La Asamblea General presenció un clima hostil con ataques de una virulencia y gratuidad sin
precedentes en contra no solamente de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, y en especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también
hacia las organizaciones de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos
humanos.
Mientras que una parte de los Estados defendió los principios básicos de autonomía e
independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otros se empeñaron en
negarlos o avanzar teorías que en la práctica limitarían dichos principios, todo ello aderezado
con graves acusaciones hacia las instituciones y los miembros de los órganos de tan
prestigioso Sistema, su Secretaría Ejecutiva y contra los y las dirigentes de las organizaciones
de derechos humanos.
En ese marco, se llegó a un acuerdo de consenso el cual, si bien impidió que se adoptaran en
la Asamblea General las medidas más radicales que habían sido propuestas en los meses
previos a la realización de la misma, en realidad sólo postergó su posible adopción, al
encomendar al Consejo Permanente de la OEA que “formule propuestas para su aplicación en
diálogo con las partes involucradas”.
De particular preocupación es el plazo que la Asamblea General dio al Consejo Permanente –
seis meses, o a más tardar en el primer trimestre de 2013-, el que culminará con el análisis
de las propuestas por parte de una Asamblea General Extraordinaria. En tan breve plazo, las
posibilidades reales de que el mencionado diálogo con todas las partes involucradas sea
realmente fructuoso parecen al menos limitadas. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos es un órgano que no funciona en sesión permanente y por lo tanto su capacidad para
proponer o reaccionar como cuerpo sobre los temas que se discutan puede verse
comprometida. De igual manera, las organizaciones de la sociedad civil, con sus recursos
escasos, pueden verse restringidas en sus posibilidades de participar activamente en un
proceso de diálogo cuyos detalles, de todas maneras, están todavía por definirse.
La necesidad de redoblar esfuerzos para preservar la autonomía e independencia del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos , y en especial de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, está hoy más vigente que nunca. Ante este renovado riesgo para dichos
principios, Amnistía Internacional hace un nuevo llamado a defender lo que el Presidente de
dicha Comisión, José de Jesús Orozco, llamara en su intervención ante la Asamblea General,
“el patrimonio que los Estados, la sociedad civil y los propios órganos interamericanos hemos
construido para que las actuales y futuras generaciones de todo el hemisferio puedan gozar de
sus derechos humanos”.
En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cualquier reforma que ataña a
su funcionamiento debe tener lugar como consecuencia de un diálogo real y constructivo con
todos los actores involucrados y en especial con activa participación de la Comisión
Interamericana, la que, en ejercicio de su autonomía e independencia, deberá considerar y
aplicar aquellas medidas de reforma que fortalezcan el Sistema y coadyuven a una mayor y
mejor promoción y protección de los derechos humanos en las Américas.
Amnistía Internacional espera y exige que al considerar el futuro de tan importante patrimonio
de la región, no se desnaturalice la razón esencial por la cual el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos fue creado hace más de cinco décadas. Los estados de la OEA crearon el
Sistema para garantizar a su población una instancia supranacional a la cual acudir cuando no
puedan obtener justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los sistemas de
justicia internos, precisamente porque se reconoce que existen retos a la hora de garantizar los
mismos a nivel interno.
En este sentido, el Sistema, a través de los órganos que lo componen – la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos – es un necesario complemento de la protección
proveída por instancias nacionales en las Américas. A lo largo de los años miles de víctimas y
familiares en todo el continente han visto en los órganos del Sistema Interamericano la única
posibilidad de obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno.
