Durante el debate abierto sobre niñez y conflicto armado celebrado el 18 de junio de 2015 en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 2225 (2015) donde se pide hacer mayor vigilancia, monitoreo y reporte “sobre las partes en conflicto armado que, en contravención del derecho internacional aplicable, tomen parte en esquemas de secuestros de niños en situaciones de conflicto armado”.

En lugar de “claridad”, “precisión” y “garantías” de no impunidad, lo que se ha obtenido es una enorme confusión y falta de precisión sobre las normatividad aplicable, sobre la vigencia o no derechos humanos internacionalmente reconocidos en las actuaciones de la Fuerza Pública, dudas sobre si la aplicación de una interpretación del derecho internacional humanitario que despenaliza la mayor parte de las conductas perpetradas por la fuerza pública – incluidos los falsos positivos-, se aplicará solo hacia futuro o si habrá una aplicación retroactiva de estas mismas normas, dejando a las miles de víctimas de estos crímenes sin la posibilidad de invocar las protecciones que los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos les garantizaban hasta antes de la aprobación de esta reforma.