Amenazas de muerte contra abogado de víctimas y defensor de derechos humanos, Mariano José Guerra Díaz

Soy abogado de víctimas, defensor de Derechos Humanos y miembro de la Corporación Retorno y Vida. La amenaza se produjo mediante una llamada telefónica al celular del agente escolta que me acompaña y a quien le preguntaron “si era el conductor de Mariano Guerra” y ante la afirmación, le dijo la persona, un hombre con voz costeña, “bueno, se lo vamos a quitar, porque se está metiendo mucho en Urabá”. El hecho lo atribuyo a miembros de grupos armados al margen de la ley.

Actualmente represento los intereses de víctimas del conflicto interno armado ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en los que busco la verdad, la justicia y la reparación integral de los derechos fundamentales de ellas, por eso pido no más dilaciones como las que se presentan en las actuales paquidérmicas estructuras del Estado colombiano. Muchos de esos procesos, por restitución de tierras, son en la región del Urabá antioqueño. También adelanto demandas al Estado colombiano por violación a los derechos humanos de indígenas y campesinos en general.

Di a conocer este hecho, que pone en peligro mi vida y mi integridad física, al Personero delegado para los Derechos Humanos de Medellín, con lo que busco se active la ruta de atención y protección de las entidades del Estado colombiano, para seguir ejerciendo labores a favor de las víctimas del conflicto en el país.

La Corporación Retorno y Vida de la cual soy su representante
legal, es miembro activo de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, siglas en inglés).

Pido que me dejen seguir trabajando por las víctimas, que no es más que contribuir con mi esfuerzo a la Salida Política y Negociada al conflicto interno armado colombiano, y mucho más ahora en el que la apuesta no es otra distinta que la búsqueda de Paz Democrática, por lo que debemos rodear el actual proceso de conversaciones y de diálogos del gobierno nacional y la guerrilla colombiana. Éste debe ser abierto, transparente y horizontal, con la plena participación de toda la sociedad y sus organizaciones para salvarlo de los obstáculos que con seguridad existirán y sobre todo para construir una mejor Colombia.

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