Queda claro que el magistrado no entendió el mensaje que fundamenta nuestra consulta popular, los grupos organizados enviamos un SOS porque planteamos que esos derechos fundamentales, a los cuales declaramos Sagrados, Supremos, Autónomos y Colectivos, deben primar antes los conflictos que nos está generando toda esta locomotora minero-energética y el extractivismo en general. Nuestro fundamento no radica en el NO a la minería, radica en que la Vida, el Agua y el Territorio como derechos Sagrados, deben primar antes los conflictos socio-ambientales y la arbitraria declaración de Utilidad Pública e Interés Social de todos estos megaproyectos que amenazan con nuestro sustento de vida y la permanencia en el Territorio.

Manifestaron preocupación por la difícil situación de derechos humanos que atraviesa el movimiento social en Colombia, la reparamillitarización de todos los territorios y el total desacuerdo con la actual agenda legislativa que se adelanta en el Congreso, la cual está en contravía de todos los sectores rurales y populares; particularmente el Plan Nacional de Desarrollo y la iniciativa de ley de Baldíos.

La inmunidad diplomática de la cual gozan los militares estadounidenses, contemplada en un acuerdo bilateral suscrito entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos en el año 1974, con base en la Convención de Viena de 1961, origina la impunidad que se ha dado en estos casos. Esta inmunidad, que cobija a agentes, acreditados y no acreditados e incluso a sus familiares, permite el traslado de estos procesos a Estados Unidos donde deben ser investigados pero cuyos procesos no arrojan ningún resultado en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas.