No respaldamos al gobierno Santos. Por sus políticas y planes económicos, políticos y sociales, lo consideramos un enemigo de los trabajadores del país. Tampoco respaldamos a las FARC, ni tenemos nada que ver con su estrategia de lucha guerrillera y sus errados métodos para, supuestamente, enfrentar la opresión, la anti-democracia o la explotación del régimen bajo el cual vivimos todos los colombianos

Queremos manifestar a las comunidades cristianas, al pueblo de El Salvador, a nuestros hermanos del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, SICSAL, a los diversos Comités Oscar Romero, a los hombres y mujeres que han reconocido el valor del ejemplo, nuestra alegría por este merecido reconocimiento a quien entregó la vida por sus mismos hermanos.

A pesar de que Colombia aprobó la Convención contra la tortura a través de la ley 70 de 1986 y las actividades de supervisión del cumplimiento de ésta, no ha efectuado la declaración contenida en el artículo 22 para reconocer la competencia del Comité de recibir comunicaciones individuales, como tampoco ha ratificado el Protocolo facultativo de dicha Convención que establece un sistema de visitas periódicas a los lugares donde se encuentren personas privadas de la libertad. A través de estos mecanismos el Comité podría hacer un seguimiento de las recomendaciones que ha dado al Estado y de los compromisos que el mismo ha adquirido en la lucha contra la tortura y así, lograr disminuir la impunidad que impera en Colombia frente a la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.