Precisamente, en la declaración final del evento, los familiares de las víctimas dieron a conocer que la diferencia de cifras reportadas por Registro Nacional de Desaparecidos, la Unidad de Justicia y Paz y la Unidad de Desapariciones Forzadas de la Fiscalía General, no concuerdan, y que el sub registro que se presenta en las cifras dadas, es producto de “la intimidación y terror que viven las regiones, la presencia de los victimarios en los lugares de ocurrencia de los hechos y la ausencia de investigaciones serias sobre las amenazas y el abandono humanitario en que viven las familias afectadas”
A esta situación, se le suma – manifestaron los familiares – el alto grado de impunidad que rodean el 99% de los casos reportados y el total estado de indefensión en que se encuentran las familias de los desaparecidos, a quienes se les sigue denegando el derecho a la búsqueda de sus seres queridos y al esclarecimiento de su paradero, su identificación y la entrega digna de sus restos.
Durante el evento que contó además con la presencia del director de la Organización Mundial contra la Tortura, Erick Sotas, los familiares hicieron un llamado al presidente Juan Manuel Santos, para que firme con carácter urgente la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que fue aprobado por el congreso, el pasado mes de octubre.
Las víctimas, provenientes de varios departamentos del país, igualmente, manifestaron su desacuerdo con la Ley de Víctimas que actualmente cursa en el Congreso de la República, sobre la cual, revelaron, invisibiliza el delito de desaparición forzada.
Sobre el mismo tema, rechazaron en su declaración final, que los parlamentarios hayan “reemplazado la Comisión de la Verdad encargada de documentar y presentar un informe sobre los patrones de graves violaciones de los derechos humanos, por una nueva ley de privilegios a desmovilizados –ley de justicia transicional- que brinda nuevos beneficios a grupos paramilitares autores de desapariciones forzadas”
Para ellas, el “Contrato de Transacción” exigido a las víctimas en esta ley, es inaceptable y contrario a la ética y a la moral porque mercantiliza el dolor de los familiares de los desaparecidos y viola los tratados internacionales al coaccionar a las víctimas y cerrar la reparación por la vía judicial, donde los autores responden por el daño causado.
Finalmente, los familiares de las víctimas de desaparición forzada, reclamaron al presidente de la República, al Ministro del Interior, a la Fiscalía General de la Nación, y a la directora de la Unidad de Desaparición forzada, se esclarezca la situación de las personas, mal llamadas N.N., que se encuentran en fosas individuales, múltiples o comunes.
Adjuntamos la declaración final sobre el tema, emitida en el cierre del seminario.
