Según los líderes del corregimiento de San José de Apartadó, Urabá antioqueño, la cercanía de la base militar a la escuela y al casco poblado que viola la Ley 1098 (ley de infancia y adolescencia) en lo referente a la protección de los niños y las niñas en los artículos 7, 10, 11, 20, también viola el Derecho Internacional Humanitario.

Estamos ante la oportunidad de la paz como nunca había ocurrido en décadas de intentos de ponerle fin al largo ciclo de violencia y confrontaciones armadas en Colombia y por ello es fundamental el pronunciamiento de muchos a favor de las conversaciones y en respaldo a las acciones colectivas y múltiples manifestaciones ciudadanas que exigen mantener la mesa sin pausa y detener la violencia y la guerra. Los movimientos sociales que adelantan sus propias acciones de legítima protesta social también se han pronunciado en este sentido. La voluntad mayoritaria de paz que se expresó el 15 de junio de 2014, segunda vuelta presidencial, no puede frustrarse.

Si se trata de buscar una ilustración práctica de los nexos entre libre comercio, tortura y muerte, Colombia es el modelo más brutal, como lo ejemplifica lo que sucede por estos días, y desde hace varios años, en el Puerto de Buenaventura, en el Océano Pacífico. Sin embargo, no debe suponerse que este es un hecho aislado, circunstancial y producto de la delincuencia o de los “violentos” en abstracto, como suele presentarlo la falsimedia criolla. De ninguna manera, Buenaventura es sólo una muestra a pequeña escala del terror que acompaña la imposición de casi dos decenas de Tratados de Libre Comercio entre Colombia y el resto del mundo.