24 de mayo de 2021. La Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en representación de la familia del candidato presidencial Carlos Pizarro Leóngómez, solicitamos al Fiscal General Francisco Barbosa revocar la decisión que ordenó trasladar el proceso y cambiar el fiscal que adelantaba la investigación por este magnicidio. Esta solicitud se basa en que su decisión es injustificada, obstaculiza el avance de la investigación y atenta contra los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia en un caso que después de 31 años sigue en la impunidad.
Con una resolución emitida el pasado 5 de mayo, que no nos fue informada, la Fiscalía General de la Nación retiró del caso al fiscal Mauricio Javier Ponce Mena, titular del Despacho 20 Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos, quien adelantaba la investigación desde hace siete años, y en su lugar se asignó al fiscal Hugo Alexander Tovar Pérez, adscrito a la dirección especializada contra violaciones a los derechos humanos.
Nuestra solicitud de que el Fiscal Ponce reasuma la investigación la sustentamos en su trayectoria y experiencia en el grupo temático de magnicidios, además de sus conocimientos sobre los patrones criminales que los caracterizan y de este expediente en particular, que hoy cuenta con más de cien cuadernos y 25.500 páginas. El nuevo fiscal asignado tendría que entrar a conocer a fondo este voluminoso expediente con el correspondiente retraso en las investigaciones que tomaron un indudable impulso en cabeza del Fiscal Ponce.
Cabe recordar que por el magnicidio contra el candidato presidencial del partido Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, cometido el 26 de abril de 1991, fueron condenados en 2002 los paramilitares Carlos Castaño Gil y Fidel Castaño Gil, luego de lo cual la investigación estuvo paralizada durante doce años, hasta 2014 cuando le fue asignada al Fiscal Ponce.
Para 2017, este fiscal ya había remitido a juicio al ex escolta del DAS Jaime Ernesto Gómez, llamado a indagatoria a Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección del DAS y Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de la entidad, así como compulsado copias a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia para investigar al exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en el magnicidio.
El caso del magnicidio contra el candidato presidencial fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019 y en su escrito de admisión, el organismo recordó que: “el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal y que, éste constituye una vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes”. Además, “que, como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa”.
Tal y como lo expresamos en nuestra solicitud, está en curso una investigación contra máximos responsables en la cúspide de un aparato organizado de poder, con líneas investigativas que, por las razones expuestas, no podrá asumir con la misma eficacia otro funcionario. Por tanto, existe una gran amenaza en detrimento de los derechos de las víctimas que se está materializando con la decisión única de reasignación, ya ejecutada por la Fiscalía. Esta determinación entonces impondrá dilaciones en el desarrollo de la investigación y, a su vez, afectará la efectividad y seriedad de la misma.
Es así como la decisión de la Fiscalía de Barbosa es contraria al Código de Procedimiento Penal (Ley 600), al no haber sido notificada a las partes y agraviar a las víctimas por las consecuencias para el caso, a la Constitución Política que protege los derechos al debido proceso y las garantías judiciales, Art. 29, al acceso a la justicia, Art. 229, pero también a la Convención Americana que en sus artículos 8 y 25 contempla las garantías judiciales.
Las víctimas y la sociedad colombiana reclaman verdad y justicia en los casos que han marcado la historia de violencia en Colombia. El magnicidio de Carlos Pizarro tiene una trascendencia histórica indudable, por lo que amerita asegurar las mejores decisiones por parte de los funcionarios encargados de administrar justicia.
