Para los peticionarios, el ejercicio de la protesta social es un derecho fundamental cuyo ejercicio en Colombia no se encuentra suficientemente protegido y garantizado. Por el contrario, acciones como la estigmatización pública de los manifestantes, el uso ilegítimo de la fueza, así como expresiones de abuso y violaciones a derechos humanos son contrarias a los derechos a la libertad de expresión, reunión, movilización que protegen las normas internacionales de protección a los derechos humanos.
En el informe que se anexa se concretan las principales violaciones y agresiones documentadas por organizaciones de derechos humanos, y que deberían conducir a reformas como:
La derogatoria de las normas de la Ley de Seguridad Ciudadana que criminalizan actos legítimos de protesta social
Retirar el proyecto de ley 091 de 2013 mediante el cual se agravan penas y se aumentan las conductas criminalizadas
La concertación de un protocolo de comportamiento de la Fuerza Pública en manifestaciones sociales que se adecúe a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos
La investigación de los hechos de agresión y violaciones a derechos humanos por parte de la jurisdicción ordinaria
La construcción de un mecanismo de información público y actualizado sobre personas detenidas, lugares de reclusión y estado judicial de sus causas
