Hacia finales del mes de enero personas de civil llegaron a la zona en un helicóptero militar y escoltados por militares que hacen presencia y control en este lugar adscritos a la Brigada Móvil 5, visitaron varias casas en donde habitan personas que han dado entrevista a la Fiscalía General de la Nación y son potenciales testigos de los hechos ocurridos el 2 de octubre y el 14 de octubre de 2010, en donde resultaron violadas dos niñas, por un miembro del Ejército y asesinada una de ellas junto a sus dos hermanos, en hechos que aún se investigan.
Estas personas de civil que portaban un chaleco camuflado les manifestaron a los pobladores ser de la Defensoría del Pueblo de Bogotá, negándose a exhibir identificación que los acreditara como funcionarios de esta entidad.
Seguidamente, los supuestos funcionarios de la Defensoría comenzaron a tomar testimonios exhaustivos e incisivos sobre lo que sabían acerca de la violación de Jenny y su posterior asesinato junto a sus hermanos Jimmy y Jefferson, todos menores de edad. Estos interrogatorios fueron recolectados algunos a través de grabadora y otros por escrito.
Igualmente, en las entrevistas preguntaron insistentemente por una de las víctimas directas de estos hechos, la niña que denunció que fue abusada sexualmente el 2 de octubre y cuyo testimonio permitió la identificación y captura del Subteniente Raúl Muñoz, quién hoy se encuentra investigado por la Fiscalía 51 de la Unidad de Derechos Humanos.
Así mismo, los habitantes de la zona informaron que varios de los militares que controlaban la zona los días en que fueron víctimas 2 niñas y 2 niños de la comunidad en octubre de 2010, continúan haciendo presencia en las veredas, haciendo comentarios y levantando falsos testimonios acerca de los delitos contra los niños y las niñas de Tame, creando confusión en los habitantes de las comunidades afectadas.
Humanidad Vigente hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncie frente a las denuncias hechas por la comunidad de estas veredas, se hace imprescindible verificar si efectivamente correspondían a funcionarios de la Defensoría y ante eso aclarar por qué no iban plenamente identificados con su respectivo chaleco azul con los logos de la institución y por qué iban en vehículo militar y sobre todo por que se prestaron para realizar entrevistas intimidatorias a la comunidad.
En caso de que el nombre de la institución haya sido mal utilizado por militares vestidos de civil, exigimos a la Defensoría del Pueblo hacer un fuerte pronunciamiento y tomar las medidas necesarias para que
el Ejército Nacional se abstenga de realizar funciones de Policía Judicial interrogando ilegalmente a la comunidades.
Finalmente, exigimos a los demás entes de control como la Procuraduría y la Fiscalía, así como a la comunidad internacional, medios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos y opinión publica en general, adelantar las investigaciones y pronunciamientos pertinentes para evitar que los campesinos y campesinas de las veredas de Tame sigan siendo víctimas de abusos por parte de las instituciones del Estado, principalmente de las Fuerzas Armadas.
