidas de Colombia entre el 15 y el 20 de Julio de 1997.
En su sentencia de fondo, la CIDH declaró violados en perjuicio de las víctimas y sus familiares, los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4, 5, y 7 de la Convención, aparte de hacer un reconocimiento de los efectos indirectos que produjo este crimen de Lesa Humanidad en una comunidad indefensa, como el desplazamiento y el despojo de sus bienes materiales y su identidad cultural, cuyos enormes daños deben ser reparados integralmente, sin que el número de víctimas sea el parámetro sobre el cual se busque de manera torticera, restar la responsabilidad de los agentes del Estado que intervinieron, como el general Uscátegui, que favoreció la empresa criminal que cegó la vida de un número indeterminado aún, de colombianos y colombianas.
La “Masacre de Mapiripán”, como tantas otras que han ocurrido en el país y que aún permanecen en la impunidad, constituye una grave violación a los derechos humanos por su naturaleza, por los actores implicados, por la sevicia con que se cometió y el terror que generó en la población civil, razón por la cual resulta ofensivo a la dignidad de la Nación y a la verdad histórica de los hechos, que el Procurador insurja ante la opinión pública, conminando a los jueces de la República, que procedan a la revisión de la condena proferida contra el general que propició la masacre y de contera, el Ministro de Defensa en forma cínica salga a decir que dicho ministerio es “una víctimas en este caso”.
Si dentro del legítimo derecho de las víctimas a demandar su reconocimiento, han aparecido accionantes sin serlo, este hecho debe ser establecido e investigado por la autoridad judicial correspondiente, para determinar los móviles y la respectiva responsabilidad penal, la misma que no corresponde adelantar a sus representantes legales, como es el caso del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” que ha representado a numerosas víctimas de crímenes de Estado, en su condición de organización pionera en la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, cuya actuación, sin lugar a dudas, se ha caracterizado por una rectitud y una probidad a toda prueba.
Como lo ha manifestado en su pronunciamiento del pasado 31 de octubre, el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Estado colombiano reconoció expresamente ante la Corte su responsabilidad en la comisión del hecho criminal y, en consecuencia, las verdaderas víctimas de la masacre de Mapiripán, como todas las personas afectadas por las graves violaciones a sus derechos humanos, tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y es legítimo su derecho de recurrir a los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, cuando no se realiza el derecho a la justicia en las jurisdicciones nacionales.
Frente a la clara intencionalidad por parte de los medios de comunicación y de altos funcionarios del Estado, de desprestigiar y estigmatizar la labor de defensa de los Derechos Humanos, que organizaciones como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ha realizado en Colombia durante ya largos años, expreso mi más decidida y sentida solidaridad en estos momentos, en que es objeto de un oportunismo morboso de los medios de comunicación y de una perversa campaña de la institucionalidad estatal, que busca restar la responsabilidad del Estado colombiano en cientos de crímenes como la Masacre de Mapiripán; así como también formulo el más respetuoso llamado a las organizaciones que integran el Movimiento Popular en el país, a rodear de su apoyo a los destacados juristas que la conforman.
Igualmente me permito formular un llamado al Movimiento Popular y Democrático del país, para estar alerta ante los despropósitos que el conservadurismo reaccionario pretende imponer al Estado Social y Democrático de Derechos que instituyó el Constituyente de 1991, a través de la reforma constitucional a la justicia que se tramita en el Congreso de la República, como es el de revisar los efectos garantistas de la Acción de Tutela, privatizar la administración de justicia, elevar a presunción de constitucionalidad los privilegios espurios del “fuero militar”, a cuyo amparo se podrán suceder -como en otras épocas-, las mayores afrentas a los miles de víctimas de crímenes de Estado, que de prosperar en la táctica del pupitrazo, tal como aconteció el pasado 8 de noviembre en la Plenaria del Senado, quedarán en la impunidad.
