El Estado de Colombia ha emprendido importantes políticas públicas para hacer frente a la realidad compleja que implica el conflicto armado interno que ha vivido el país por más de cinco décadas de violencia. La CIDH constató en su visita una serie de medidas de índole legislativa, administrativa y judicial que buscan superar las situaciones violatorias de derechos humanos y caminar hacia la paz en la sociedad colombiana. Entre los esfuerzos desplegados, la Comisión destaca especialmente el progreso en la rendición de versiones libres en los procesos de Justicia y Paz, destinada al develamiento de la verdad; los avances dirigidos a otorgar una reparación a las víctimas del conflicto a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la labor de la Unidad Nacional de Protección para proteger a las personas que se encuentran en una situación de riesgo. La Comisión reconoce asimismo la labor de la Corte Constitucional de Colombia para garantizar los derechos de las y los colombianos.
Gran parte de las afectaciones a derechos humanos en Colombia se relacionan con el impacto que históricamente ha tenido el conflicto armado en el país. Adicionalmente, como consecuencia de la falta de una desarticulación efectiva y completa de las estructuras armadas de grupos paramilitares y grupos armados ilegales como las FARC y el ELN, la violencia continúa impactando severamente los derechos de las y los habitantes de Colombia, en especial las mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, y las personas que viven en extrema pobreza.
Estos grupos se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y requieren una respuesta diferenciada en virtud de la multiplicidad de causas que afectan sus derechos. Dicha situación se ve agravada de manera especial en contextos de discriminación y de exclusión social histórica a las que han sido sometidos en algunas zonas del país. En particular, la Comisión expresa su preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesan algunos de estos grupos que han sido víctimas de desplazamiento forzoso, situación que fue constatada a lo largo de la visita y que requiere una respuesta más efectiva por parte del Estado atendiendo a la grave situación en que se encuentran, así como a los daños concretos que se les han causado.
Una parte importante de los desafíos que enfrenta Colombia se relaciona con asegurar justicia, verdad y una reparación adecuada a las víctimas del conflicto. En este sentido, la CIDH considera que el Estado debe fortalecer el trabajo de las instituciones que desempeñan un rol en las funciones de investigación y administración de justicia, en particular en la implementación de la Ley de Justicia y Paz. La CIDH reconoce el momento histórico que atraviesa el Estado para la construcción de la paz en el país y ha observado que el Estado se encuentra desarrollando diversas medidas legislativas encaminadas a tal dirección. La Comisión considera que la construcción de la paz se encuentra indisolublemente vinculada a la investigación, juzgamiento y reparación de violaciones de los derechos humanos, particularmente, aquéllas cometidas por los agentes del Estado o con su apoyo o aquiescencia. En este sentido, la Comisión considera imperativo que el Estado adopte una perspectiva de derechos humanos al tomar las decisiones que correspondan al marco jurídico transicional de tal manera que garantice el acceso a la justicia de las y los colombianos en conformidad con las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido. En este sentido, de aprobarse el proyecto de reforma constitucional sobre justicia penal militar tal como está formulado actualmente, la Comisión considera que varias disposiciones serían incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión agradece al Gobierno de Colombia la invitación a realizar esta visita y, muy especialmente, a las autoridades y al pueblo colombianos por la hospitalidad con que recibieron a la delegación y por la asistencia prestada para la conducción de la visita. De igual manera, la Comisión agradece y valora la información aportada por el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores.
Las observaciones preliminares de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Colombia se publican hoy como Anexo a este comunicado. Asimismo, con la información recibida durante la visita y otros insumos, la CIDH elaborará en los próximos meses un Informe de País sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el marco del conflicto y la justicia transicional. A través de dicho Informe, la CIDH ofrecerá recomendaciones destinadas a apoyar al Estado en sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos/as por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
