En el 2009 el DANE registró una tasa de trabajo infantil de 9.2%, que representó un aumento en 2.3 puntos porcentuales con respecto al 2007, año en el que la tasa fue de 6.9%. Esto representa 1´050.147 de personas entre 5 y 17 años de edad que trabajaban, además de los 799.916 niños y niñas que se dedicaban a oficios del hogar por más de 15 horas a la semana, para un total de 1´850.063 niños y niñas trabajadores en el país.
Pero esta situación no es sorpresiva. Las precarias condiciones laborales de los trabajadores colombianos tienen como efecto directo el aumento de la pobreza, con efectos colaterales como el aumento de los niños y niñas que ingresan al mercado laboral en búsqueda de ingresos para ayudar al sostenimiento de sus hogares, en oficios para los que, por su corta edad, no tienen condiciones físicas ni psicosociales.
En el año 2009 había cerca de 20 millones de colombianos en la pobreza, con mayor acento en la zona rural, donde el 64% de la población estaba en la línea de pobreza. Y como correlato de esta situación, el trabajo infantil en el área rural llega al 15,9%, superior en 5 puntos porcentuales a la tasa registrada en 2007.
La situación del mercado laboral colombiano en el 2009 se caracterizó por el aumento en la ocupación, pero en circunstancias informales, como el cuentapropia (el 42% de los ocupados). A la vez se presentó un crecimiento en la población económicamente activa, lo que produjo una expansión en la oferta laboral, mayor a los puestos de trabajo disponibles, lo que se tradujo en un aumento del desempleo y la informalidad (58%). Ambas condiciones son relacionadas con el trabajo de niños y niñas.
El aumento en la tasa de trabajo infantil lo que muestra es que las pérdidas de ingresos impulsaron a otros miembros de las familias afectadas (niños, niñas y jóvenes) a ofrecerse en el mercado laboral y así contribuir al ingreso del hogar. La principal razón por la que trabajaron los niños, niñas y adolescentes en el 2009, con el 36.1%, fue “debe de participar en la actividad económica de la familia”. Esto explica la mayor presencia de la población infantil en posiciones ocupacional de la categoría “trabajador familiar sin remuneración”, al pasar de una tasa de 33% en 2007, a una del 49.5% en 2009.
La legislación existente prohíbe el trabajo infantil en las empresas formales, pero la informalidad se ha convertido en un escenario desregularizado y de nula vigilancia, por lo que es en este sector donde se desarrolla la mayor parte de la explotación laboral de la infancia. Es una de las pocas opciones laborales, no sólo para quienes son expulsados de la economía formal, sino también para los niños y niñas que, como acompañantes de sus padres o solos, tratan de aportar ingresos a sus familias.
Frente al comportamiento del fenómeno en las ciudades se puede destacar el incremento de 1.2 puntos del trabajo infantil en la cabecera municipal, con 6.6% con respecto al 2007. Las ciudades donde tuvo más incidencia el trabajo infantil fueron Montería (12,9%) y Bucaramanga (12,1%) La primera tiene altas tasas de desempleo e informalidad, la segunda sí sorprende, pues venía presentando reducciones en dichos indicadores. Las ciudades con menores tasas fueron Cartagena y Bogotá. La primera deja interrogantes ante la baja en el indicador (0,9%), una ciudad con una gran problemática de explotación sexual comercial infantil, que tiene como únicos datos formales la denuncia de 400 casos ante la Fiscalía. Y Bogotá con una tasa de 2,8% donde era posible esta reducción por las políticas sociales con énfasis en la gratuidad de la educación, la cobertura y acceso a derechos básicos de los niños y niñas.
Para el caso particular de Medellín, el trabajo infantil aumentó en 2.2 puntos, al pasar de 4.1% en 2007 a 6.3% en 2009. Esto significa 43.160 niños y niñas trabajadores, 14.509 más que en 2007. Una ciudad que invierte un monto importante en recursos para políticas de niñez, la pregunta es entonces por la eficiencia de las mismas.
Otro dato importante es que a nivel nacional el 14,7% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajaron, no estaba afiliado a seguridad social en salud (15,5% de los hombres y 12,8% de las mujeres), y el 78% estaba afiliado al régimen subsidiado. Este último dato se resalta por ser la población objetivo del Programa Familias en Acción que pretende reducir las tasas de trabajo infantil.
En cuanto a las ramas de actividad económica en la cual trabajaban los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, la agricultura fue la que registró la mayor participación, con un 37,3%, porcentaje que se explica en su mayoría por la participación de los niños, niñas y adolescentes en el área rural (69,7%). El comercio, con el 30,5%, se ubica en el segundo lugar, y la industria fue la tercera rama de actividad con la mayor participación de niños, niñas y adolescentes ocupados (13,6%)
Al considerar la cantidad de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que realizan oficios del hogar, se debe tener en cuenta que es una situación afectada por la estructura de la población, los patrones culturales que rigen la formas de convivencia, los hábitos tradicionales por los que las mujeres tienden a concentrar estas tareas y delegarlas a las personas más jóvenes del hogar.
El 11,6% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años realizaban oficios del hogar 15 horas o más. Por sexo, se observó una diferencia de 12,4 puntos porcentuales en contra de las mujeres, para quienes la participación fue 17,4% en la realización de los oficios del hogar 15 horas o más a la semana, mientras que para los hombres esta participación fue 5,0%.
Ante este panorama se genera la pregunta por la efectividad de la actual política nacional de erradicación de trabajo infantil, sustentada principalmente en el programa Familias en Acción, que condiciona la entrega de subsidios la no participación en trabajo infantil. Estos programas carecen de políticas económicas y de trabajo decente que articulen diversos sectores públicos y privados en la intervención de la problemática con las cuales se generen ingresos suficientes para cubrir las necesidades de las familias, además de un real acceso a los derechos sociales y económicos tanto de los niños y niñas como de sus familias.
