Sábado 24 de diciembre de 2011

Abogados sin Fronteras (“ASF”), Abogados sin Fronteras Canadá (“ASFC”), la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (“CAJAR”) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (“FIDH”) toman nota de la publicación del Informe de Actividades sobre Examen Preliminar (el “Informe”) publicado el 13 de diciembre de 2011 por la Oficina del Fiscal (OTP por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional (“CPI”). Las organizaciones mencionadas están especialmente interesadas en la sección sobre Colombia, ya que se enmarca en el ámbito de sus actividades apuntando a fortalecer y promover el sistema de la CPI en ese país.

Dichas organizaciones resaltan que la situación en Colombia ha estado bajo examen preliminar desde 2006 y que varias organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como internacionales han solicitado reiteradamente que se abra una investigación, a la luz de lo que consideran una falla del Estado para cumplir con su obligación de investigar, perseguir y sancionar a los más altos responsables de crímenes internacionales graves cometidos en Colombia.

El Informe menciona que actualmente la OTP está analizando 69 comunicaciones relacionadas con la situación en Colombia. Dichas comunicaciones señalan crímenes tan graves como homicidios, desapariciones forzadas, violaciones y otras formas de violencia sexual, traslados forzosos de población, privaciones severas de libertad, tortura y utilización de menores para participación activa en las hostilidades.

ASF, ASFC, CAJAR y FIDH toman nota que según el análisis realizado por la OTP existen fundamentos razonables para creer que en Colombia se han cometido crímenes de lesa humanidad, y que según las investigaciones preliminares varios grupos podrían ser responsables por la comisión de crímenes de guerra.

El Informe se refiere brevemente a la cuestión de la complementariedad, que es una cuestión central en Colombia. Según el Estatuto de la CPI la complementariedad requiere que se examine si existen procesos nacionales relevantes en contra de quienes son presuntamente los más altos responsables de crímenes internacionales graves, conforme a los casos considerados para una posible investigación por parte de la OTP. En casos donde existen investigaciones y juicios importantes a nivel nacional, la complementariedad además requiere que se examine si dichos procesos son reales. Sin entrar en el debate sobre si los procedimientos legales existentes para juzgar a los máximos responsables por la comisión de estos crímenes en Colombia se enfocan o incluyen a quienes tienen una mayor responsabilidad, ni tampoco sobre si existe una voluntad real para hacerlo, el Informe concluye que en este momento no existe fundamento razonable para afirmar que los procesos que se están llevando a cabo en Colombia no son reales. ASF, ASFC, CAJAR y FIDH manifiestan de manera respetuosa su desacuerdo con tal afirmación, y responderán más detalladamente sobre la cuestión de complementariedad en un informe que se publicará en 2012.

Este informe se referirá a la necesidad de enfocar la discusión sobre complementariedad en Colombia más allá de los procesos adelantados en el marco de la “Ley de Justicia y Paz”, con el objetivo de incluir la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción penal militar, incluyendo la reciente aprobación del fuero militar en el marco del proceso de reforma a la justicia que se está adelantando actualmente en el Congreso.

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