El dictamen de Medicina Legal establece que la muerte del líder del Congreso de los Pueblos, Carlos Pedraza, fue producida por “proyectil de arma de fuego [causando] una lesión que se ubicó a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia adelante (…) y realizada con un arma de baja velocidad”. Esta evidencia confirma la hipótesis de que su asesinato constituye un crimen político en un contexto en el que líderes sociales -entre los que se encuentran sus compañeros más cercanos- fueron amenazados de muerte. El gobierno fue alertado sobre el riesgo que corren ciudadanos a los que debe garantizar su integridad, pero eligió ignorar los llamados de atención y en cambio habilitó, con su silencio, un contexto favorable al accionar criminal que se extiende hasta estos días.

La Corte Constitucional fallo una sentencia de tutela sobre objeción de conciencia a la prestación de servicio militar obligatorio, donde reitera su jurisprudencia y ordena al ejército a realizar acciones tendientes a que sea de público conocimiento las causales de exhoneración del servicio militar incluyendo la objeción de conciencia, y que se abstenga de realizar las conocidas batidas. Lea aquí la sentencia completa.

Por su parte el vigoroso movimiento social colombiano expresa sus anhelos de paz en movilizaciones y en los pocos escenarios de participación abiertos para la sociedad civil. Encabezado por el movimiento campesino, indígena, estudiantil, sindical y popular, se apresta a “ganar en las calles no lo que se acuerde en La Habana”, avisando del agudizamiento del conflicto social como respuesta a la pobreza, a la exclusión, al trabajo basura, en un país que crece a tasas superiores al 4,5% pero sigue siendo uno de los más desiguales del mundo.