Aún cuando la corrupción es un fenómeno que de vieja data viene afectando a la sociedad colombiana, las noticias referentes a ella se han incrementado exponencialmente en los últimos meses en Colombia. La opinión se mueve entre el asombro, el asco y cierto cansancio ante la oleada de acontecimientos dañinos a la ética pública. Sería interminable la lista de hechos gravísimos de desangre al erario y de socavamiento de la moral administrativa que se han dado a conocer recientemente.

Mencionemos solamente los de mayor relevancia en relación con la justicia, que llevan a pensar en la necesidad de una verdadera cirugía en la rama del poder que había permanecido relativamente intacta frente a estos fenómenos cuya metástasis se creía afectaba principalmente al ejecutivo y al legislativo.

Recordemos el clientelismo judicial y la puerta giratoria en las altas cortes, que llevó a la anulación de los nombramientos de Francisco Ricaurte y Pedro Munar en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, así como a la nulidad de la segunda elección del entonces Procurador Alejandro Ordóñez, todos por violación del artículo 126 de la Constitución Política, norma que precisamente prohíbe el nepotismo y las cadenas de favores entre nominadores y nominados en todos los niveles de la administración pública.

La situación de la Fiscalía es capítulo aparte. No se sabe nada de las investigaciones (si es que las hay) por el favorecimiento con contratos amañados en el período de Eduardo Montealegre, quien solamente a la señora Natalia Lizarazo (para efectos contractuales Springer, porque un apellido extranjero permite un cobro mayor) dio contratos por cerca de cinco mil millones de pesos por trabajos de dudosa calidad y casi nula utilidad han sido cuestionados por académicos imparciales. Pero no es solamente corrupción el manejo de los dineros sino que en esa categoría también entran, para citar dos ejemplos importantes, la inactividad en que cayó el caso Saludcoop, EPS en la que el peculado es billonario, y el proceso más trascendental de los llamados falsos positivos cual es la imputación al general Mario Montoya, el militar de más alto rango implicado en ese tipo de ejecuciones extrajudiciales. Ninguno de los dos se movió en los cuatro años de ese fiscal ni ha dado señales de vida en lo que va corrido del mandato del actual orientador del ente acusador.

La llegada de Néstor Humberto Martínez, de entrada estaba teñida de dudas sobre la conveniencia y moralidad de su designación. Su carácter de abogado personal de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de superministro del gobierno Santos no eran ninguna garantía de imparcialidad, a lo que su unía su militancia política en el partido Cambio Radical, lo que en el mejor de los casos lo tenía que llevar a declararse impedido en las numerosas investigaciones que se adelantaban o se podían iniciar contra directivos de las empresas de Sarmiento, altos funcionarios del ejecutivo o dignatarios de ese partido implicados en investigaciones penales.

La Fiscalía viene manejando lo relacionado con los contratos para la construcción de un tramo de la ruta del sol y para el dragado del río Magdalena que involucran sociedades del grupo Sarmiento Angulo en consorcio con Odebrecht que fueron producto de sobornos y están teñidos de corrupción tan escandalosos como la concesión de un préstamo multimillonario a esta firma por parte del Banco Agrario.

No obstante los vínculos que tuvo el doctor Martínez con esas sociedades antes de su ingreso a la Fiscalía, no se declara impedido, no hay transparencia en el manejo de las investigaciones y no es muy claro por qué el alto funcionario se ha apresurado a descargar la responsabilidad únicamente en la firma brasileña y rápidamente exculpa a las sociedades de Sarmiento Angulo, a pesar de que las normas legales establecen claramente que en los consorcios todos sus integrantes tienen los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades.

Más grave aún, ni siquiera se investiga por qué cincuenta mil millones de los ciento veinte mil que formaban el ilegal préstamo concedido por el Banco Agrario, fueron destinados por Odebrecht a pagarle a su consorciado Valores y Contratos S.A. si se supone que el empréstito era para concluir las obras. Para colmo de las ironías, la segunda de las firmas mencionadas se constituye como “víctima” (¡!!) en el proceso.

La situación generada por la captura del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, es entonces la gota que llenó la copa de la corrupción en esa entidad y no puede limitarse a las explicaciones de cómo se descubrieron las andanzas de este personaje. El Fiscal General debe asumir su responsabilidad política y explicar cómo fue posible que se nombrara para tan delicada responsabilidad a un abogado cuya hoja de vida lo hacía el menos indicado para dicho cargo.

De paso debe aclarar lo relativo a la fiscal Niño, de la Unidad de Justicia y Paz, capturada por recibir dinero de los paramilitares y cuál es la razón para que se haya destituido al funcionario que unificó los 2500 procesos que se adelantan por despojo de tierras en Urabá por parte del clan Castaño, que implican al exmagistrado Jorge Pretelt Chaljub y que ahora están prácticamente paralizados, así como el oscuro papel de la Unidad de Investigación Criminal para la Defensa -UID-, firma privada que ha apoyado a los abogados en los casos Nule, La Gata, Odebrecht, hermanos Uribe-Moreno, etc y que tiene contratos con la Fiscalía, Ejército y otras entidades públicas para capacitación investigativa y forense. De esa empresa salió el jurista Mahjer Abuchijab, que venía de realizar trabajos conjuntos con Moreno, para pasar a ser asesor del despacho de Néstor Humberto Martínez, sin que hasta el momento haya conjugado el más que apropiado verbo renunciar.

Es evidente que el escándalo Moreno no se limita al debate sobre cómo se le reclutó y cómo fue posible que solamente se detectaran sus actividades delictivas cuando intervino la DEA. Claramente forma parte de un entramado mayor de clientelismo y podredumbre en el que salen a relucir influencias de los magistrados de las cortes en las decisiones de la Fiscalía que sugieren un nada sano intercambio de favores. Baste mencionar que ocho de los auxiliares de los magistrados que eligieron a Néstor Humberto Martínez fueron designados por éste como fiscales delegados precisamente ante la Corte Suprema.

Estas situaciones le dan la razón a quienes vienen clamando por una reforma profunda en la justicia que le quite a las altas cortes la función electoral, garantice la independencia de la rama y elimine el clientelismo en su interior, además de asegurar a los ciudadanos una pronta y cumplida justicia. Así mismo, es relevante que se discuta el uso del polígrafo que a pesar de no ser confiable (supuestamente Moreno fue el único de los aspirantes que superó esa prueba) ha venido convirtiéndose en un instrumento para la contratación de personal y para otras decisiones administrativas, así como la injerencia de las autoridades estadounidenses en nuestras instituciones de investigación y penitenciarias.

La dudosa y oportuna incapacidad por enfermedad en la columna del doctor Martínez en los momentos más duros del escándalo (que no le impidió aparecer muy erguido poco después en la Corte Constitucional para atacar la JEP), la opacidad con la que ha manejado esta situación y su denuncia con tinte intimidatorio contra el senador Robledo por injuria y calumnia han terminado por deslegitimar su gestión a tal grado que hacen necesario su paso al costado para que no perjudique más la institución que representa.

Es hora de pensar en los más altos intereses de la justicia y del país.