Altillanura ¿Para quién?

A ello le sumamos que la política agraria de los últimos 8 años se ha dirigido a potencializar el cultivo de agrocombustibles basados en la palma, en la soya y en la caña. Tanto así que el mismo gobierno es un potencial comprador del etanol, que por decreto se tiene que mezclar con la gasolina dentro del consumo interno del país.

En la cadena de producción con dadivas y créditos, no hay límite real sobre el proceso de acaparamiento de tierras y además se asegura la venta a buen precio del producto final. Negocio redondo.

Hace presencia el Grupo de Sarmiento Angulo con 32.900 hectáreas en 4 empresas que son Majonal ,Organización Pajonales, Unipalma, Ingenio Sicarare; el grupo Valorem de la familia Santo Domingo con Invernac, Ríopaila y Refocosta que suman 9.500 hectáreas; el Sindicato Antioqueño con Fazenda, suma 40.000 hectáreas; los ingenios Manuelita suman 40.000 hectáreas; Francisco Santos, el exvicepresidente con más de 13.000 hectáreas; la multinacional Cargill, la multinacional brasileña Mónica con 13.000 hectáreas; Grupo GPC tiene 22.000 hectáreas en Puerto López; Poligrow de España e Italia tiene en su poder 60.000 hectáreas entre Puerto Gaitán y Mapiripán.

Santos hace una pequeña modificación. El futuro del mundo está en los alimentos y Colombia debe ser proveedor de los mismos ¿Es una apuesta por la seguridad alimentaria de un país con altos márgenes de desigualdad y miseria? No, simplemente se quiere fortalecer la producción agrícola en suelos colombianos, pero sin colombianos, ni para la comida de los colombianos.

La construcción de la vía Puerto Gaitán- Puerto Carreño, que fue aplaudida inocentemente en Catama no es muestra de un abonado interés del Gobierno nacional en satisfacer las población del Meta y Vichada, sino por proteger las inversiones que se han venido focalizando en esta zona del país y asegurar mayor velocidad en el flujo de mercancías.

El megaproyecto de navegabilidad del rio Meta lo que pretende es conectar con mayor fluidez el tránsito de las materias primas que se producen en esta zona.

Si a ello le sumamos la sospechosa titulación de 307.000 hectáreas del Departamento por parte del INCODER, esta área equivale a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga juntas. Títulos que no alcanzan a salir cuando ya están en trámite de negociación con estas empresas dedicadas al agro negocio.

No solo eso, si tenemos en cuenta los créditos FINAGRO, bajo la línea de agro ingreso seguro que se le dan a estas empresas por abultadas cifras.

Por ejemplo Mónica Colombia, según la denuncia del congresista Wilson Arias, tiene 8 líneas de crédito FINAGRO. El Estado termina por financiar parte de su producción, mientras el pequeño campesino sigue mendigando asesoría técnica para pasar los eternos proyectos y trámites para cualquier migaja.

Un estudio realizado por la Dra. María Cely de la Corporación Universitaria del Meta sobre la sostenibilidad social de la producción de monocultivos es más que concreto, produce 0.11% de empleo por hectárea, las condiciones de contratación laboral regidas aún bajo cooperativas y sin contratación directa.

San Carlos de Guaroa, por ejemplo, no tiene zona de expansión urbana, ni forma de diversificar la producción; Manuelita no solo la rodea, sino además, los gobierna dentro de sus relaciones económicas.

Si la tendencia se mantiene y profundiza, terminaremos despojando más campesinos hacia la ciudad, cifra en la que el Meta penosamente se destaca, sino además pauperizando la proletarización del campo con salarios miserables.

Lo que está pasando en la altillanura es la concentración de tierra descarada, en medio de una relación feudal retardataria en donde están todos los intereses menos los del pueblo llanero.

Web | + posts
Share This