El pasado 11 de agosto, la sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió expulsar de esta jurisdicción al general Iván Ramírez Quintero, por no aportar verdad en el caso del Palacio de Justicia. “El general (r) Ramírez Quintero incluso manifestó su deseo de eludir el proceso dialógico con participación de las víctimas y pasar directamente a un juicio adversarial” señaló la JEP en su comunicado1.
Iván Ramírez Quintero era Teniente Coronel para la época de los hechos del Palacio de Justicia, y se desempeñaba como comandante del comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia –COICI-, del Batallón Charry Solano de la Decimotercera Brigada del Ejército Nacional. En justicia ordinaria, está investigado por las torturas de al menos 14 personas, entre ellos los estudiantes Eduardo Mattson y Yolanda Santodomingo, y fue absuelto en segunda instancia por secuestro y desaparición forzada de las personas de la cafetería que salieron con vida, esto pese a múltiples testimonios y pruebas sobre su papel como comandante en la detención y traslado de personas a manos de militares del Batallón Charry Solano bajo su mando.
Cabe recordar que, en 2009, la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó de secuestro y desaparición forzada agravada a Iván Ramírez Quintero, y luego, el 5 de octubre del mismo año, el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá asumió el proceso en su contra, así como contra el Coronel (r) Fernando Blanco Gómez y el Sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno como presuntos coautores del delito de Desaparición Forzada Agravada.
El proceso fue remitido a los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá donde se tramitó “un conflicto de reparto”. Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, fue asignado al Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que adelantó el juicio entre el 5 de octubre de 2009 y el 26 de enero de 2011, que culminó con el fallo absolutorio y la libertad de Ramírez y los otros procesados.
La Fiscalía del caso y las víctimas apelaron la decisión, pero el Tribunal Superior de Bogotá no ha resuelto el recurso después de 10 años por lo que recientemente, representantes de víctimas recusaron, es decir, solicitaron que se aparte del caso al magistrado Hermens Darío Lara Acuña2.
El abogado de Victimas, Eduardo Carreño Wilches, aseguró que con la expulsión del Gral. Ramírez de la JEP para el caso de los hechos del Palacio, es necesario que el Tribunal Superior de Bogotá avance sin más dilaciones en resolver el recurso de apelación en favor de los derechos de las víctimas y señaló que, aunque Ramírez sigue sometido a la JEP por el caso UP, también debe estudiarse su exclusión si continúa sin aportar verdad y negando su responsabilidad en los hechos que se le imputan.
Ya la JEP se había pronunciado solicitando que la justicia ordinaria dictara sentencia en el caso de desaparición forzada y que la Fiscalía continuara con la investigación en el caso de las torturas que comprometen la responsabilidad de Ramírez y de otros comparecientes. La JEP también aclaró que el procedimiento adversarial, o juicio en la JEP, solo se puede adelantar con posterioridad a un intercambio dialógico o de aportes a la verdad que muestre la disposición de contribuir a los objetivos de la justicia transicional.
- La JEP también condicionó el sometimiento del mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez, el teniente (r) Gustavo Arévalo Moreno y el sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón, y los convoca a “comparecer en audiencia pública con participación de víctimas y del Ministerio Público para hacer un aporte efectivo a la verdad plena”.
- El magistrado Lara también fue autor del salvamento de voto en favor del Coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Vega cuando fue condenado en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. Posteriormente, Plazas Vega fue absuelto en la Corte Suprema de Justicia por dos de las desapariciones forzadas. La justicia no ha avanzado en la investigación sobre la responsabilidad de Plazas en los otros nueve casos de desaparición forzada.