El compañero Luciano Enrique fue torturado y asesinado de 50 puñaladas por paramilitares y su cuerpo encontrado el 11 de septiembre de 2005 detrás de una base militar en Valledupar.
En Colombia hay investigaciones en curso y se están realizando procesos contra miembros del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y paramilitares. En una sentencia, el Juez Nirio Sánchez insistió a la Fiscalía para que investigara el papel de la empresa, pero desde el 2007 están paralizadas.
Como estas investigaciones no abordan la posible responsabilidad penal de los actores en Suiza, hemos instaurado una querella ante las autoridades suizas para que investiguen.
El 5 de marzo de 2012, el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y Sinaltrainal, ambos representados por los abogados de Zurich, Bosonnet y Wick, presentamos ante la Fiscalía de Zug una querella contra Nestlé S.A. y varios de sus ejecutivos. El ECCHR es una organización defensora de derechos humanos, con sede en Berlín, Alemania.
A los acusados se les recrimina la participación en homicidio por omisión imprudente, puesto que debían haber impedido la realización del crimen.
La muerte de Luciano se produjo en el contexto de un conflicto armado en el que los sindicalistas y otros grupos sociales somos sistemáticamente perseguidos.
Antes de su homicidio, Luciano había sido acusado falsamente por representantes de Nestlé en Colombia de pertenecer a la guerrilla. En el contexto del conflicto armado colombiano, tales difamaciones suponen una sentencia de muerte.
Además, es necesario destacar la conexión a varios niveles de la representación de Nestlé en Colombia con distintos círculos, como, por ejemplo, sus vínculos comerciales con grandes terratenientes, quienes a su vez mantuvieron relaciones con los círculos paramilitares. Sus negocios con Hernando Molina Araujo y Hugues Rodríguez, condenados a altas penas de prisión por paramilitarismo fueron evidentes.
También existen indicios de que la empresa realizó pagos a grupos paramilitares, como lo afirmara el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en declaración oficial en un proceso legal en Colombia.
La Dirección de Nestlé en Suiza conocía la conducta de riesgo adoptada por sus gerentes en Colombia, así como el gran peligro que ello suponía para las vidas de los sindicalistas afectados. Sin embargo, permanecieron inactivos al respecto, aduciendo que las cuestiones correspondientes a las situaciones de riesgo estaban delegadas a la filial colombiana.
La Fiscalía de Zug deberá ahora probar si ese comportamiento constituye un ilícito penal.
La presentación de una denuncia ante los tribunales dependerá de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía.
Independientemente del resultado de este proceso, el examen del comportamiento de Nestlé S.A. a nivel penal debe facilitar el desarrollo de estándares de derechos humanos para las empresas en regiones de conflicto armado.
Nestlé S.A. y sus funcionarios pueden rechazar las acusaciones contenidas en la querella, pero no cabe la menor duda, que es competencia de la justicia decidir sobre la queja, que no está soportada en falsas acusaciones, sino en evidencias.
Si desean tener una mayor información sobre la querella los invitamos a visitar nuestra web. www.sinaltrainal.org , [[“Caso Nestlé: Querella por Homicidio de un sindicalista colombiano”.]]
