La Corporación Reiniciar, peticionaria del Caso Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresa públicamente las siguientes consideraciones respecto de la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia que revoca la declaratoria del crimen de lesa humanidad de los homicidios de Alfonso Cujavante y otros miembros de la Unión Patriótica, efectuada por la Sala de Justicia y Paz de Medellín en el marco de la condena del paramilitar José Ignacio Roldán, alias monoleche:

Bogotá D.C., Marzo 04 de 2016. La Corporación Reiniciar entiende que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Seccional basado en que el Tribunal de Medellín dejó de “exponer las razones que lo llevaron a declarar los homicidios de miembros de la Unión Patriótica como crímenes de lesa humanidad, aunado a que los homicidios referidos no fueron objeto de investigación, ni tampoco confesados por el postulado”, revoca tal declaratoria respecto de los casos de Alfonso Cujavante y otros miembros de la Unión Patriótica, por considerar que “no son objeto de juzgamiento en este proceso, no fueron imputados, mucho menos confesados como de autoría del postulado Roldan Pérez por lo que no puede emitirse ningún juicio de valor sobre esos hechos”.

La Corte Suprema en esta sentencia no afirma ni desconoce que los crímenes contra la Unión Patriótica sean de lesa humanidad, sólo llama la atención respecto de que, no obstante que varios casos de la Unión Patriótica han sido declarados crímenes de lesa humanidad, tal declaratoria “debe hacerse al interior de cada proceso, a efectos de que las partes involucradas puedan ejercer el correspondiente derecho de contradicción”. Es decir, ordena respetar el debido proceso.

Lamentablemente los medios de comunicación han tergiversado el sentido de la sentencia aumentando la incertidumbre de las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica, a lo que se suma que la Corte Suprema de Justicia no haya aclarado el sentido de su decisión, contribuyendo con ello a establecer estrategias negacionistas, que no buscan el esclarecimiento sino un impacto mediático.

Ante esta situación, la Corporación Reiniciar recuerda que los debates en el Congreso de la República, previos a la aprobación de la ley 589 de 2000, donde se discutía, entre otros, la tipificación del delito de genocidio estuvo alimentado por el reconocimiento de que en Colombia existía un genocidio por razones políticas ejecutado contra la Unión Patriótica. Esta es la razón histórica por la cual, la legislación colombiana incluyó de manera más amplia a la forma como se define a nivel internacional, el genocidio por motivos políticos.

El genocidio cometido contra la Unión Patriótica, es decir, la eliminación física progresiva y sistemática de sus dirigentes y de sus militantes, el ataque reiterado y generalizado a sus sedes, las amenazas sistemáticas a los miembros de este partido político, las desapariciones forzadas de sus militantes y dirigentes regionales, los desplazamientos y exilio forzado de muchas personas que tenían un rol relevante en el fortalecimiento de una expresión distinta y alternativa a los partidos tradicionales, el enjuiciamiento arbitrario e infundado que impidieron el ejercicio del poder obtenido en las regiones, el despojo de la personería jurídica, unido a una campaña de estigmatización con la cual se sigue justificando el exterminio de la Unión Patriótica, tiene un nombre propio: GENOCIO POR RAZONES POLÍTICAS.

El genocidio contra la Unión Patriótica se encuentra en la impunidad. La justicia colombiana, en general, se ha empecinado en dirigir investigaciones descontextualizadas y aisladas que no dan cuenta de lo realmente ocurrido a las víctimas del genocidio con lo cual ha contribuido a la negación de lo ocurrido y con ello a la repetición de hechos de esta naturaleza.

Es hora de que la rama judicial de este país cumpla su papel, especialmente en este momento histórico, llamando las cosas por su nombre, afrontando una respuesta efectiva de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la Unión Patriótica y para la sociedad colombiana. Esto no lo podrá hacer si sigue de manera incoherente, descoordinada y mediática, denominando públicamente de maneras distintas el Genocidio político de la U.P., sin ninguna consecuencia real en términos de esclarecimiento.