HECHOS
En la sede central de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, el día 30 de julio del año 2011 a las 8:35 am se recibió una llamada amenazante donde una mujer que no se identificó le indica a la secretaria general que le comunique con su jefe. Ante la solicitud de identificación, la mujer contesta: “vea señorita le quedan 24 hora para desocupar todas las sedes, de lo contrario aténganse a las consecuencias”.
Esta amenaza se suma a las amenazas proferidas contra líderes indígenas y sociales. Sólo en 2011 han circulado cinco panfletos, tres de ellos se los atribuyen los grupos auto denominados “Auto Defensas Unidas Bloque Central” y “Águilas Negras” y dos no tienen hasta el momento autor conocido.
Estas acciones intimidatorias son la respuesta de quienes no respetan la autonomía indígena y quieren impedir que en el norte del Cauca y en Colombia se vislumbre la paz; las autoridades indígenas han sido enfáticas: cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.
ANTECEDENTES
Durante el año 2011 las personas y los territorios indígenas del norte del Cauca han sido objeto de agresión permanente: se han presentado 13 homicidios, tres de ellos de contra mujeres; un accidente por munición sin explotar, cinco amenazas individuales, tres amenazas colectivas, un atentado, 137 heridos de los cuales 24 son menores de edad, así como 773 daños en bienes civiles. La mayoría de ataques se han concentrado en Toribío, Jambaló, Corinto y Caloto. A pesar de los llamados reiterados de las organizaciones sociales a los actores armados sobre la necesidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario y la señalización de bienes civiles como escuelas, centros médicos, casas de habitación y Sitios de Asamblea Permanente con símbolos humanitarios, la insurgencia y la fuerza pública desconocen dichos símbolos.
A lo anterior se suman los señalamientos contra la comunidad indígena por parte de altos funcionarios de la fuerza pública en medios de comunicación de circulación nacional: “Ahora es normal que minutos después de que se hace una operación contra las FARC, indígenas (entre niños y mujeres embarazadas) llegan con banderitas blancas pidiendo el alto de la operación, pero la verdad es que son enviados por la misma guerrilla para lograr huir y evadir los controles”. Periódico El Tiempo, marzo 28 de 2011.
Han sido especialmente difíciles los hechos ocurridos el día 26 de marzo del año 2011, en el resguardo indígena de Tacueyó municipio de Toribio, donde fuerzas del Comando Conjunto Pacífico bombardearon indiscriminadamente un supuesto sitio de entrenamiento móvil del Sexto Frente de las FARC. Resultaron 16 indígenas muertos, la mayoría de ellos jóvenes y al menos cuatro de ellos menores de edad; así mismo dos civiles que entraron a buscar a sus familiares en momentos que el área era completamente controlada por el Ejército Nacional fueron asesinados con tiros de gracia y presentados como muertos durante el operativo.
Así mismo, el ataque de la insurgencia al casco urbano de Toribío el 9 de julio de 2010 donde a través de un carro bomba destruyó gran parte de las casas de habitación y locales comerciales del municipio, afectando también otras edificaciones como la iglesia, la casa cural, la alcaldía, la registraduría y la institucionalidad indígena; el proyecto nasa, la emisora radio nasa, la sede del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué, entre otros han dejado múltiples víctimas civiles y daños materiales; tres muertos, 128 heridos, 100 casas completamente destruidas y 347 parcialmente destruidas.
Por todo lo anterior, recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae sobre el Estado colombiano —de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y convenios internacionales— al ser e Estado el responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser quien adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida se presenten actos violentos contra la sociedad civil.
De acuerdo a lo anterior, EXIGIMOS:
A las autoridades civiles del orden nacional a entrar en contacto inmediato con la ACIN con el objeto de prestar todas las medidas de protección pertinentes a las autoridades indígenas, a los líderes, a las personas que pertenecen a los diferentes programas y tejidos de vida de la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca ACIN, así como a sus sedes.
Reiteramos a la Fiscalía General de la Nación la urgente necesidad de mostrar resultados de las investigaciones por las amenazas, y ataques de las que ha sido objeto la ACIN desde el año 2005.
A todos los actores armados abstenerse de atentar contra la población civil y respetarla, especialmente a las autoridades indígenas que son autoridades constitucionalmente reconocidas, a los líderes y lideresas indígenas en su calidad de Defensores de Derechos Humanos y a todas las personas indígenas, mestizas, afro descendientes y campesinas que integran la organización y habitan en el territorio del norte del Cauca.
SOLICITAMOS:
Al Sistema de Naciones Unidas a desplegar todas las herramientas a su disposición para apoyar en función de la garantía de la protección de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca ACIN-.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos extender las medidas cautelares sobre el conjunto del personal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
A la comunidad internacional, a las organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos y paz, que se pronuncien públicamente sobre estos hechos.
