Las familias de los presos de Valledupar han exigido, frente al Palacio de Justicia del Centro Administrativo La Alpujarra, que vuelvan a trasladarlos a Medellín, donde puedan tener contacto permanente con ellos, y el cierre inmediato de la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar.
Cuatrocientas personas que hoy se encuentran en La Tramacúa son de Medellín, y no han recibido visitas desde su traslado a Valledupar porque sus familias no tienen recursos para viajar a visitarlos. De modo que no sólo viven encerrados, sino aislados.
A falta de agua, los presos de Valledupar emprenden “una guerra de mierda”
En ella hay cerca de 1600 hombres, distribuidos en ocho torres de cinco pisos cada uno. La novena torre era utilizada para recluir mujeres, pero mediante una campaña impulsada por las internas y varias organizaciones sociales nacionales e internacionales, lograron que la Defensoría del Pueblo resolviera cerrarla, el 26 de marzo de 2010.
Pese a que la temperatura oscila entre los 35 y 40º C, los presos sólo tienen acceso a agua potable durante 15 minutos al día y el servicio no está garantizado en las celdas, duchas y depósitos sanitarios. Desde hace un mes, sólo tienen cinco minutos de agua al día.
A ello se suma que el agua “sólo llega a los dos primeros pisos de cada torre. Entonces son doscientos detenidos recogiendo agua para todo el día en 15 minutos, para bañarse, para beber, en fin”, afirma Leyder Humberto Perdomo, abogado de la Fundación de Solidaridad con los Presos Políticos, y agrega: “el asunto del agua conlleva una cantidad de problemáticas: la sed, las enfermedades, la salubridad. La gente tiene que hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas y luego las tiran al otro patio, entonces eso es literalmente una guePasillorra de mierda”.
No obstante La Tramacúa tampoco cuenta con infraestructura para atender casos delicados de salud, a ella se han transferido algunos presos que, por la complejidad de sus problemas, así lo requieren. Además no tiene un sistema de atención psiquiátrica, indispensable para tratar a personas que son sometidos a largos periodos de encierro. Ello se ha traducido en cuatro suicidios en los últimos dos años.
Esta situación se ve agravada por las constantes violaciones a los Derechos Humanos de los presos, quienes son sometidos a golpizas, asfixia por uso de gases lacrimógenos, requisas indignantes, encierros, aislamiento prolongado, negativa al acceso a la salud, restricción al derecho al agua, incomunicación, amenazas a internos y presos que se han constituido como defensores de Derechos Humanos.
Mientras el INPEC ha reportado 690 quejas contra funcionarios de su guardia en Valledupar, la Fiscalía General de la Nación reporta 56 denuncias penales. “Ninguno de los dos estamentos ha demostrado mayores intenciones de hacer justicia y de ofrecerle garantías a la población carcelaria, porque los responsables no reciben sanciones, además La Tramacúa tiene inmersa en su naturaleza la vulneración de quienes allí se encuentran recluidos”, sostiene el abogado.
Más de una década de torturas en La Tramacúa
BaoLa Tramacúa fue, en sus inicios, un establecimiento de alta seguridad para recluir a personas consideradas altamente peligrosas. Posteriormente, en 2003, pasó a ser un centro penitenciario de alta y mediana seguridad, recibiendo a sindicados y condenados de cualquier perfil. No obstante, las restricciones a las que son sometidas los presos no discriminan entre unos delincuentes y otros, a todos se les trata con la misma dureza.
A lo largo de los años, la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar se ha convertido en un ícono para todo el país por las extremas condiciones de vida, la falta de atención a las necesidades básicas de los detenidos, las mayores restricciones a sus derechos, y la falta de estudio, trabajo y recreación.
Allí son trasladados los presos “más peligrosos” o, en otros términos, los más problemáticos, los que exigen que se les garanticen condiciones dignas de reclusión, los que protestan frente a los abusos y los excesos de la guardia, los que se organizan alrededor de la defensa de los Derechos Humanos de los detenidos.
Tanto los detenidos en Valledupar como sus familiares en el resto del país vienen exigiendo la repatriación, el retorno a sus tierras de origen, como primera medida. Pero la lucha que están dando es por el cierre definitivo de La Tramacúa.
