Comisión de verificación solicita cierre, por lo menos, temporal de la Cárcel la Tramacùa

La delegación integrada por integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Procuraduría General de la Nación, el Grupo de Derechos Humanos del INPEC, la Contraloría General de la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Gobernación del Cesar, la Defensoría del Pueblo Regional Valledupar, la Fundación Lazos de Dignidad, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Alianza por la Justicia Global (Estados Unidos) y Justicia por Colombia (Reino Unido), pudo comprobar de manera directa, no sólo la crítica situación en materia de sanidad que enfrentan los detenidos, sino las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por el INPEC, contra los prisioneros.

No obstante lo verídico de la situación que se pudo observar, el director del centro penitenciario, Leopoldo López Pinzón, en reunión sostenida con la comisión, manifestó la inexistencia de problemas en dicho lugar, aseverando que el suministro del agua a los prisioneros durante 5 minutos al día no era una irregularidad, que de serlo, era un asunto de responsabilidad de la Gobernación del Cesar, la Alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (EMDUPAR S.A E.S.P).

Frente a estas declaraciones, la Gobernación del Cesar expresó que el suministro del agua a la Penitenciaría no era un asunto de su responsabilidad, siendo de su competencia únicamente la ejecución de obras de adaptación de tuberías, colocando en evidencia, la evasión de responsabilidad estatal, de cada uno de los involucrados en el problema, frente al deber protección los derechos de las personas privadas de la libertad. La Alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar a pesar de ser invitadas previamente, no asistieron a la reunión.

Sobre las denuncias realizadas sobre el operativo ejecutado por el GRI, López Pinzón, expresó que éste era también normal y que para ello se habían utilizado 6 pipetas de gases lagrimógenos.

La comisión también se reunió con los prisioneros voceros del comité de crisis de cada una de las ocho torres, del centro penitenciario, quienes denunciaron de manera verbal y escrita las violaciones que vienen padeciendo, entre otras, la carencia de agua, mal trato a sus visitas, torturas físicas y psicológicas, violación y limitación de la correspondencia, violación al acceso a la justicia por la omisión al recibo y tramite de sus peticiones y denuncias, aislamientos y castigos inhumanos, negligencia médica y ausencia de tratamiento a enfermedades, sometimiento a un ambiente contaminado y degradante, y omisión en la erradicación de plagas.

Igualmente los voceros de los prisioneros, además de reiterar como petición principal, el traslado inmediato a lugares cercanos a sus núcleos familiares y condiciones dignas de reclusión, enfatizaron sobre los desmanes que fueron víctimas, el pasado fin de semana, en el que se agredió la integridad física de varios de ellos, causándoles asfixias, laceraciones y lesiones de gravedad, debido a los golpes propinados por el GRI con almohadas rellenas con piedras, tubos, botellas de agua, cortes con objetos metálicos, provocación de caídas de las estructuras y el uso desproporcional de gases lacrimógenos, que según los prisioneros excedieron de 60 pipetas por cada torre.

Durante el recorrido realizado por la comisión al interior de la cárcel, se pudo constatar, las degradantes condiciones sanitarias en las que se encuentra los baños y zonas comunes de los prisioneros, el mal estado de las celdas de recepción, en las que se puede observar la humedad y la oscuridad permanente.

No deja de causar asombro, que a pesar de lo verificado por la Comisión, los delegados del INPEC, no reconocieron la problemática que afecta los prisioneros, la cual consideraron de “normal” en las reclusiones, comprometiéndose únicamente a estudiar la situación, dejando de lado que el problema del agua atenta contra la vida y dignidad de los prisioneros.

En este punto es necesario precisar la poca seriedad que las autoridades de orden nacional y local le han dado al reconocimiento y tratamiento de la crisis de derechos humanos en la penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar, quienes se han limitado a dar e explicaciones sobre la ausencia del suministro del agua en lugar de buscar soluciones de fondo a la problemática relacionada con las denuncias por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios del INPEC, entre las que se cuentan, el uso frecuente de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos de manera sistemática los internos de la cárcel de Valledupar.

Web | + posts
Share This