1. La negativa del ministro de la defensa de acoger el Auto 173 de 2012, emitido por la Corte Constitucional, donde se ordenan medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw y Nukak, en los departamentos de Meta y Guaviare y se le indica al Ministerio de Defensa Nacional que devuelva el área de los resguardos ocupados. Según la Corte Constitucional “En el resguardo de Barrancón, Guaviare, cuyo territorio se encuentra invadido por una Escuela de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, se han presentado incidentes, responsabilidad de la Fuerza Pública, como consecuencia del abandono de municiones sin explotar (MUSE). Se explica también que en diversas ocasiones los pueblos Jiw y Nukak habían manifestado “…sentirse acorralados por el conflicto armado”, el cual, afirmaron, “pareciera empecinarse en perseguirlos”, denunciando que 16 indígenas habían sido víctimas de municiones abandonadas sin explotar (MUSE) o por minas antipersonas colocadas por los actores armados dentro de sus territorios.
2. La concentración en el puente del humilladero de la capital caucana protagonizada por un número cercano a los mil doscientos indígenas para protestar contra el CRIC.
3. Una comisión indígena de Toribío que al parecer esperaba al presidente Santos en la ciudad de Cali con el fin de continuar las conversaciones frente a la problemática vivida en esa zona del Cauca.
Para las autoridades tradicionales indígenas del Cauca, estas informaciones muestran:
a) Que el ministerio de la defensa nacional pretende desconocer el Auto 173 de 2012 de la Corte Constitucional, mientras se niega a entender la problemática que viven los pueblos indígenas de Colombia; insistiendo en su política guerrerista al manifestar que el gobierno pedirá a la Corte Constitucional que revise el tema y que además presentará todas las acciones legales posibles para evitar la salida de los militares de la región. Esta posición, al parecer fue la causa por la cual el ministro de la defensa no asistió a la reunión de la mesa de acercamiento programada para el pasado 27 de julio en la sede de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Nacional, UAIIN.
b) Que existe una estrategia militar para romper la unidad indígena, pues fue evidente que la marcha estaba encabezada por voceros de la opic acompañados de personal de la fuerza pública, mientras que un helicóptero del ejército nacional sobrevolaba los alrededores de la sede del Consejo Regional indígena del Cauca, CRIC, emitiendo consignas a través de altavoces que daban gracias a los indígenas por apoyar a la fuerza pública en su trabajo contra el terrorismo y el narcotráfico. Es importante recordar que la opic fue creada por el gobierno Uribe. Esta vez el pliego de exigencias mostraba un cambió en su hoja membrete, antes adornada por un águila negra y ahora con un círculo con las letras ATI – opic y las palabras Dios y Patria, contenía una serie puntos contra lo que ellos llaman organizaciones indígenas de carácter privado, otros de apoyo incondicional al gobierno colombiano destacando el requerimiento a la fuerza pública para que los proteja; también pedían desconocer la autonomía indígena e invitaban a crear cabildos paralelos y a que los indígenas no participen de los procesos de titulación colectiva de sus territorios.
c) Que fue claro el desconocimiento de algunos medios de información que entregaron la noticia frente a una comisión indígena de Toribío que esperaba al presidente Santos en la ciudad de Cali, pues no se trataba de una comisión de Autoridades indígenas como lo enfocó la noticia sino del requerimiento hecho por un grupo de habitantes del casco urbano de ese municipio, interesados en saber cómo el gobierno resarcirá a las víctimas del conflicto armado y frente a los daños ocasionados a las viviendas de los pobladores que fueron afectadas por los ataques de la guerrilla al puesto de policía y a las garitas que estaban en medio de la población civil.
Como Consejería Mayor CRIC, consideramos que aunque el tratamiento mediático de estas noticias no permite orientar con claridad a la opinión pública sobre los requerimientos de las poblaciones indígenas al Estado colombiano (Derecho Fundamental a estar bien informado, artículo 20 de la Constitución Nacional), si nos ayuda a mostrarle al mundo que las luchas indígenas desarrolladas en el Cauca se ajustan a los mandatos constitucionales y nos permiten ver que el gobierno nacional insiste en una estrategia militar que pretende crear divisiones y dañar el buen nombre de las Autoridades Tradicionales, a través de organizaciones cuyo discurso busca relacionar a las comunidades indígenas con el conflicto armado y el narcotráfico, situación que aumenta el riesgo de desaparición forzada para nuestros pueblos, identificado por la Corte Constitucional con el Auto 004 en el año 2009.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Cuenten con nosotros para la paz… Nunca para la guerra
Popayán, agosto 2 de 2012
