En los últimos ocho años hemos asistido a toda suerte de escándalos e interinidades en la Fiscalía General de la Nación. Han pasado por el ente investigador tres fiscales encargados y tres titulares, estos últimos, rodeados de grandes cuestionamientos: Luis Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, quienes paso a paso han ido convirtiendo la institución en un proyecto político más que un ente jurídico.
Buena parte de esta catástrofe, para un país que requiere un organismo de investigación independiente y eficaz, radica en el origen de la nominación del cargo de Fiscal General de la Nación por parte del Presidente de la República. Esto, sin duda, convirtió a la entidad en un apéndice del Ejecutivo, pese a que estructuralmente, la Fiscalía hace parte del poder judicial, del cual se predica la autonomía como su baluarte.
El actual Fiscal General, Francisco Roberto Barbosa Delgado, fue ternado por Iván Duque, de quien fue Consejero Presidencial y amigo de aulas. Con un recorrido de 25 años en el sector público, pero solo con un año de experiencia en el ente acusador, Barbosa se atribuye la calidad de ser el profesional más calificado entre su generación, pero los bajos resultados de su gestión no respaldan su afirmación.
Las investigaciones de los homicidios de líderes sociales y de excombatientes, o la de campesinos e indígenas en las más de un centenar de masacres ocurridas entre 2020 y 2021, no arrojan resultados en materia de identificación de los autores de los delitos ni de patrones de macro criminalidad detrás de los hechos. Escasos son también los avances en procesos por la “Neñepolítica” y otras actividades criminales de clanes regionales como los Aguilar, Pulgar, Char, etc. Otro tanto ocurre con las denuncias de vínculos de altos dirigentes políticos con el narcotráfico, escándalos de corrupción y desfalco público como HidroItuango, Chirajara, Reficar u Odebrecht, o la responsabilidad de altos mandos militares por ejecuciones extrajudiciales, las compulsas por financiadores del paramilitarismo, entre otras, en los cuales sus resultados son prácticamente nulos.
Todo esto sin mencionar la posición adoptada por el Fiscal delegado a cargo del procesamiento del expresidente Uribe de actuar notoriamente al servicio de los intereses de su defensa, y su más reciente e insólita actuación de solicitar la repetición de más de 100 pruebas ya efectuadas por la Corte Suprema de Justicia en el caso por manipulación de testigos que pasó del alto Tribunal a la Fiscalía de Barbosa. Un intento más del uribismo por eludir la acción de la justicia.
A este lamentable balance se suman la creciente percepción de inseguridad en el país, la falta de de una sólida política de investigación, el turismo al que se ha dedicado el Fiscal con su familia en abuso de sus funciones, el cual se inició con el recordado viaje a San Andrés Islas en medio del aislamiento obligatorio por Covid-19 y siguió con otro al Tolima, así como su talante autoritario y soberbio, por el que ha recibido innumerables críticas. Esto, sumado a su poca experiencia y trayectoria en el derecho penal, ha terminado por minar la confianza de la ciudadanía en la entidad.
El panorama interno de la Institución no es más alentador. En los últimos días las organizaciones sindicales que hacen presencia en la Fiscalía han denunciado públicamente los traslados y reubicaciones interesadas e injustificadas de funcionarias y funcionarios de la entidad. Esto necesariamente implica la reasignación de los procesos, la alta rotación en los cargos de dirección del ente investigador, una provisionalidad en los cargos cercana al 80% de los servidores de la entidad, y el hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata -URI-. Además, la falta de canales de comunicación con los funcionarios y empleados y la implementación de un nuevo proyecto de reestructuración, pese a que cada nuevo Fiscal viene creando o suprimiendo cargos a su amaño, lleva a que no se solucionen los problemas de fondo de la institución, como la falta de investigadores y de recursos suficientes para que los fiscales puedan cumplir su labor.
El anunciado programa de la Fiscalía en los territorios, por otra parte, no pasa de ser algo parecido a un eslogan de campaña más que a cambios en los presupuestos o recursos disponibles para las regiones, algo curioso para un funcionario que no ostenta un cargo de elección popular. Entre tanto campean el delito y la impunidad en regiones como el bajo Cauca Antioqueño, la zona del Catatumbo y los departamentos de Cauca y Nariño, las más abandonadas y donde se registran el mayor número de masacres durante el primer año de Barbosa al frente de la entidad.
La independencia de la justicia requiere de una Fiscalía independiente. En el mediano plazo, se hace necesaria una reforma estructural que permita la selección del Fiscal General mediante un concurso de méritos y postulación a cargo por parte de una entidad independiente del Ejecutivo, libre del amiguismo o las agendas electorales.
De igual forma, las organizaciones de la sociedad civil que hacemos parte de la campaña por la independencia judicial #NadiePorEncimaDeLaJusticia, hacemos un llamado al país, y en especial a su nominador, la Corte Suprema de Justicia, para que se evalúe la gestión del actual Fiscal General, Francisco Barbosa, y en particular para que se revise la politización a la que ha sometido las funciones de investigación y acusación de la entidad, utilizándolas para perseguir opositores y líderes sociales y favorecer a personas cercanas implicadas en graves crímenes, mientras que es evidente la inoperancia de sus políticas institucionales y, por ende, de resultados en las labores investigativas de la institución.
La gestión de Barbosa ha favorecido la pérdida de independencia de la justicia de una de las principales instituciones de la administración de justicia en Colombia, impidiendo una lucha real contra la criminalidad, en aras de beneficiar a unos pocos. Por ello debe responder ante la ciudadanía.
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
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