Antecedentes
1. La Marcha Patriótica ha sido un proceso convocado y alimentado por organizaciones sociales, populares, estudiantiles, sindicales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, de mujeres, de trabajadores, desempleados, jornaleros, vendedores ambulantes, defensores de Derechos Humanos, etc.
2. La presencia de diversos actores con proyectos de nación diferentes e intereses bien definidos, ha configurado al Conflicto Social y Armado como parte determinante del contexto histórico colombiano, dicha situación tiene como consecuencia las múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos a las comunidades indígenas y campesinas del bajo Guaviare.
3. Desde el año 2010 en el marco del Bicentenario de la lucha independentista en Colombia, distintas organizaciones populares del departamento del Guaviare y diversos sectores sociales convocan a la Marcha Patriótica Cabildo Abierto por la Segunda y Definitiva Independencia, hoy Movimiento Político y Social Marcha Patriótica que propende por la unidad del pueblo colombiano en la búsqueda de la paz con justicia social.
4. Desde las Juntas de acción comunal en las veredas de la región del bajo Guaviare se impulsa la organización de las comunidades campesinas para resistir en el territorio previniendo con ello el desplazamiento forzado y propendiendo por el mejoramiento colectivo de las condiciones de vida y la autogestión de recursos necesarios para el bienestar de las mismas, espacios que son señalados y estigmatizados por la fuerza pública de manera constante. Situación que ha constituido una serie de hostigamientos, empadronamientos, amenazas y demás acciones violatorias de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública y fuerzas paramilitares en la región del bajo Guaviare.
Hechos
El día 9 de septiembre del año en curso a las 10:00am, el señor Duberney Bohórquez Beltrán de 32 años de edad quien se ocupa en las labores agropecuarias y residente en la vereda Pipiral, en donde se desempeña como líder de la comunidad y como presidente de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda, quien se desplazaba en compañía de su hermano Alquiber Beltrán Bohórquez, hacia el centro poblado de Puerto Alvira, departamento del Meta, donde fue abordado por militares de la Infantería de Marina en un reten militar sin ningún tipo de señalización, ni personal militar claramente identificado, quienes detuvieron, interrogaron, empadronaron y tomaron fotografías a los hermanos Beltrán Bohórquez, señalándolos de guerrilleros de las Farc “ que participaron en la toma guerrillera de la base de Mitú y Miraflores” argumentando como prueba el testimonio de un supuesto desmovilizado que decía conocer a los hermanos Beltrán según versión de los militares, quienes retuvieron ilegalmente a los dos agricultores durante aproximadamente una hora y quienes tomaron registros fotográficos y ubicación exacta de residencia de los campesinos.
Además del empadronamiento los agricultores fueron víctimas de estigmatización, torturas psicológicas, hostigamiento, detención arbitraria e intimidación por parte de miembros de la infantería de marina, quienes se desplazaban en el Buque de la armada en la fecha y el lugar mencionado sobre el rio Guaviare, generando temor sobre los señores Beltrán Bohórquez y en general al conjunto de la comunidad. Violando de manera flagrante los Derechos Humanos e infracción del Derecho Internacional Humanitario
EXIGIMOS
1. Al Gobierno local y nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinde garantías y efectividad de los Derechos Humanos, el Derecho a la Vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la organización, la libre movilidad, la honra, reputación y demás derechos que están siendo vulnerados por parte de tropas de la infantería de marina en la región de los ríos Guayabero y Guaviare y en este caso en particular a los señores Duberney Bohórquez Beltrán y su hermano Alquiber Beltrán Bohórquez.
2. A las autoridades pertinentes defensoría del pueblo para que de acuerdo con sus competencias intervengan ante quien tenga facultades para que hechos como estos no continúen sucediendo y se proceda a realizar las correspondientes investigaciones tanto disciplinarias como penales y de llegarse a comprobar que los servidores públicos han incurrido en una conducta punible en los presuntos de usurpación de funciones, abuso de autoridad por carecer de competencias sean de manera ejemplar sancionados de acuerdo con la normativa.
3. A la Procuraduría General de la Nación dentro de sus competencias investigue disciplinariamente a los servidores públicos que participaron en los hechos y que posiblemente han incurrido en una conducta punible en los presuntos de usurpación de funciones, abuso de autoridad por ejercer funciones de Policía Judicial cuando carecen de esa competencia, sean de manera ejemplar sancionados de acuerdo con la normativa.
4. A la Fiscalía, se investigue de manera penal a los servidores públicos que participaron en los hechos y que posiblemente han incurrido en una conducta punible en los presuntos de usurpación de funciones, abuso de autoridad por ejercer funciones de Policía Judicial cuando carecen de esa competencia, sean de manera ejemplar sancionados de acuerdo con la normativa.
5. Exigimos una vez más al Gobierno Nacional, se brinden las garantías para que todas las organizaciones y miembros del proceso de la Marcha Patriótica puedan seguir realizando su trabajo, en el marco del cumplimiento del Artículo 107 de la Constitución Política Nacional de Colombia de 1991, en el que“Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. (…)Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. (…) También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos”.
Solicitamos
1. A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano.
2. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento y atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales, políticos, organizaciones populares y las comunidades que trabajan en la construcción del proceso de Marcha Patriótica.
3. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos se pronuncien frente al hecho a que hace referencia esta denuncia.
Responsabilizamos
Al Estado Colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación del Departamento del Meta y Guaviare en Cabeza de Alan Jara Urzola y José Octaviano Rivera Moncada y a los comandantes de las fuerzas militares adscritas a la Brigada 22 de Selva del departamento del Guaviare San José del Guaviare y la infantería de marina, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por parte de: fuerzas armadas y el Estado Colombiano.
