A todos les imputó el delito de concierto para delinquir agravado por lo que se conoció como la Operación Dragón que consistía en la realización de acciones clandestinas contra la vida e integridad personal de Directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali – SINTRAEMCALI, la defensora de Derechos Humanos y Representante de Nomadesc Berenice Celeyta Alayón y el Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, Alexander López Maya, entre otras.
En la misma decisión, la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Carlos Alfonso Potes Victoria y el Coronel ® Germán Hernando Huertas Cabrera argumentando que no existían en el momento elementos de prueba suficiente para ordenar su detención.
Respecto a las personas que fueron objeto de medida de aseguramiento, la Fiscalía precisó: “los imputados desarrollaron su propósito ilegal de hacer inteligencia a los miembros de la junta directiva de SINTRAEMCALI, a su asesor político el Dr. Alexander Lopez Maya y la asesora en derechos humanos Berenice Celyta (sic) para, entre otras cosas, desplegar campañas de deserción del sindicato y hasta atentar contra la vida de los miembros de la junta directiva y la de los asesores”. Así mismo, puntualizó: “esas personas representan un peligro para la sociedad”.
Recientemente, sobre este mismo caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que existía “información sugestiva de hostigamiento por parte de personas vinculadas con las Fuerzas Militares a líderes sociales del Departamento del Valle, a través de seguimientos, vigilancias, amenazas, etc. [que] ponen en evidencia una suerte de persecución sistemática” [[Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, [9 de agosto de 2011], Radicado 28.149.]]
A pesar de lo anterior, la Fiscalía argumentó: “Sin embargo, como estas personas se han mostrado dispuestas a comparecer ante la justicia, considera esta Delegada que basta con que se les restrinja la circulación para que se logre la finalidad de proteger a la sociedad y entonces procede la sustitución de la medida de detención preventiva por la de detención domiciliaria, pues al estar confinados en su residencia, contribuye a su resocialización, a la vez que protege a la comunidad” [[ Fiscalía Segunda Especializada, Unidad Nacional de Derechos HUmanos, Radicado 2028]].
La Defensora de Derechos Humanos Berenice Celeyta se pronunció indicando que “causa estupor que solo después de siete (7) años se produzca una primera decisión, pero más aún que se diga que estas personas constituyen un peligro para la sociedad, pero a renglón seguido se considere que los mismos se resocializaran y se protegerá a la sociedad, enviándolos para sus casas. La sensación que queda, es de impunidad y desprotección”.
Por su parte Jorge Iván Vélez, Presidente de Sintraemcali indicó “Estas persecuciones a los dirigentes de nuestra organización sindical con más de 73 años de lucha, se dio mientras SINTRAEMCALI se oponía a los diferentes intentos por materializar la privatización la principal empresa del suroccidente colombiano, EMCALI EICE ESP”.
Sobre la actuación de la Fiscalía, el abogado de las víctimas Jorge Molano precisó que “La decisión de ordenar la detención domiciliaria de quienes se han propuesto atentar contra los derechos a la vida, libertad e integridad personal de dirigentes políticos de oposición, defensores de derechos humanos y sindicalistas, desconoce el derecho-garantía de no repetición de estos crímenes, a su vez, que deja dudas de la voluntad de proteger a los mismos. Parte de quienes conformaron esta empresa criminal permanecen cobijados por un manto de impunidad. Interpondremos los recursos pertinentes, tanto de apelación, como la comunicación inmediata a la OIT y la CIDH”.
