Llama la atención que en diferentes oportunidades el presidente Gustavo Petro, le ha solicitado al presidente Nicolás Maduro de Venezuela que se reintegre al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Maduro ordenó el retiro de Venezuela en 2013, tras acusar a sus dos órganos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, de estar capturados y al servicio del imperio de los Estados Unidos, en contra de gobiernos progresistas de la región.

Como uno de los representantes del presidente Petro ante la CIDH y la Corte IDH, fui testigo de primera mano de cómo el SIDH protegió sus derechos políticos, amenazados por el exprocurador Alejandro Ordóñez. También vi a un líder que, más allá de su propio cargo o pellejo político, estaba defendiendo unas convicciones democráticas profundas. Eso mismo que yo observe es lo que está demostrando con acciones hoy como presidente. Y ningún caso es más elocuente que el de presionar al régimen autoritario de Venezuela a que retorne a los parámetros que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Petro ha aprovechado varios  de los espacios multilaterales y bilaterales para extender su invitación. Lo hizo en Nueva York, el 21 de septiembre de 2022, en un evento que   coincidió con la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reiteró en un acto de gobierno en Cúcuta, el 27 de octubre de 2022, y en la cumbre de presidentes de la CELAC, en Argentina. Si el SIDH es “anti-progresista” como dijo Maduro, ¿cómo se explica la posición del mandatario colombiano? Es probable que entre los factores que influyen está su propia experiencia.

El presidente Petro está agradecido con el SIDH, porque debido a la actuación de la CIDH, pudo continuar y terminar su periodo como alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015. Posteriormente, en agosto de 2018, la Corte IDH obligó al Estado colombiano a adecuar su normativa sobre la remoción de oficiales de elección popular a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos dos órganos del SIDH, los mismos que criticó Maduro, fueron claves para que hoy Petro sea el presidente de los colombianos. Él mismo, en señal de reconocimiento, ha sostenido que “Yo soy presidente gracias a ese Sistema”.

El 16 de enero de 2013 Ordóñez le abrió una investigación disciplinaria a Petro por el tema del cambio de la política de las basuras, lo destituyó e inhabilitó por 15 años en diciembre de 2013. La Corte IDH, en sentencia del 8 de julio de 2020, le ordenó al Estado reformar el Código Disciplinario con el fin de eliminar la potestad de un funcionario administrativo de “destituir” e “inhabilitar” a personas elegidas con el voto popular, por violar los derechos políticos. La sentencia tuvo como  antecedente jurisprudencial el caso López Mendoza vs. Venezuela en sentencia emitida el 1 de septiembre de 2011 -caso que respaldó los derechos de un reconocido líder de la oposición venezolana que se enfrentaba con Maduro-.

La invitación que hace Petro a Maduro no es  caprichosa ni aislada. También en la cumbre de la CELAC el presidente colombianoenfatizó que estas instituciones, producto de un tratado liberal, “no permite[n] que se le violen los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana sino es por sentencia de un juez penal”.  Hablando de la situación actual en el Perú, argumentó que “es hora de que el Sistema Interamericano, puesto al orden del siglo XXI más poderoso, permita que aquí haya un Pacto Democrático en donde las derechas y las izquierdas, no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante”.

Al regreso de la cumbre, Petro  recibió en la Casa de Nariño a Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH. El encuentro marca una diferencia clave con su antecesor, Iván Duque, quien nombró a Ordóñez como su embajador ante el SIDH y presidió al país mientras alrededor de 50 civiles fueron asesinados durante la represeión a las protestas del Paro Nacional de 2021. Extrañamente,  dentro del establecimiento esas acciones nunca suscitaron las preocupaciones por las credenciales democráticas que genera Petro.

El encuentro de Petro con Mantilla Falcón y su delegación tenía el fin de acordar un mecanismo en la CIDH y el gobierno para monitorear el cumplimiento de las 41 recomendaciones contenidas en el informe de su visita previa al país en junio de 2021, en medio de grandes protestas populares. Fue otra muestra del interés y compromiso del actual gobierno con los derechos humanos, concretamente con liberar a la personas detenidas en el paro y las protestas durante el gobierno de Iván Duque.

Hay más. Al principio de enero, la cancillería de Colombia, junto con la de Chile, radicaron una solicitud de opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos fundamentales frente a las consecuencias del cambio climático. El 30 de noviembre de 2022 Petro pidió perdón en nombre del Estado, y con verdadera sinceridad, a las víctimas de las dos masacres infames cometidas en La Granja y El Aro por paramilitares. El mandatario presidió el acto de reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón en cumplimiento de una sentencia de la Corte IDH. En adelante, le tocará a Petro cumplir con más sentencias de la Corte, incluyendo la que lleva su nombre.

Su gobierno ha mostrado que intenta acatar las decisión, a pesar de que él será presidente durante el nombramiento de la próxima persona que ocupe la Procuraduría. El primer artículo del proyecto de acto legislativo de la reforma política dispone que: “Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, modificando el artículo 40 de la Constitución Política. La reforma ya fue aprobada en primera vuelta. Falta la segunda vuelta que deberá surtirse en el primer semestre del presente año.

Tomadas en su conjunto, las acciones hasta la fecha del gobierno de Petro indican un compromiso con el SIDH, y por ende con los derechos humanos y la democracia que trasciende del discurso para concretarse y consolidarse en hechos. Se basa en el reconocimiento del valor de los organismos regionales para la protección de derechos humanos, seguramente nutrido por la experiencia propia.  Una praxis compartida por miles de personas que han tenido que acudir a estas instituciones cuando las nacionales les han fallido.

La invitación a Maduro se puede entender en este sentido, y  va más allá. Refleja una visión de América Latina unificada en la búsqueda de un futuro con instituciones fortalecidas, y por tanto con mayor capacidad de prevenir los patrones persistentes de graves violaciones de derechos humanos e impunidad que tanto daño han hecho a nuestros pueblos.