Pese a que la Fiscalía, no se ha pronunciado aún sobre la petición – que se espera sea resuelta en los próximos días – profirió medida de aseguramiento contra Narváez, consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, como determinador de homicidio agravado contra el Senador Cepeda Vargas.
La Fiscalía fundamentó su decisión, en pruebas testimoniales que ubican a José Miguel Narváez dentro de las estructuras paramilitares lideradas por Carlos Castaño Gil, sobre quien Narváez, ejerció gran influencia en relación con varios homicidios de personalidades de la vida nacional como el senador Manuel Cepeda Vargas, y el periodista y humorista crítico Jaime Garzón Forero.
Así lo expresa entre otras, la declaración rendida el 17 de septiembre de 2009, por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, quien manifestó que Narváez era “miembro orgánico de las autodefensas unidas de Colombia”.
Igualmente declaró, que entre 1996 y 1997, Narváez era el intermediario entre miembros del Ejército y las estructuras paramilitares radicadas en jurisdicción de los municipios de Valencia, Tierra Alta y San Pedro de Urabá, departamento de Córdoba, y que además se jactaba de ser “profesor de la escuela superior de guerra, asesor del ejercito, y daba mucha información sobre operativos contra las autodefensas o personas que tuviera algún vinculo con la guerrilla o la izquierda”.
Según “don Berna”, “para esa época las autodefensas estaban políticamente en formación y las ideas y aportes de personas tan radicales como el doctor Narváez quien consideraba que toda la izquierda era peligrosa le hicieron mucho daño a nuestra organización.” El jefe paramilitar relató que Narváez desarrollaba conferencias a paramilitares que se realizaban en la finca “la 21”, ubicada entre los municipios de Valencia y San Pedro de Urabá, predio considerado como el cuartel general de las AUC. Para aquel”, “lo único que le faltaba al doctor Narváez era el brazalete. El dictaba unas conferencias y recuerdo en especial una por su título “por qué es lícito matar a comunistas”
En su declaración alias “Don Berna”, afirmó que en una reunión en la que él estaba presente, junto con José Miguel Narváez y Carlos Castaño, éste último le reprochó al primero, “para qué había servido la muerte de Cepeda Vargas o Jaime Garzón”.
Ello es coincidente con la publicación de Carlos Castaño Gil, “Mi Confesión”, en la que se describe en las páginas 213 y 214, la manera en que planificó y ejecutó el asesinato del senador Cepeda Vargas
Otras pruebas que reposan en el expediente vinculan a Narváez en la ejecución del senador Cepeda y como asesor de grupos paramilitares. Las declaraciones de Juan Rodrigo García, confirman las visitas frecuentes de Narváez a la finca “la 21” y su influencia en las decisiones del jefe paramilitar Carlos Castaño en contra de miembros del Partido Comunista e integrantes de la izquierda colombiana.
Asimismo, se encuentran las afirmaciones de Raúl Emilio Hasbum Mendoza, quien expresó que contrató a Narváez entre 1998 y 1999, cuando éste era asesor del Ejército, para dictar conferencias dirigidas a Convivir en Urabá; las declaraciones de Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez”, quien informó, que Narváez, llevaba las listas a Carlos Castaño de los “enemigos de la democracia”, así como lo manifestado por Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, quien escuchó en varias oportunidades que Narváez era muy allegado a Carlos Castaño y que hacia parte de los “seis”.
Por todas estas declaraciones, para la Fiscalía es claro que “Efectivamente José Miguel Narváez si hacia parte de las autodefensas unidas de Córdoba y Uraba, (…) era una persona muy allegada a Carlos Castaño, que era quien le sugería que personas en su criterio eran enemigos de la democracia y debían morir”.
El pasado mes de agosto del 2010, la misma Fiscalía decretó por el homicidio del senador Cepeda Vargas, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Enrico Ballardini Bonizzoni, a nombre de quien figuraba el arma hallada en el interior del vehículo desde el que se disparó al senador, quien nunca la reportó como desaparecida y a pocos días después del homicidio salió del país.
Por la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en mayo de 2010, al Estado colombiano, al establecer que prevalece la impunidad en el caso. Para la Corte, la Fiscalía debe entre otros, “determinar el conjunto de personas involucradas en la planeación y ejecución del hecho, incluyendo a quienes hubieren diseñado, planificado o asumido el control, determinación o dirección de su realización, así como aquellos que realizaron funciones de organización necesarias para ejecutar las decisiones tomadas, inclusive si están involucrados altas autoridades civiles, mandos militares superiores y servicios de inteligencia (…)”
Para la familia del senador Cepeda Vargas, la Fundación Manuel Cepeda Vargas y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, después de 17 años se produce una decisión importante encaminada a la determinación de los máximos responsables del crimen, entre quienes se encontrarían altos mandos de las Fuerzas Militares y grupos paramilitares, cuyo enlace sería Narváez Martínez.
Familiares de Manuel Cepeda y organizaciones reafirman su firme decisión de seguir trabajando hasta que se logre la verdad total, la justicia plena y la reparación integral en éste crimen que debe ser declarado de lesa humanidad, al producirse en un contexto de eliminación sistemática de la dirigencia, militancia y simpatizantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica.
