En razón del maltrato de que han sido objeto, el desconocimiento de sus derechos y falta de diligencia y cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, recurrirán a las debidas instancias y a las acciones necesarias para exigir el cumplimiento de sus derechos.
Sin embargo, aún cuando las familias reconocen la oportuna acción de la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, hacen un llamado para que sean sus altos funcionarios quienes asuman el deber de dar pronta solución a esta dramática situación. Al parecer, delegados de algunos organismos estatales y distritales sin poder decisorio, estarían faltando a la verdad sobre lo ocurrido la semana pasada y sobre la grave situación que afrontan estas familias. No es cierto que se haya entregado dinero a las familias y es falso también que la situación ya esté resuelta o que el ICBF hubiera previsto un lugar para su reubicación.
A la dirección del ICBF le preocupa ser objeto de alguna demanda o acción legal, y por eso en la tarde de hoy un funcionario de esta entidad acudió al Hotel para preguntarles a los desplazados si pensaban demandar. No acudió a ofrecer alternativas de vivienda, soluciones ni una mediación eficaz. Menos algún tipo de ayuda ante la crisis humanitaria que atraviesan.
“De tener que salir del hotel, el plan B no lo comunicó públicamente, dice Milton Rosales, pero si nos iríamos como primera medida a la casa de Diego Molano, para que nos dé solución de techo a cada núcleo familiar”
Las familias siguen en espera de una nueva ronda de negociación tras el fracaso en la anterior que fuera convocado el viernes anterior en una sede de la UAO.
Según declaró Milton Rosales, la noche del desalojo hicieron presencia los señores Frank Barbosa y Carlos Rangel, quienes propusieron llamar a una mesa de negociación al día siguiente, pero Acción Social y el señor Nelson Linares se negaron a ello. “Nos ofrecieron 300 mil pesos por núcleo familiar, pero ese dinero nunca nos llegó. De todas formas, ese dinero tampoco es solución, tal vez alcance para una semana de subsistencia, nada más”.
El distrito ha asumido el costo de este desalojo. La cuenta del Hotel sigue en aumento y aún el organismo encargado para atender a esta población, Acción Social, no da señales de vida.
Los desplazados continúan en el limbo en el Hotel Bogotá. Su mediana subsistencia se ha logrado gracias a la “caridad cristiana”. El día de ayer el periodista Luis Carlos Pulgarín les llevó un mercado a las familias y en la tarde de hoy un abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo también llevó su aporte.
Según las conversaciones de las últimas horas, se espera que mañana se dé inicio a una mesa concertación con delegados de Acción Social y Secretaria de Gobierno a las 2 de la tarde en el Hotel. Igualmente, la directora del ICBF ha solicitado una reunión con los líderes de los desplazados, frente a la cual ellos no expresan mayor entusiasmo. Dicen ignorar el sentido del encuentro, y sospechan que a lo mejor la entidad ha recibido un llamado de atención a alto nivel y temen enfrentar las consecuencias de la acción de brutal desalojo que ordenaron realizar el pasado jueves 10 de marzo contra población desplazada, sin considerar que entre estos se encontraba una madre lactante, una mujer en estado de embarazo, 34 niños, entre ellos 9 menores de 2 años y un par de gemelos con un mes de nacidos.
-No estamos a venta y tampoco somos cooptables, afirma un líder de los desplazados- Acá no estamos pidiendo limosna ni solidaridad del Estado, sino el cumplimiento de su deber con las familias víctimas del desplazamiento forzado.
Cada una de estas personas tiene una historia de violencia desgarradora en su recuerdo. Varias veces han sido expulsadas con violencia, han soportado el desprecio, el hambre y el desinterés de los funcionarios del Estado. Sin embargo, siguen en pie. Piden un sitio para vivir colectivamente, y opciones reales de desarrollo que les permitan emprender con dignidad y autonomía un proyecto que garantice su supervivencia y seguridad.
/En lo personal me preocupa la suerte de Milton Rosales. Su seguridad debe ser evaluada en cualquier espacio de concertación, pues es un hombre amenazado desde hace tiempo atrás, y el día del desalojo, la misma policía lo amenazó de muerte
