Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

ASF Canadá preocupada por los ataques públicos en contra de sus socios en Colombia

Martes 29 de noviembre de 2011, por ASF Canadá

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) desea manifestar su solidaridad con sus contrapartes de la oficina de abogados especializados en la defensa de los derechos humanos, Colectivo de abogados « José Alvéar Restrepo» (CAJAR) quienes han estado desde hace varios días en la mira de declaraciones injuriosas por parte de numerosas personalidades políticas.

Defensores de derechos humanos | Colombia | Informe especial: caso Mapiripán |

El testimonio reciente de la Sra. Mariela Contreras es el origen de este asunto. La Sra. Contreras declaró, en 2002 ante la justicia colombiana y en 2005 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haber perdido a su esposo y dos hijos en la masacre perpetuada en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán por fuerzas paramilitares con la complicidad del ejército colombiano. No obstante, el pasado 25 de octubre del presente, la Sra. Contreras aseguró ante un tribunal haber mentido y recibido fraudulentamente las compensaciones financieras que le habían sido adjudicadas tras la condena del Estado colombiano en este fallo histórico.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) reconoció el carácter de víctima de la Sra. Contreras desde 2002. Esta fue representada por el CAJAR como parte civil solo a partir del 2003, es decir en el momento en el que el litigio fue llevado ante la CIDH.

Así como el CAJAR, ASFC está desconcertado de que presuntas víctimas hayan buscado inducir en error al aparato judicial tanto a nivel nacional como internacional y espera que una meticulosa investigación permitirá establecer la verdad sobre estas

alegaciones. Sin embargo ASFC desea recordar que no es responsabilidad de los abogados que representan a las víctimas establecer los hechos que dan origen a un proceso penal, sino a las autoridades estatales competentes. En este caso, es ante la FGN que la Sra.

Contreras declaró en 2002 haber perdido a sus familiares durante la masacre, y fue la misma FGN, quien entonces le reconoció el carácter de víctima en el proceso. La veracidad del relato de los hechos presentado por la Sra. Contreras nunca ha sido puesta en duda por el Estado colombiano desde que declaró ante la FGN en 2002.

Varios ministros y el Procurador General de la Nación han reclamado que sanciones ejemplares sean adoptadas en contra del CAJAR y eso, antes que una autoridad penal o disciplinaria haya concluido que sus miembros cometieron un delito o infringido las reglas deontológicas que rigen su desempeño profesional.

ASFC lamenta profundamente que los más altos mandos del gobierno colombiano se hayan apresurado en llegar a conclusiones e insinuar que el CAJAR fue impulsado por el ánimo de lucro y estaba dispuesto a todo para hacer condenar al Estado, disminuyendo de esta manera la credibilidad de su trabajo frente a las víctimas [1].

Este comportamiento está en contradicción con las directivas emitidas por el poder ejecutivo que ordena, a todos los representantes del Estado, reconocer la importancia y legitimidad del trabajo cumplido por los defensores de derechos humanos [2].

Igualmente viola los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados adoptados por las Naciones Unidas en 19903 que precisan que “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; [...] y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con sus obligaciones y normas profesionales reconocidas a su profesión y a su deontología.”

Condenando de antemano el papel del CAJAR públicamente, los dirigentes políticos obstaculizan la imparcialidad de la justicia colombiana, quien es la única en tener la responsabilidad de aclarar este asunto.

En la decisión del 2005, la CIDH evocó explícitamente la posibilidad de que las investigaciones realizadas por las autoridades colombianas no hayan permitido identificar con exactitud el número de víctimas, de la cuales muchas nunca fueron encontradas y persisten hasta el día de hoy desparecidas. En este juicio, la Corte pedía al Estado colombiano hacer lo necesario para enumerar los más exactamente posible las victimas con el fin de individualizar las medidas de reparación ordenadas por la misma Corte. Sin embargo, las autoridades colombianas buscan hoy en día imputar la incertidumbre que persiste al respecto del número de víctimas a los abogados del CAJAR, quienes no tienen responsabilidad alguna de esta situación.

ASFC se alegra que la CIDH haya convocado a las partes implicadas en el caso Mapiripán c. Colombia a una audiencia extraordinaria que se llevará a cabo el 23 de noviembre 2011 en San José, Costa Rica y espera que las responsabilidades de las partes queden claramente establecidas en esta ocasión.

Información : Philippe Tremblay, Encargado de programa

1-418-907-2607

philippe.tremblay@asfcanada.ca

Notas

[1] El 27 de octubre 2011, invitado a comentar la noticia del hecho de que algunas víctimas reconocidas como tales en el juicio de la masacre de Mapiripán quizás no lo hayan sido, el presidente Juan Manuel Santos declaró : “(Hay intereses oscuros y económicos que utilizan ese sistema, y hacen burla de él, para lucrar con los recursos del Estado. (...) Lo que no nos imaginamos es que recomendaban que mintieran e hicieran pasar por víctimas a quienes no lo eran. ¡Qué más acto de corrupción que este!)” http://m.eltiempo.com/politica/crti... del-estado-en-caso-de-mapiripn/10650084. Por su lado, el 26 de octubre 2011, el Procurador general calificó los representantes de las “falsas víctimas” de “bandas criminales que se han especializado en estafar al Estado colombiano”: http://m.elcolombiano.com/article/13877 (http://www.derechoshumanos.gov.co/P... 3-Mindefensa.pdf)

[2] Ver Directiva Presidencial No. 7 del 9 septiembre de 1999.: (http://www.presidencia.gov.co/prens... ) y la Directiva no 009 del Ministerio de la Defensa del 8 de julio del 2003