Respecto de estos dos militares, aún no hay juicio, y menos aún condenas, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenara en 2008 reabrir la investigación. Cuatro años después de esta orden, la Fiscalía General de la Nación no ha avanzado en el proceso y continúan libres los militares señalados a pesar de las pruebas que los vinculan. Otros militares y paramilitares que participaron no han sido vinculados aún.
Los familiares siguen sin conocer la verdad y las autoridades nacionales no han cumplido a cabalidad lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró responsable internacionalmente al Estado colombiano por este horrendo crimen.
En su sentencia del 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana concluyó que “En la época de los hechos de este caso, el referido grupo ‘paramilitar’ que operaba en la región del Magdalena Medio actuaba con la colaboración y apoyo de diversas autoridades militares de los Batallones de dicha zona. Los ‘paramilitares’ contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de estas” [[Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes VS Colombia, Sentencia de 5 de Julio de 2004, pág. 45, Numeral 86 (b).]]
Entre las medidas de reparación decretadas en la sentencia de la Corte Interamericana se ordenó la edificación de un monumento erigido por el Estado en memoria de las víctimas. La obra artística fue terminada en 2011 y en junio del mismo año fue consignada en la Brigada V del Ejército, a la cual estaban adscritos varios de los autores y copartícipes de la masacre, lo que constituyó un insulto a la memoria de las víctimas y a la dignidad de sus familiares. En diciembre de 2011 la obra fue depositada en el Parque de los Niños, de Bucaramanga. Diez meses después, los familiares siguen esperando la entrega oficial del monumento.
Otra medida de reparación que el Estado colombiano no ha cumplido es la atención integral de salud y acompañamiento psicosocial digno y adecuado para que los familiares afronten las graves consecuencias físicas y emocionales de la desaparición forzada de sus seres queridos. Las familias observan con gran indignación cómo sus seres queridos continúan enfermando y falleciendo sin ser reparados.
Al cumplirse 25 años, los familiares y la Comisión Colombiana de Juristas hacen un llamado enérgico a las autoridades colombianas para que se haga justicia, se investiguen efectivamente los hechos, se identifiquen, juzguen y sancionen todos los autores, se cumpla con la entrega del monumento y se efectúe una búsqueda seria para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de los 19 comerciantes.
Resumen de los hechos
En octubre de 1987, Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Javier Rodríguez Quintero, Israel Pundor Quintero, Ángel María Barrera Sánchez, Antonio Flórez Contreras, Víctor Manuel Ayala Sánchez, Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortiz Sarmiento, Reinaldo Corzo Vargas, Luis Hernando Jáuregui Jaimes, Luis Domingo Sauza Suárez, Rubén Emilio Pineda Bedoya, Carlos Arturo Riatiga Carvajal, Juan Bautista, Alberto Gómez y Huber Pérez, partieron desde Cúcuta hacia Medellín trasportando mercancías para venderlas. En la tarde del 6 de octubre fueron requisados por militares en el caserío de Puerto Araújo (Santander).
Poco después fueron detenidos por miembros del grupo paramilitar de Puerto Boyacá, cerca de la finca “El Diamante”, de propiedad del jefe paramilitar de la región, Henry Pérez, y ubicada en jurisdicción de Cimitarra (Santander). Esa misma noche los 17 comerciantes fueron torturados y asesinados, sus cuerpos fueron descuartizados y lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Quince días después, los comerciantes Juan Alberto Montero Fuentes y José Ferney Fernández Díaz salieron en su búsqueda y corrieron con igual suerte, cuando fueron detenidos por miembros del mismo grupo paramilitar.
Bucaramanga, octubre 5 de 2012
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