Hace seis años, entre el 10 y el 11 de septiembre de 2005, fue brutalmente torturado y asesinado Luciano Enrique Romero Molina, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario – SINALTRAINAL en Valledupar, defensor de derechos humanos, vinculado a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Dentro del proceso por el asesinato de Luciano han sido detenidos y condenados 4 paramilitares del Bloque Norte y se adelantan investigaciones contra agentes de la policía secreta DAS.
Pero quienes dieron las órdenes, los autores intelectuales, los beneficiarios del crimen, siguen en la impunidad.
En abril del 2010 asesinaron a Henry Ramirez Daza, sindicalista de la industria de bebidas, que también había estado refugiado en Asturias.
Hace pocas semanas el sindicalista Duban Velez Mejía sufrió atentado en Medellín, y sus escoltas lograron salvarle la vida. Dubán estuvo también refugiado temporalmente en Asturias.
También el 9 de sept. Del 2010 caía asesinado por paramilitares delante de su familia el dirigente campesino, sindicalista de SINTRAGRIM y defensor de derechos humanos Nelson Murillo Taborda, quien venía denunciando al batallón 21 Vargas del ejército de Colombia por la desaparición forzada de su hermana Alba Nelly Murillo Taborda quien, meses antes, había denunciado ante la Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos los atropellos de las tropas oficiales y paramilitares contra las comunidades campesinas del Alto Ariari, departamento del Meta.
Al día siguiente del asesinato de Luciano una importante y representativa cantidad de organizaciones y personas solidarias nos concentrábamos en la Plaza Mayor de Xixón, acompañados de las autoridades locales y del gobierno autonómico.
Este año se ha podido saber ( por la documentación de investigación de la Fiscalía General de Colombia) que en ese acto de repulsa también estaba espiando ilegalmente el temido y terrible Departamento Administrativo de Seguridad colombiano, DAS, acción por la que un juzgado español está llevando a cabo una investigación que implica al ex-presidente Uribe,
responsable directo de esta tenebrosa policia politica.
Coincidiendo con el aniversario, Soldepaz-Pachakuti , uno de los colectivos espiados, se suma a la causa judicial, en la que ya están otros grupos que sufrieron espionaje como la Coordinadora Valenciana de Solidaridad, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans, (entre cuyos miembros están el Ayuntamiento de Barcelona, UGT y CCOO, y la Red Europea de Hermandad y Solidaridad (Redher), la CEAR, la Asociación Libre de Abogados, el CERAI y el Colectivo Sur Cacarica , entre otros.
El asesinato de Luciano Romero Molina fue preparado y acometido con las mismas estructuras de alianza entre policia y pistoleros-paramilitares de extrema derecha.
Una alianza que se repite en numerosos actos criminales de Colombia de forma sistemática.
Un crimen de Estado
El Fiscal General de Colombia (Mario Iguarán) en una reunión sostenida en su despacho en Bogotá a comienzos del 2006, afirmó ante la Comisión Asturiana de Verificaciòn de los Derechos Humanos encabezada por Rafael Palacios -Director de la Agencia Asturiana de Cooperación- que el asesinato del sindicalista LUCIANO ROMERO MOLINA había sido un “crimen pasional”.
Pero la presión internacional hizo investigar los hechos, evitó que se desviara la investigación y comprobó que fue un asesinato con motivaciones políticas, cometido mediante una alianza criminal de la policía secreta -DAS- que depende del despacho del Presidente Uribe Vélez, y los grupos narcoparalimitares.
A Luciano lo asesinaron por ser sindicalista y defensor de los derechos humanos. Los detectives que intervinieron en el apresamiento, tortura y asesinato de Luciano pertenecen a la unidad antisecuestro de la policía secreta.
El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, informó que ante el CTI de la Fiscalía en Valledupar se entregaron voluntariamente los funcionarios Norberto Sotomayor González y José Antonio Riaño Noriega, para responder por el asesinato de un sindicalista.
La entrega de estos dos funcionarios, adscritos a la Subdirección Antisecuestro del DAS, se hizo luego de que la Fiscalía 34 profiriera una orden de captura contra ellos para ser escuchados en indagatoria.
Según las investigaciones, los dos funcionarios habrían sido responsables del homicidio del ciudadano Luciano Enrique Romero Molina, dirigente de Sinaltrainal, ocurrido en septiembre de 2005 en la ciudad de Valledupar.
Los detectives “se presentaron de manera voluntaria” ante la fiscalía y quedaron en condición de detenidos en esa ciudad, que es la capital del Cesar, departamento ubicado en la frontera nordeste con Venezuela.
El DAS indicó que “prestará toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes, con el fin de que se esclarezcan a la mayor brevedad de tiempo estos hechos, dentro del respeto al debido proceso y el derecho a la defensa”.
En su momento, la organización sindical advirtió de que Romero había sido “encontrado amarrado, torturado y en su cuerpo presentaba 46 cuchilladas”.
El sindicalista gestionaba por la vía judicial su reintegro al trabajo a la planta de la multinacional Nestlé en Valledupar y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aún cuando el Juez 2 Penal del Circuito especializado de descongestión OIT ordenó la investigación de los directivos de la multinacional NESTLE – CICOLAC , no existen mayores avances en este sentido a pesar que en la diligencia de versión libre del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, realizada el jueves 17 de mayo de 2007, el jefe extraditado informa “Estos son por sectores con las respectivas empresas que le prestaban financiación a las AUC: Lecheros COLEGAN, CICOLAC Y PROLECHE”.
Exigimos que todos los responsables, por acción u omisión, que los beneficiarios y determinadores de este crimen sean sancionados ejemplarmente.
Las evidencias demuestran que el asesinato de Luciano Romero es un crimen de Estado.
Apelamos a la solidaridad de todas las organizaciones de derechos humanos para exigir una justicia total, que no se quede sólo en la condena y castigo de los autores materiales de este Crimen de Lesa Humanidad sino también que alcance a todos los autores intelectuales, incluidos a los miembros del Gobierno y de las empresas privadas que lo prepararon y se beneficiaron del mismo.
