Recordamos al gobierno colombiano las obligaciones que en materia de derechos humanos tienen con los ciudadanos Colombianos, en específico la necesidad de garantizar el desarrollo de la protesta social como fundamento democrático para la resolución de los graves problemas sociales y económicos que se incrementaron con la puesta en marcha de los tratados de libre comercio (Tlc´s) , pero sobre todo ante la ineficacia de las políticas públicas implementadas para dar solución y efectividad a los derechos sociales, económicos y culturales.
Hacemos un llamado de emergencia en materia de ddhh, a la comunidad internacional, derivado de la orden adoptada por el Presidente Santos de militarización de las zonas rurales y urbanas en el país, para responder a las grandes movilizaciones pacíficas realizadas desde los sectores sociales en Paro Nacional. Las necesidades y derechos del país, no se solucionan con represión y militarización en contra de civiles ya que afectan gravemente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Exigimos que sean retiradas de manera inmediata las Fuerzas Militares y en especial el Ejército Nacional, en el control y solución de los conflictos sociales.
Solicitamos respeto para los manifestantes y garantías jurídicas plenas para el ejercicio de la protesta social. Requerimos investigaciones eficaces a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en relación con las personas que han resultado gravemente golpeadas y lesionadas por miembros de la Fuerza Pública, y rechazamos la muerte ocasionada a civiles que protestaban pacíficamente. Requerimos la liberación de las personas judicializadas por participar en las jornadas de movilización popular.
Es obligatorio para el gobierno nacional respetar el Estado Social de Derecho en Colombia, y para ello debe ordenar de inmediato que las fuerzas militares y policiales, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), dejen de agredir de manera ilegítima a la población civil. Solicitamos el desmonte de este cuerpo represivo y el exceso en el uso de la fuerza.
Los sectores y miembros del CPDH, solicitamos la instauración de una comisión nacional que facilite acuerdos entre el gobierno nacional y los sectores que participan en el Paro Nacional Agrario y Popular, la cual sugerimos este conformada por la Iglesia Católica, el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión de Paz del Congreso de la República, que intermedie a fin de encontrar una solución a la actual crisis social y económica, verificando entre otras la grave situación de derechos humanos.
